¿Por qué el campo lleva 12 años sin elecciones… y el anuncio de consultas molesta a los afectados?
El sector agrario extremeño sigue teniendo un peso notable en la economía regional (en torno al 6,8% del VAB) y en el empleo (en torno al 6%). También atraviesa profundas transformaciones tecnológicas y económicas, en otras la creación de un movimiento cooperativo que ha transformado la fisonomía agraria en las tres últimas décadas.
Pero el campo sigue teniendo sus rarezas. Por ejemplo, hace 12 años que no se convocan elecciones agrarias. Y hasta la fecha, sin visibles muestras de contrariedad por parte de las organizaciones agrarias, ni de los partidos. Ni en Extremadura, ni a nivel nacional que están en la misma situación. Que conste.
Ahora, la nueva Ley Agraria recién aprobada por la Asamblea, con el voto favorable del PP, la abstención de IU y regionalistas y la negativa del PSOE, establece la obligatoriedad de que haya elecciones al campo antes de un año. Pero esa norma que ha causado división en la Asamblea provoca un rechazo casi unánime entre la mayor parte de las organizaciones agrarias.
La nueva Ley establece elecciones al campo cada cinco años, cuando se celebren también a nivel nacional y amplía el derecho a voto a perceptores de ayudas de la PAC por encima de 5.000 euros/año.
En la mayor de las organizaciones agrarias no ha sentado bien la propuesta.
¿Por qué esa alergia al voto? Algunas nuevas organizaciones agrarias como La Unión argumentan que las grandes organizaciones agrarias están muy tranquilas con esta situación y así pueden recibir en torno a un millón de euros anuales de la Junta, vía ayudas a las organizaciones agrarias y cursos de formación. “Es una vergüenza que llevemos doces años sin tener elecciones; es vergonzoso que esto pase en un país democrático. Ninguno de los líderes que se presentaron a las elecciones de 2002 sigue en su cargo”, señala Florentina Mirón, secretaria general de La Unión.
Alejados de ese análisis como de la peste, las otras organizaciones agrarias reclaman procesos electorales para conocer la representatividad en el campo, pero dudan mucho de que la nueva Ley Agraria aprobada por la Junta sirva para llevar a cabo esas elecciones en condiciones dignas de tal nombre.
“Lo que se ha aprobado en esa ley no se puede llamar elecciones, es apenas una consulta sin ninguna garantía democrática”, sostiene Juan Moreno, desde la organización agraria Coag.
La llamada a las urnas que fija la nueva Ley Agraria es un corta y pega de una propuesta que hizo el ex ministro de Agricultura Arias Cañete y que luego guardó en el cajón de los papeles dormidos, antes de irse a Bruselas. Y que su sucesora tampoco tiene mucho interés en sacar a flote.
Ignacio Huertas, secretario regional de UPA –UCE insiste en que el campo quiere elecciones “pero no consultas sin garantías democráticas para que voten personas y empresas ajenas al sector agrario”. Según el secretario general de UPA-UCE, es necesario configurar un proceso electoral transparente y basado en la Ley Electoral, con un censo en el que participen los verdaderos profesionales de la agricultura y la ganadería: “No es de recibo que el futuro del sector agrario lo decidan personas que nada tienen que ver con el campo”, en referencia a que con esta consulta se abre la puerta a que constructoras o abogados puedan participar en las votaciones, basta que reciban más de 5.000 euros/año en ayudas de la PAC.
De manera que después de 12 años sin elecciones, en el tramo final de una legislatura, un partido en minoría saca por los pelos una consulta que no convence ni siquiera a los que tienen que votar. Rarezas de campo. Tal vez. Y rarezas de la política. También.
