La amnistía fue la reivindicación más movilizadora desde el 28 de diciembre de 1970 (sentencia del Proceso de Burgos, cinco penas de muerte), hasta la amnistía del 15 de octubre de 1977. Organizaciones políticas de oposición al franquismo, sindicatos de clase, movimientos sociales, confluyeron en Euskadi y en el conjunto del Estado español en defensa de la amnistía. El movimiento obrero hizo suya la consigna, incluyéndola en las tablas reivindicativas de la negociación colectiva junto al incremento salarial y la reducción de la jornada de trabajo. La lucha colectiva impulsada desde las fábricas constituyó un factor esencial de sensibilización ciudadana, basado en la solidaridad y el sacrificio extremo. Ejerciendo como agente socializador, La clase obrera promovió el cambio político que trajo libertades y derechos, siendo su símbolo la amnistía general.
La clase obrera comprometida con la amnistíaEntre la diversidad de testimonios que evidencian la intensa implicación del movimiento obrero en la lucha por la amnistía, en tanto que emblema de la conquista de las libertades, abundan los manifiestos de asambleas obreras, coordinadoras de fábricas o sindicatos. Un ejemplo: con motivo de la celebración del 1º de Mayo de 1976, la Asamblea de Trabajadores de Naval de Sestao exige, además de un salario digno y 40 horas de trabajo semanales: “Amnistía para todos los presos políticos y sindicales.”
Entre los hitos que jalonan la lucha obrera en defensa de la amnistía destaca la manifestación celebrada en Bilbao el 8 de julio de 1976. Fue la primera movilización que logró autorización gubernativa. Tuvo una participación estimada en 150.000 personas. La convocó la Comisión Gestora de Despedidos de Bizkaia con este objetivo: “readmisión de los despedidos y amnistía”. En la octavilla que se repartió destaca la siguiente consigna: “La amnistía y readmisión de despedidos depende de la combatividad de la clase trabajadora.” La convocatoria contaba con el apoyo de la Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS), formada por UGT, USO y CCOO.
El asesinato del joven Josu Zabala en Hondarribia el 8 setiembre de 1976, durante un acto pro amnistía, fue el detonante de las movilizaciones que se sucedieron en el País Vasco entre la fecha de su muerte y el 27 de setiembre. Son hechos que corroboran la correlación entre lucha pro amnistía, desarrollo y compromiso político del movimiento obrero. Lo prueba la “Coordinadora de Fábricas de Vizcaya”, integrada por 240 representantes. Durante esas jornadas de setiembre del 76 impulsó un proceso asambleario y huelguístico capaz de aunar la lucha de 150 empresas con unos 100.000 trabajadores. La culminación de ese formidable esfuerzo movilizador y organizativo fueron las tres concentraciones multitudinarias que el Gobernador Civil se vio obligado a autorizar. En dichos actos se leyó el “Manifiesto de la Clase Trabajadora de Vizcaya”, que reclama: “Amnistía total”.
Cualquier reivindicación tiene cauces y órganos de expresión específicos. Necesariamente tenían que surgir organismos pro amnistía. El boletín nº 1 de la Coordinadora de Comités pro amnistía de pueblos y barrios, publicado en setiembre de 1976, dice en su editorial: “La conquista de la Amnistía es una de las necesidades más urgentes de la clase obrera y para las nacionalidades y pueblos del Estado Español. Es una necesidad popular el impedir que se pudran en las cárceles fascistas aquellos hombres y mujeres cuyo único ”delito“ ha sido luchar, de una u otra forma, por la libertad y la democracia”.
Alcance y límites de la amnistía Entre finales de 1975 y de 1977 sucesivos indultos, excarcelaciones y amnistías, liberaron a 120.000 reclusos, condenados o pendientes de juicio. Un 10% eran presos políticos, el resto comunes. Diversas fuentes cifran en unos 11.200 los presos políticos liberados. El 80% fueron puestos en libertad con el primer indulto, el del 25 de noviembre de 1975. Esa salida masiva de las cárceles no contuvo, sino que intensificó la exigencia de amnistía. Entretanto, unos 500 refugiados y deportados vascos regresaron a Euskadi. A mediados de 1976 había 650 presos de ETA. En marzo de 1977 quedaba un centenar de presos de motivación política (ETA, GRAPO y anarquistas). “Euskadi consigue la amnistía política”, era el titular de Egin del 15 de octubre de 1977. Según el mismo diario, ese día quedaban 88 presos políticos, 42 de origen vasco. El último preso liberado fue el anarquista Fernando Carballo. Dejó la prisión de Alicante el 13 de enero de 1978, tras permanecer encarcelado 26 años.
