Tres ejemplos de qué significa para el Gobierno de Rajoy «despolitizar la justicia» y «respetar la independencia judicial».
1.-La Fiscalía de la Audiencia Nacional guardó en un cajón 48 horas la primera orden de detención internacional contra torturadores franquistas. La petición argentina llegó a la fiscalía el viernes 20 de septiembre, pero el fiscal decidió esperar hasta el lunes para pasársela al juez de guardia. ¿La razón? Que el viernes estaba de guardia el juez Fernando Andreu, pero el lunes, a partir de las ocho de la mañana, le tocaba a Pablo Ruz. El oportuno retraso impidió así que este espinoso asunto acabase en manos de un juez, Andreu, que ya se ha atrevido a investigar el genocidio de Ruanda o el bombardeo de Gaza. En este tema, como en el de los papeles de Bárcenas, la fiscalía y el Gobierno sin duda prefieren al cómodo Ruz. Les ha ido bien. En manos de Ruz, el caso de las torturas franquistas probablemente no prosperará. En manos de Andreu, podría haber sido investigado porque los crímenes contra la humanidad no prescriben, a pesar de esa amnistía que en otros países llamaron ley de punto final.
2.-La Fiscalía Anticorrupción ya se prepara para enterrar el caso Bárcenas que, según Rajoy, «no se podrá demostrar». Esta semana, el fiscal Antonio Romeral se ha opuesto a que testifiquen otros de los nombres que aparecen en los papeles de Bárcenas Rajoy, Rato o Mayor Oreja-- por la «ausencia (…) de unos hechos delictivos (…) que sustenten la continuación de la instrucción». El fiscal construye así la pista de aterrizaje para que Ruz pueda archivar el asunto en los próximos meses. Será un caso modelo: un modelo de cómo marear la perdiz y cerrar en falso una instrucción. Ruz, con el apoyo del fiscal, se ha centrado en investigar aquellas materias que no eran delito o estaban prescritas, como el delito fiscal o la financiación ilegal. Sin embargo, no ha querido saber nada de un delito mucho más grave del que sí hay evidencias y que tarda 10 años en prescribir: el cohecho. Para ello, es imprescindible analizar los contratos de los donantes del PP con los gobiernos de Aznar y ponerlos en relación con los donativos, pero ni el fiscal ni Ruz tienen muchas ganas de hurgar en ese lugar.
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