Acorex trata de frenar la salida de nuevas cooperativas amenazando con hacerles pagar una elevada deuda
La “mochila” es un término que se empieza a poner muy de moda en el entorno de Acorex. Traducido al lenguaje que ahora impera en el grupo cooperativo, la mochila de la que la nueva dirección de Acorex y sus mentores hablan a menudo es la deuda que deben pagar todas y cada una de las cooperativas del grupo si descarrila el proyecto y hay que llegar al concurso de acreedores. Y esa mochila deberían pagarla, según la nueva dirección, las cooperativas que se han ido, y otras que se plantean ya el mismo camino. De fondo, planea la deuda de Acorex que curiosamente parece crecer y ya ronda oficialmente los 19 millones de euros.
Ese es el mensaje del miedo que el nuevo equipo de dirección ha mandado a los socios en la asamblea general de la pasada semana. El nuevo triunvirato dirigente está formado por el director general Antonio Barral (sancionado por el banco de España por prácticas muy graves, según ha desvelado el diarioex), el director financiero Luis Gómez, con 30 años de antigüedad en el cargo, y José María Monteagudo, el cerebro del grupo en estos momentos.
El mensaje del miedo no solo está dirigido a las tres grandes cooperativas que han decidido abandonar el grupo (San Isidro de Miajadas, Santa Amalia, y Granja de Torrehermosa), sino también a otras más pequeñas que empiezan a plantearse la conveniencia de dejar ese barco con demasiadas bamboleos políticos.
Despidos de personal
Pero las grandes cooperativas que han dicho adiós no están de acuerdo en absoluto con la teoría de la nueva dirección de compartir pérdidas. En su criterio, el grueso de las deudas que presenta Acorex no son pérdidas por su actividad cooperativizada sino que son una consecuencia de una mala gestión directiva por sus participaciones financieras en Tomcoex, Acosierra, Cepa…, sociedades que no son cooperativas.
Mientras ese debate sobre el importe de la deuda y la responsabilidad de la misma está abierto, algunas de las cooperativas que siguen integradas en el grupo han vuelto a plantear abiertamente la posibilidad de una fusión con el grupo andaluz Dcoop, acuerdo que fue vetado políticamente por decisión de la Junta. Entre las razones que argumentan los partidarios de retomar la negociación con Dcoop está la falta de un plan de viabilidad en firme.
Además de evitar la salida de nuevas cooperativas y hacer otro internto para que vuelvan las que se maqrcharon, el otro camino que ha tomnado el equipo dirigente para buscar la viabilidad económica es despedir trabajadores. La dirección ya trabaja en un ERE y la reducción podría llegar casi a un 40%. Pero para sacar adelante ese plan hace falta liquidez y Acorex no tiene ahora fondos para pagar indemnizaciones a los despedidos.
En la reciente asamblea, la nueva dirección ha anunciado que está negociando una renegociación de la deuda con un pool bancario, pero en el fondo es el mismo anuncio que vienen escuchando los cooperativistas desde hace meses. Y hay otro hándicap de fondo: la Junta ya no puede poner más dinero en el grupo porque ha recibido avisos de autoridades europeas en ese sentido.
En poco más de una semana, la dirección de Acorex volverá a convocar a sus socios para explicarles si ha firmado con la banca una renegociación de la deuda, para hablar de los despedidos y, sobre todo, para explicarles quién y cómo la va a pagar los platos rotos de la mala gestión.