La Ley de Amnistía de octubre de 1977 no logró el cese de la violencia armada ni de las demandas de amnistía. Como esa ley absolvía delitos cometidos hasta el 15 de diciembre de 1976 (fecha del Referéndum para la Reforma Política), volvieron a llenarse las cárceles de presos de “motivación política”. Sin embargo, entre 1983 y 1985 otra amnistía encubierta, negociada entre Euskadiko Ezkerra (EE) y el Ministerio del Interior, puso en libertad a 300 presos de ETA pm.
La conquista de la amnistía supuso un enorme sacrificio colectivo: huelgas, manifestaciones, encierros. También tuvo un elevado precio la represión: estados de excepción, deportaciones, detenciones, torturas, ejecuciones, asesinatos. Según los datos recopilados por Mariano Sánchez en su obra La Transición Sangrienta: “Sólo en 1977, la policía cargó contra 788 manifestaciones en España, el 76% del total”. Entre 1975 y 1983 murieron 188 personas por “violencia política de origen institucional” (grupos de extrema derecha, represión policial y terrorismo de estado).
ConclusionesLa solidaridad generada en torno al proceso de Burgos (diciembre de 1970) favoreció el avance del movimiento obrero, que se fue reforzando y estructurando a través de numerosas huelgas generales y movilizaciones en demanda de amnistía. Tras la muerte del dictador (noviembre de 1975), la exigencia de amnistía y la organización obrera se fortalecieron, se intensificaron, continuaron compenetrándose, alcanzando su máximo desarrollo y vinculación con la amnistía definitiva del 15 de octubre de 1977. Posteriormente se volvió a reclamar amnistía, pero ya no contaba con el apoyo mayoritario de la clase obrera. Tampoco el movimiento obrero volvió a ser una fuerza de oposición política.
En aquellas fechas, entre diciembre de 1970 y octubre de 1977, hubo una intensa y constante interrelación entre la lucha pro-amnistía y el movimiento obrero, vasco y español. Tal es así que los partidos políticos de oposición al franquismo y a los primeros gobiernos de la transición utilizaron la fuerza del movimiento obrero y la reivindicación de la amnistía para lograr un cambio político pactado, sin ruptura con el sistema anterior. La ley de amnistía aprobada por el Congreso de los Diputados exculpó los crímenes de estado del franquismo y de la transición. Los Pactos de la Moncloa, aprobados 10 días después de la ley de de amnistía (con apoyo de los sindicatos afines al PSOE y PCE), lograron apuntalar la economía a costa del deterioro de los salarios y de la estabilidad en el empleo.
La amnistía aprobada por el Parlamento español, concebida como ley de punto final, impidió juzgar los crímenes del franquismo y dificulta recuperar los restos de miles de personas asesinadas que yacen en las fosas del olvido. Mas las miserias de la transición no privaron a la ciudadanía de la satisfacción de ver salir a los presos de la cárcel y de recibir en el tajo a quienes recuperaban su puesto de trabajo. Fue un logro democrático que merece ser recordado 40 años después, para que no prevalezca la versión de la historia modificada por intereses políticos y mediáticos. Para que las generaciones más jóvenes conozcan la verdad y sepan que nada se consigue sin luchar.
La transformación de la dictadura en democracia tuvo un inmenso coste. Tal es la aportación de un movimiento obrero, vasco y español, que ya es historia. Aquella clase obrera fue capaz de asumir que para satisfacer sus necesidades materiales tenía que luchar por el bienestar del conjunto de la sociedad.
*Luis Alejos es sindicalista y militante de Podemos Euskadi
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