Los partidos que integran la comisión del Pacto de Toledo acudieron a las negociaciones con posturas tan diferenciadas que no cabía imaginar un acuerdo final de amplio consenso. Tanto el resultado como el desarrollo de los debates difieren del incívico y crispado comportamiento habitual en el hemiciclo del Congreso. El trato dialogante que ha prevalecido algo tendrá que ver con el hecho de celebrar las sesiones a puerta cerrada, sin presión mediática. Así mismo cabe destacar que, pese a las diferencias iniciales y en contraste con lo habitual, lo pactado no conlleva un balance entre vencedores y vencidos. La imagen que destaca es la del consenso.
Para llegar a entenderse basta una actitud favorable y plantear objetivos poco comprometidos. Ahora convenía adaptarse a la compleja situación con un acuerdo de mínimos que permita al Gobierno implantar reformas en una doble dirección: a) tranquilizar a los actuales pensionistas que llevan casi tres años movilizados, b) recortar de forma progresiva las pensiones futuras, utilizando dos instrumentos complementarios y compensatorios: las medidas establecidas en la reforma de pensiones del 2011 y los fondos de pensiones de empleo.
En los debates participaron todos los grupos parlamentarios. Se hicieron concesiones y hubo renuncias, aunque solo queda constancia del voto negativo de Vox y de las abstenciones de ERC y EH Bildu. Justo es reconocer que buena parte del éxito de la comisión corresponde al talante cordial y dialogante de su presidenta, Magdalena Valerio. Para poder conocer los cambios de actitud de las formaciones políticas es preciso comparar los resultados con las posiciones iniciales. Ello requiere radiografiar la foto de familia del Pacto de Toledo.
Sorprende la hostilidad desatada contra la comisión del Pacto de Toledo desde perspectivas opuestas. Mientras los economistas neoliberales ven en esos acuerdos una amenaza para los planes de pensiones privados, diversas asociaciones de pensionistas, entre las que aparecen las dos ramas de la COESPE, interpretan lo contrario, advirtiendo que está en peligro el sistema público de pensiones. Junto a los posicionamientos ideológicos dispares asombra el tono catastrofista de las conclusiones. El profesor José Antonio Herce, miembro del foro de expertos del Instituto BBVA de Pensiones, reitera en sus declaraciones públicas que la mayor parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo desestabilizan el sistema de pensiones. En Canarias-Semanal.org, Conchita Ribera de COESPE declara: “los Pactos de Toledo se crearon para privatizar el sistema público de pensiones y entregar los cientos de miles de millones que mueven las pensiones a la banca, en un modelo similar al que aplicó Pinochet en Chile”.
Esos juicios de valor tan descalificativos y categóricos no cuadran con el carácter consultivo de la comisión del Pacto de Toledo, simple eslabón de un largo proceso deliberativo. Mayor relevancia que sus recomendaciones alcanzan las disposiciones del Congreso de los Diputados, las cuentas del Estado, los compromisos con los agentes sociales (patronal y sindicatos) y en último término las decisiones del Gobierno. Además, en esta ocasión, el Pacto de Toledo no ha propuesto medidas negativas que no estuviesen en vigor, aunque la más novedosa, los planes de pensiones de empleo, requieran un desarrollo posterior. Por tanto, las reclamaciones deberían dirigirse a los organismos con capacidad legislativa y ejecutiva: Congreso y Gobierno.
El vencedor del Pacto de Toledo es el PSOE, personalizando el triunfo en el Ministro Escrivá. Consigue el aval para aplicar las reformas que antes propuso desde la presidencia de la AIReF. Este podría ser el decálogo de medidas esenciales: 1) Revalorizar las pensiones contributivas en base al IPC real. 2) Acercar la edad de jubilación efectiva a la oficial. 3) Elegir los 25 años de cotización más favorables para establecer la base reguladora. 4) Mantener los 15 años como período mínimo de cotización de la pensión contributiva. 5) Primar el aumento voluntario de la edad de jubilación. 6) Trasladar los gastos impropios de la Seguridad Social a los PGE. 7) Dejar de considerar deudas las trasferencias del Estado a la Seguridad Social. 8) Ajustar la cotización de los trabajadores autónomos a sus ingresos reales. 9) Reducir la aportación a planes privados de pensiones con derecho a desgravación fiscal. 10) Generalizar los planes de pensiones de empleo según el modelo de las EPSV del País Vasco.
Los gobiernos toman decisiones mirando en dos direcciones: las gerencias de las grandes empresas y la opinión pública
Gana el Gobierno, pese a no incluir el Pacto de Toledo propuestas programáticas esenciales del Gobierno de Coalición en materia de pensiones. Tales carencias pasan mayor factura política a Unidas Podemos que al PSOE. Entre los compromisos pendientes, no incluidos o sin plazo de aplicación, hay que citar: 1) El aumento del poder adquisitivo de las pensiones mínimas. Es una demanda prioritaria, junto con la reducción de la brecha de género y pensiones de viudedad. 2) Eliminar el Índice de Revalorización y el Factor de Sostenibilidad de la reforma del 2013. La reclaman hasta los sindicatos que avalaron la reforma del 2011. 3) Garantizar la sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones. Este punto choca con los planes de pensiones de empleo.
