La lucha de los pensionistas es una carrera por etapas, un deporte de resistencia. Cuando el gobierno de turno asume una reclamación, tras valorarla como conquista parcial se declara que es insuficiente, planteando nuevas reivindicaciones, respaldadas con movilizaciones que abarcan numerosos municipios en todos los territorios. La inclusión de algunas demandas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 en vez de contener la lucha la reactivó. El acuerdo de la Comisión del Pacto de Toledo para actualizar las pensiones en función del IPC tampoco ha logrado desmovilizar. Lo prueba el sinfín de manifestaciones (25.000 asistentes en Bilbao) que acompañaron el 1 de octubre a la celebración del día internacional de las personas mayores. Vista la trayectoria de este fenómeno social que ya lleva 10 meses de recorrido, cabe suponer que se prolongará hasta las elecciones de mayo de 2019, cumpliendo la consigna: “Si nos roban las pensiones, lo pagarán en las elecciones”.
En Euskadi, tras la manifestación celebrada el 21 de agosto en Bilbao durante la festiva Aste Nagusia, el primer acontecimiento de interés fue la invitación dirigida por EH Bildu a las asociaciones que integran el Movimiento de Pensionistas de Bizkaia (MPB). El encuentro no habría tenido mayor trascendencia si la agrupación de Bizkaia de la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) no lo hubiese valorado en estos términos:
“Reclamamos a EH Bildu un posicionamiento claro y firme sobre las denominadas Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV), pensiones privadas de empleo, que de hecho son productos financieros, gozan de ventajas fiscales injustificables, no cotizan a la Seguridad Social y constituyen el instrumento elegido por el PNV para descapitalizar y atentar contra el Sistema Público de Pensiones”. “Concebimos el ”autogobierno“ como modelo de autogestión basado en la solidaridad territorial e intergeneracional. Es decir, no asumiremos ninguna política jurídica ni económica que persiga romper o dividir la ”caja única“ de las pensiones públicas”.
Durante ocho meses, hasta el 19 de setiembre, las decisiones del MPB se tomaban por unanimidad. Esta vez la asistencia aumentó, pronosticando el fin del consenso. Se sometió a votación un texto para desvincularse de la citada valoración, reclamando rectificación a los medios que la difundieron. Las declaraciones públicas de integrantes del MPB remarcando sus propias posiciones son habituales, sin que suponga ningún conflicto. De ello se deduce que el problema no era el hecho, sino el contenido. Posteriormente se ha vuelto a reconocer que el consenso, junto con la pluralidad, son principios básicos del MPB.
Pedro Sánchez no podía encontrar una persona más idónea para gestionar la Seguridad Social. Magdalena Valerio conoce el oficio y ha sido firme defensora del sistema público de pensiones. Pero claro, una cosa es hacer oposición, otra diferente asumir responsabilidades de gobierno. Valerio renunció a revalorizar las pensiones por decreto ley, alegando que era el método de Rajoy. Lo mismo hace Sánchez, aunque por motivos loables, como recuperar la sanidad universal o exhumar la momia del dictador. Las pensiones públicas no debían ser la excepción.
La Ministra Valerio queda liberada de revalorizar las pensiones en función del IPC real, esa medida forma parte del acuerdo presupuestario Gobierno – Unidos Podemos. En materia de pensiones dicho acuerdo no va más allá de aplicar las mejoras previstas en el pacto PP – PNV para los PGE de 2018 y 2019. Aporta beneficios indirectos con otros aspectos, entre los que destaca el SMI de 900 €. Por tanto, las mejoras en materia de pensiones se siguen considerando insuficientes, de modo que no afectan a las movilizaciones. Valerio ni siquiera va a derogar las medidas regresivas contenidas en las reformas laborales de 2011 y 2013, esa tarea se la encomienda a los agentes sociales (patronal y sindicatos).
La manifestación del 1º de octubre coincidió con la presencia de Magdalena Valerio en Bilbao. Tal circunstancia se prestaba a un acto de protesta. Sin embargo, una invitación inesperada evitó que se valorase siquiera tal posibilidad. El encuentro con Valerio no podía ir más allá de las noticias que llegan a través de la prensa. Lo novedoso del caso resultó ser la composición de la comisión que acudió a la cita. La mayoría de las discusiones que tienen lugar en los plenos del MPB están relacionadas con el protagonismo personal (lectura de comunicados, intervenir en ruedas de prensa, ir en la pancarta en las manifestaciones). Esta vez la polémica motivó que las seis personas que se sentaron con la ministra sólo representasen a la mitad de las “sensibilidades” que componen el MPB. Este hecho afecta a un pilar básico del Movimiento de Pensionistas de Bizkaia: la pluralidad. Si se repitiese, perdería los valores que explican su asombrosa capacidad de movilización hasta convertirlo en referente a nivel estatal: toma de decisiones por consenso, respetando y amparando la pluralidad interna.
En esa reunión Valerio descartó la principal propuesta de los pensionistas, diciendo: “El Gobierno no se puede comprometer a aprobar una pensión mínima de 1.080 euros”. Tampoco garantizó el incremento en función del IPC a partir del 2020. Sobre las reformas laborales de 2011 y 2013 habló de corregir, no de derogar. Respecto a los fondos privados de pensiones indicó, con acierto, que no son una solución para la mayoría de los pensionistas. En cuanto a volver a reunirse con el MPB o con una representación del conjunto de Euskadi admitió tal posibilidad, caso de volver a Bilbao.
