Política de vivienda y abismos en el discurso

La voluntad separa, también en política, el éxito del fracaso. No estoy abonado de forma absoluta a la máxima de que querer es poder, pero hace falta poner empeño en lo que se persigue, sobre todo, para no caer en el abismo que separa, en ocasiones, lo que algunos dicen, desean y hacen.

El éxito absoluto en las políticas de vivienda equivaldría a poder hacer efectivo el derecho a la misma tal y como lo recoge la Constitución Española: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Es de 1978 pero suena bien.

El PNV no es fan de la Constitución Española, tampoco lo era de la ley vasca de Vivienda de 2015 (ahora parece que sí, pero entonces sus dirigentes advertían sobre el “efecto llamada” y se echaban las manos a la cabeza). El partido de Imanol Pradales tampoco es partidario de la ley estatal, por eso se ha empeñado en que el Gobierno vasco la recurra ante el Tribunal Constitucional.

El candidato nacionalista, no obstante, se ha acercado al atril en uno de sus actos de precampaña para elogiar las políticas (socialistas) de vivienda que se hacen en Euskadi, gesto que se agradece, y que se traducen en que una de cada tres viviendas públicas españolas destinadas al alquiler se levanta en la comunidad autónoma vasca. Aquí está el abismo al que me refería.

Entre el huevo y el fuero está la disputa en la cabeza de los nacionalistas. Los dirigentes del PNV explican que lo que importa es, ante todo, la titularidad de la competencia, sin importar si lo que se hace está bien o mal. En este clima de desazón competencial y abismos discursivos, es razonable la sospecha de que simple y llanamente lo que molesta al PNV es la regulación del acceso a la vivienda.

Le molesta su reconocimiento como derecho subjetivo (fuimos los primeros en reconocerlo, hoy también lo hace Navarra) y todas las medidas destinadas a movilizar el mercado, activar el alquiler, contener los precios y garantizar el acceso a una vivienda digna a los jóvenes que pretenden emanciparse, a quienes, de otra forma, por la falta de recursos, acabarían bajo un puente, o a miles de familias que, sin el colchón que supone una vivienda protegida o las ayudas públicas, no podrían iniciar un proyecto de vida en condiciones.

Los dirigentes del PNV explican que lo que importa es, ante todo, la titularidad de la competencia, sin importar si lo que se hace está bien o mal

Las políticas atrevidas, innovadoras, en materia de vivienda forman parte hoy de uno de los ejes de debate político en nuestro entorno. Son una novedad por la dimensión y el ruido con el que se manifiesta el debate, aunque hace más de 100 años, ciudades como Viena (nos lo ha recordado el reciente congreso celebrado en Bilbao) ya innovaran en este terreno y lleven décadas de trabajo acumulado en la vivienda pública de alquiler.

El PSE-EE ha sido en Euskadi el principal impulsor de las políticas avanzadas de vivienda y de su reconocimiento como un bien social. “Sin una vivienda digna no es posible el desarrollo de un proyecto vital. Es la base que proporciona seguridad física y emocional a nuestra vida y la antesala que nos permite disfrutar de otros derechos y actividades. La vivienda, además, crea lazos, forja la convivencia, hace comunidad”, explicó el consejero Iñaki Arriola en la apertura del citado Congreso Internacional de Vivienda.

La ley vasca (aprobada también por EH Bildu y UPyD) ha servido como modelo para la ley estatal, aunque esta última contempla medidas, complementarias, que requerían una regulación para todas las comunidades, como la declaración de zonas tensionadas para aplicar en ellas medidas de control de precios.

A una parte del sector inmobiliario, que actúa con la lógica del beneficio, no le gusta la regulación, apela a la libertad de mercado, y dice que el control de precios bloquea la oferta e invita a que los pisos no se alquilen porque los propietarios acaban desistiendo ante la falta de margen económico. Como si el margen de beneficio —en un mercado inflamado por una oferta reducida, sobre todo en los núcleos de población más grandes y sus áreas de influencia, los más demandados— fuera hoy pequeño.

Sin embargo, a los ayuntamientos vascos, lógicamente a los que tienen más problemas, no les ha parecido mala la idea de contener los precios. Algunos cogobernados por el PNV, como el de San Sebastián o el de Barakaldo, ya han iniciado los trámites para solicitar la declaración de zona tensionada con la aprobación de mociones en sus plenos. También lo han hecho Vitoria-Gasteiz, Irún, Errenteria, Eibar, Lasarte-Oria, Pasaia, Andoain o Portugalete.

No existen recetas milagrosas. Para convertir el derecho a la vivienda en un derecho efectivo es necesario un compromiso entre todos los agentes sociales, económicos, administraciones públicas y sociedad en general, para compartir unos objetivos. Esto es lo que pretende el Pacto Social por la Vivienda de Euskadi 2022-2036, que está suscrito por más de 90 agentes públicos y privados, y que persigue, como objetivo prioritario, duplicar el número las viviendas en alquiler protegido, además de fomentar la rehabilitación con criterios de accesibilidad y eficiencia energética.

Una comunidad pequeña como la nuestra ha pasado a ser, en estos años de gestión socia­lista, la segunda comunidad autónoma que más vivienda protegida produce a pesar de su tamaño, y la primera que más vivienda protegida en alquiler edifica por número de habitantes. Otros datos que pueden servir al señor Pradales.

No existen recetas milagrosas. Para convertir el derecho a la vivienda en un derecho efectivo es necesario un compromiso entre todos los agentes sociales, económicos, administraciones públicas y sociedad en general, para compartir unos objetivos

Aumentar el ritmo de promoción de vivienda pública protegida, especialmente la destinada al alquiler, es una línea de trabajo. Otra es reducir el parque de vivienda vacía, como persigue el programa Bizigune. Y una que puede ayudar y mucho a esa apuesta por el alquiler es la modificación de la política fiscal, porque es necesario reequilibrar los incentivos fiscales, actualmente en su mayoría dirigidos a la compra de vivienda.

Apostamos por unas mayores bonificaciones para los propietarios que mantengan las rentas y proponemos la revisión en favor de los arrendatarios de las deducciones al alquiler. Además, creemos necesario un nuevo sistema de deducciones a la rehabilitación de edificios y viviendas, una actividad que, además, es creadora de riqueza y empleo.