Se acaba la legislatura y llegan las generales sin noticias de la Seguridad Social y del nuevo Estatuto vasco
La legislatura estatal termina y no se ha transferido la gestión del régimen económico de la Seguridad Social al Gobierno vasco, es decir, la gestión de las pensiones. Es una competencia prevista en el Estatuto de 1979 y Pedro Sánchez acordó su traspaso en 2025 en el acuerdo de investidura con el PNV. El proceso se inició con algunos acuerdos colaterales —como los relativos al seguro escolar, las prestaciones no contributivas o la gestión del paro— y se han mantenido conversaciones todavía en 2026, pero nada hace pensar que se pueda resolver antes de las elecciones.
El entonces presidente del PNV, Andoni Ortuzar, acompañado de Aitor Esteban, suscribió con el propio Sánchez y con María Jesús Montero el documento en noviembre de 2023, hace justamente ahora tres años. Allí se podía leer que “en el plazo improrrogable” de dos años, que siempre se interpretó como antes del 31 de diciembre de 2025, se tendría que “culminar” el Estatuto con todas las materias pendientes.
En estos años, se han producido traspasos de relevancia, sí. Por ejemplo, desde el 1 de enero de 2025 las Cercanías de Renfe son gestionadas por el Gobierno autonómico, que ha creado la marca Lottu, el equivalente a Rodalies en Catalunya. También ha habido acuerdos sobre Salvamento Marítimo, Costas y otras materias. En el verano de 2025, en un cumbre en La Moncloa, Sánchez y el lehendakari, Imanol Pradales, dieron los primeros pasos para el traspaso de la Seguridad Social desbloqueando las materias relacionadas e iniciando grupos de trabajo para las pensiones.
Pero desde ese momento los plazos empezaron a estirarse y la sintonía entre Madrid y Vitoria comenzó a irse reduciendo. Llegó la Navidad de 2025, el plazo “improrrogable”, y se prorrogó. Se pospusieron reuniones a enero de 2026, y en ellas se cerraron otras acuerdos, pero no la Seguridad Social. Y se fijó una nueva cumbre para Semana Santa, donde se avanzó en otras materias... pero tampoco se cerró la negociación sobre las pensiones. Ambos mandatarios quedaron de nuevo para verano, pero aquella reunión se canceló por falta de temas cerrados, según la parte vasca.
Ya con las elecciones convocadas, la consejera de Autogobierno, María Ubarretxena, ha cerrado algunos acuerdos más con el ministro Ángel Víctor Torres. Pero en estos meses, Ubarretxena ha criticado muy duramente al secretario de Estado de Seguridad, Borja Suárez. Esteban, ahora presidente del PNV, se sumó al coro de críticas y le llamó “rémora”.
Ninguna comunidad autónoma ha recibido nunca la gestión de las pensiones. En el pasado, se temió que pudiera suponer la ruptura de la 'caja única' de la Seguridad Social, también en ámbitos de la izquierda como el PSOE o los sindicatos. Sin embargo, que la competencia es vasca lo recoge el Estatuto desde 1979, un texto que reivindican especialmente los socialistas e incluso el PP. Además, el articulado deja claro que Euskadi es solamente un cajero, sin capacidad para modificar la legislación o para tocar las cuantías de las prestaciones. El Estatuto acota que el traspaso se hará sí o sí “dentro de su carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad”.
Y no es tema menor. En su momento, la consejera Ubarretxena habló de un presupuesto orientativo en pensiones de 12.000 millones de euros anuales que ahora pueden ser ya más. Todo el presupuesto vasco ronda los 17.000 millones. En una entrevista con este periódico, la ministra del ramo, la socialista Elma Saiz, destaca la “complejidad” de la materia y no concreta el estado de la cuestión. Se limita a reseñar que el Gobierno de Sánchez cumple con sus acuerdos y con sus socios.
En campaña, la candidata del PNV, Maribel Vaquero, está usando la cifra de que “el 75%” de aquel acuerdo de 2023 se ha cumplido. Sin embargo, a la vez, se aprecia un claro distanciamiento de los nacionalistas de lo que fue el bloque de investidura. El lehendakari, por ejemplo, se quejó en el mitin de inicio de campaña de que estas elecciones se presenten como una dicotomía entre que siga Sánchez y una posible alianza de PP y Vox. Dijo textualmente que era como elegir entre “lo malo y lo peor”.
¿Un nuevo Estatuto?
Otro debate eterno es el relativo al nuevo Estatuto. Fue una promesa lanzada por el PNV en 2012, cuando recuperó Ajuria Enea tras la legislatura del socialista Patxi López, que tuvo el apoyo del PP. Sin embargo, en los tres mandatos de Iñigo Urkullu no se consiguió cerrar un texto. Actualmente, supuestamente hay una negociación privada entre PNV y PSE-EE, socios de Gobierno, y EH Bildu, principal fuerza de la oposición. Periódicamente hay algún titular la respecto, pero sin ninguna concreción. Sí se conoció que uno de los interlocutores del PSOE en estas conversaciones era Santos Cerdán y que su salida por las investigaciones de corrupción condicionó también este asunto.
En aquel documento del PNV con Sánchez de 2023, se daba “año y medio” desde el inicio de la legislatura para resolver esta otra carpeta. Pradales tomó posesión en junio de 2024, por lo que también era finales de 2025 el plazo. Y la propuesta para la reforma ni siquiera se ha llevado al Parlamento Vasco, donde cualquier ley ordinaria tarda meses e incluso años en tramitarse. Después, ese nuevo Estatuto pasaría al Congreso y, finalmente, si lo aprobare, se sometería a referéndum.
En el programa electoral del PNV, hay varias menciones a estas cuestiones. Por un lado, se reclama la Seguridad Social y el cumplimiento de los otros flecos del Estatuto. Por otro, se habla de “favorecer una nueva relación política entre Euskadi y el Estado basada en el reconocimiento de la realidad nacional vasca, el respeto a la voluntad democrática de la sociedad vasca y la capacidad de decisión de sus instituciones”. Los nacionalistas desean “avanzar hacia un Concierto Político que traslade los principios de pacto y bilateralidad al ámbito institucional”, los mismos que se aplican en el Concierto Económico.