Las pensiones son un bocado muy apetecible para la banca y las agencias de seguros que las quieren convertir en productos financieros, en sustitución de las hipotecas basura. Los planes de pensiones privados son rentables para las entidades que las gestionan y una ruina para quienes invierten en ellos sus modestos ahorros. Con toda probabilidad 2018 será el octavo año en que estos productos sigan en caída libre. Además, pueden perder su principal atractivo, las desgravaciones fiscales, cuestionadas dentro del MPB y por asociaciones de pensionistas tan representativas como la COESPE.
Incluso desde la mercadotecnia surgen iniciativas que premian el consumo, ofertando en vez de rebajas aportaciones a planes de pensiones. Es un sistema que incentiva tanto el gasto como el ahorro. En vez de descuentos sobre el precio del producto, se dedica un pequeño porcentaje de su valor a inversiones, que a veces van a deuda pública.
La banca codicia las pensiones, la clase política corteja a los pensionistas. El pacto presupuestario PP-PNV se basaba en la mejora de las pensiones. La deliberada ambigüedad del acuerdo del Pacto de Toledo significa que nadie quería aparentar estar en contra. Se dan por tanto las condiciones precisas para que surjan “partidos de pensionistas”, liderados por personajes de rancio pasado, con ideología derechista y actitudes desmovilizadoras. Atención también a Vox que marca el paso desde la extrema derecha y entrará en la subasta de ofertas para ganar el apoyo de los pensionistas. Son maniobras y experimentos de indudable interés político y sociológico.
Entretanto, los partidos soberanistas vascos reclaman un sistema de pensiones propio, que el PNV identifica con las EPSV, sin que EH Bildu presente un modelo alternativo que vaya más allá que reclamar en los presupuestos de la CAV complementar las pensiones más bajas hasta 1.080 €. Si esa confrontación partidista afectase al Movimiento de Pensionistas de Bizkaia, si se exteriorizasen posiciones encontradas respecto a la “caja única” de las pensiones, el MPB perdería el liderazgo colectivo que posee, comenzado el declive de un proceso reivindicativo que hasta la fecha no muestra síntomas de debilitamiento. Otra prueba de resistencia será la negociación colectiva en materia de pensiones, caso de ser excluidos los sindicatos nacionalistas o si los de ámbito estatal no defienden la pensión mínima de 1.080 €. Así de frágil es el modélico MPB.
El relevo en el gobierno determinó un cambio de fase, de época. Superada la era del 0,25%, estamos en la del IPC real sin condicionantes. Fátima Báñez declaraba que era imposible incrementar las pensiones por encima del 0,25%, Magdalena Valerio evita blindar por ley la revalorización en función del IPC. Presionando se ha logrado mejorar las pensiones mínimas un 3% y el 1,6% el resto. Si se aprueban los presupuestos de 2019 se aplicarán las mismas subidas, estando por ver si se establece una pensión mínima que supere el umbral de la pobreza. Es previsible que haya novedades antes de las elecciones de mayo del 2019.
Aunque cada vez surgen más obstáculos, la voluntad de “ganar la batalla” se mantiene. A la ofensiva de la CE contra la revalorización de las pensiones en base al IPC se une el FMI. Para colmo tienen apoyos incluso dentro del gobierno. Son conocidas las objeciones de la Ministra de Economía, Nadia Calviño, que no duda en plantear: “es necesario analizar la sostenibilidad teniendo en cuenta otras variables”. Carlos Solchaga, exministro de Industria (1982 – 1985), dedicado entonces a destruir puestos de trabajo, reconvertido ahora en magnate de las finanzas, arremete contra los pensionistas: “Ninguno de ellos ha pagado ni la mitad de lo que perciben”. Incluso Sánchez advierte: “Mi línea roja es que tenemos que cumplir nuestros compromisos con la UE en términos de déficit público y deuda”. Es decir, se siguen priorizando los intereses empresariales y de la banca sobre las necesidades sociales.
Las movilizaciones prosiguen y se propagan cada día más. El País Vasco deja de ser excepción. Bilbao supera los nueve meses de concentraciones semanales y tiene las manifestaciones más numerosas, mientras en otras zonas, por ejemplo la vecina Cantabria, brigadas de pensionistas recorren los 102 municipios de la comunidad para difundir su plataforma reivindicativa. Algo parecido cabe decir de Asturias o de Galicia en la franja costera, antes de adentrarse en cualquier lugar del territorio peninsular. Las fiestas navideñas se acercan, no pasarán sin nuevas movilizaciones masivas. Plataformas de pensionistas de Euskadi y de Navarra llaman a manifestarse en las cuatro capitales el 15 de diciembre, mientras la COESPE hará otro tanto en el conjunto de los territorios.
El tiempo va pasando desde aquél lejano 15 de enero. Se ha recorrido más de la mitad de la trayectoria que desemboca en las elecciones de mayo de 2019. Al comienzo las demandas eran exclusivamente económicas. La presencia hoy en las movilizaciones de personas de avanzada edad y en sillas de ruedas, evidencia la existencia de una problemática mucho más amplia: copago, medicamentazo, dependencia, asistencia socio-sanitaria, pobreza energética, residencias de ancianos, consideración social de las personas mayores… La lista de demandas se alarga cada semana, pudiendo llegar a incluir la sexualidad en la tercera edad.
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