Los exconcejales de urbanismo de Plasencia declaran que ordenar derribos no era competencia suya
Los exconcejales de Urbanismo de Plasencia Mónica García y Francisco Barbancho, que este martes han declarado ante la juez que investiga posibles ilegalidades urbanísticas entre 2006 y 2011, han afirmado que, entre sus competencias, no figuraba la de incoar ni resolver expedientes urbanísticos.
Así lo ha trasladado a los medios de comunicación el abogado de Mónica García, Estanislao Martín, quien ha explicado que en el marco de las diligencias previas está el conocer si los concejales de Urbanismo tenían atribuciones para incoar expedientes urbanísticos y sancionadores y si, dentro de sus competencias, podían resolverlos.
“Interesa mucho a la investigación saber de quién era la competencia para ordenar las demoliciones de viviendas construidas ilegalmente, quién debería haber llevado a cabo éstas y en qué circunstancias se encontraba el Ayuntamiento para poder actuar en este sentido”, ha explicado Martín.
El abogado defensor ha subrayado que, tras la declaración de los dos exconcejales, “ha quedado claro que entre sus funciones no se encontraba la incoación de expedientes urbanísticos ni tampoco la resolución de los mismos”, circunstancia que, según, Martín, también ha sido acreditada en las certificaciones emitidas por el secretario municipal.
El policía local de atestados
“Esto ha quedado claro también en cuanto a la declaración del Policía Local encargado de poner en conocimiento del Ayuntamiento las infracciones urbanísticas, ya que éste ha declarado que siempre daba parte a la oficina urbanística municipal y nunca al concejal delegado”.
La investigación abierta por el juzgado, que arranca a raíz de una denuncia elevada por un particular a la Fiscalía, está en fase de instrucción y figuraban inicialmente como investigados la exalcaldesa Elia María Blanco y los tres ediles que fueron responsables de Urbanismo suyos: la ahora diputada de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, Mónica García y Francisco Barbancho, pero la juez tuvo que inhibirse en el caso de Domínguez por estar aforada.
La fiscal del caso pidió también tácitamente que se investigara al actual alcalde Fernando Pizarro y otros dos concejales de urbanismo, pero el juez no lo ha estimado.
Las pesquisas hacen referencia a posibles construcciones ilegales en la sierra de Santa Bárbara y la no ejecución de procedimientos de demolición de obras en suelos no urbanizables.
A juicio de Martín, de lo que se trata ahora “es de investigar a quién le correspondían todas estas decisiones”.
Por último, el letrado ha subrayado que, en su opinión, el Ayuntamiento de Plasencia “ha actuado correctamente, ya que ha incoado los expedientes, se ha ordenado la paralización de obras, y hay orden de demolición, y hasta ahí es lo que puede hacer un alcalde”.
Previamente a las declaraciones realizadas hoy, había declarado en calidad de investigada la que fuera alcaldesa en el citado periodo, Elia Blanco Barbero, y en calidad de testigos lo han hecho el secretario de la corporación municipal, el letrado del consistorio en materia de Urbanismo y el arquitecto técnico municipal.
