IU y PP pactan y votan la tercera reforma de la renta básica
Por tercera vez en 16 meses, la normativa para pagar la renta básica cambia, y esta vez en medio de acusaciones directas entre los partidos políticos de Extremadura, de la utilización del asunto para sacar votos. El “decretazo” aprobado unilateralmente por el PP en agosto pasado, se ha transformado en un proyecto de ley apoyado hoy en el pleno de la Asamblea de Extremadura sólo por ese partido y por IU (35 diputados), frente al rechazo (30) de PSOE y los regionalistas de Prex-Crex.
Esa paga social está destinada a quienes no tienen prestaciones por desempleo, ni ninguna otra ayuda económica asistencial, para que puedan mantener unos niveles mínimos de dignidad vital, algo que reclaman 22.000 familias que son las que han presentado hasta ahora solicitud de renta básica.
El cambio principal es que ya no se podrá pedir de manera permanente, sino que queda sujeta a que la Junta de Extremadura saque convocatorias; según la reforma aprobada hoy, habrá cuatro convocatorias trimestrales cada año, de las cuales durante ocho meses en total la ventanilla estará abierta, y otros cuatro cerrada.
El decreto ley de la Junta de agosto era tan restrictivo --y al final se va a mantener en vigor durante al menos 30 días-- que el PP ha tenido que ceder y apoyar hoy 23 enmiendas de IU, unos cambios que, acusan PSOE y regionalistas, estaban previamente pactados, con lo cual esta nueva ley de renta básica tendría un padre, el PP, y una madre, IU.
“Del papel a la realidad”
Pedro Escobar, coordinador regional de IU y portavoz parlamentario, ha explicado que ellos prefieren mejorar el texto, y reprochado que lo que le interesa electoralmente al PSOE es que la renta básica siga sin funcionar. “Queremos que pase del papel a la realidad”, añade el izquierdista, que no descarta tampoco que la paga siga sin fluidez con lo cual volverían a proponer cambios dentro de seis meses.
La posición del PSOE es que entre PP e IU liquidan la renta como tal, al hacerla depender de convocatorias, y convertirla en una mera subvención, caridad según la diputada Isabel Gil Rosiña; un “uso electoral” de la miseria para aprobar unas cuantas solicitudes poco antes de las elecciones.
Las enmiendas socialistas, que suponían derogar el “decretazo” y volver a la ley de mayo pasado, no han prosperado porque las ha votado en contra PP, e IU se ha abstenido.