Aunque el voto pensionista vaya sobre todo a las listas del PSOE, PP o PNV, los reproches se dirigen en particular hacia Unidas Podemos. Consciente de esa realidad, Meri Pita, delegada de UP en el Pacto de Toledo, al aprobarse el 19 de noviembre el acuerdo en el Congreso, además de reconocer que no se habían alcanzado todos los objetivos previstos, declaró que los militantes de UP: “Hoy están decepcionados con el texto”. “Comprendemos y encajamos esa decepción”. Resulta inevitable comparar esta actuación con la de febrero de 2019, cuando la actual Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, imposibilitó un acuerdo similar, con el agrado de las plataformas de pensionistas que rechazan el Pacto de Toledo. Recordemos el titular de El País: “El Pacto de Toledo descarrila ante el adelanto electoral y las exigencias de Podemos”.
La “decepción” que señala Meri Pita está motivada sobre todo por asumir UP los planes de pensiones de empleo. Implica aceptar la reducción de las pensiones públicas provocada por la reforma del 2011, impulsada por Rodríguez Zapatero con el respaldo de CCOO y UGT. Unidas Podemos justifica ese paso en falso: “En cuanto al régimen fiscal y jurídico de las aportaciones a los planes de pensiones, si bien las recomendaciones no recogen su eliminación, sí se contempla su reorganización para beneficiar a los planes de empleo que se acuerdan en la negociación colectiva frente a los individuales, y posibilitan que trabajadores de distintos niveles de renta tengan acceso a ellos”. Se trata de una disculpa poco convincente. Supone obviar el dilema de los planes de pensiones de empleo, vigentes desde 1983 en Euskadi: son productos financieros favorables a rentas salariales altas, tienen beneficios fiscales que se detraen de los ingresos públicos, adolecen de una inequidad que cronifica las desigualdades sociales. Unidas Podemos no estaba ante la disyuntiva de tener que elegir entre un SI o un NO sin condiciones. Pudo apoyar los acuerdos incluyendo un voto particular, dejando constancia de carencias y desacuerdos. Calló y defraudó.
Manteniendo una actitud de enfrentamiento total con el Gobierno, el PP no tiene reparos en votar a favor de los acuerdos, pese a ser el gran perdedor. La reforma de pensiones impuesta por Rajoy en 2013 queda postergada, sin que el PP intente defenderla. No obstante, tanto el índice de revalorización (0,25%), como el factor de sostenibilidad (recortes) que podría entrar en vigor el 2023, oficialmente no están derogados. En la negociación, al igual que Ciudadanos, el PP ha intentado, sin lograrlo, mantener las aportaciones a los planes privados de pensiones, gestionados por la banca y aseguradoras. La decisión final corresponderá al Gobierno, que está siendo sometido a fuertes presiones para que no las reduzca.
La abstención de ERC y EH Bildu, más que en los aspectos negativos del acuerdo se basa en sus innegables carencias. Ciertamente, no queda resuelta la problemática del sistema público de pensiones. Sí se avanza en la demanda más urgente, la revalorización anual, mas sin progresar en otra reivindicación esencial: la mejora de las pensiones mínimas. Esas y otras medidas están relacionadas con los Presupuestos Generales del Estado, que ERC y EH Bildu apoyarán por razones políticas. Por tanto, la abstención en el Pacto de Toledo resulta testimonial, dado que la aprobación de las recomendaciones estaba garantizada sin necesidad de sus votos.
Aunque todavía quedan trámites pendientes y medidas con plazo de aplicación de varios años, este periodo del Pacto de Toledo concluye con mejoras para las pensiones de hoy, desventajas para las de mañana. La juventud tendrá que defender el derecho a unas condiciones de vida dignas para evitar que la actual generación de pensionistas sea la última en lograr un empleo satisfactorio y una pensión suficiente. La historia y la experiencia prueban que la movilización ciudadana es necesaria para evitar retroceder a la situación de una sociedad empobrecida.
La capacidad de incidir sobre acontecimientos políticos, decisiones económicas y cambios sociales, depende del equilibrio de fuerzas entre el control del dinero, la autoridad de quienes gobiernan y la presión de la calle. Los acuerdos del Pacto de Toledo son un ejemplo de esa contraposición de poderes. Los gobiernos toman decisiones mirando en dos direcciones: las gerencias de las grandes empresas y la opinión pública. En estos momentos la confrontación afecta al futuro de las pensiones. El pulso mantenido durante los tres últimos años ha dado resultados satisfactorios. Para continuar avanzando, para evitar retroceder, hay que seguir el camino emprendido, precisando los objetivos inmediatos y no equivocándose de enemigo.
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