La enfermera acusada de simular vacunaciones en Osakidetza no declara en el juicio: “No estoy en condiciones”

“Me va a disculpar, pero no estoy en condiciones de declarar”. Esa es la frase con la que la enfermera acusada de simular la vacunación de más de 400 menores en el ambulatorio de Kabiezes, en Santurtzi, ha respondido cuando Reyes Goenaga, la presidenta del tribunal -y también presidenta de la Audiencia Provincial de Bizkaia- le ha llamado a declarar durante la cuarta sesión del juicio que se celebra desde el lunes. En la primera sesión la defensa de la enfermera solicitó que la acusada realizase su declaración ante el tribunal en último lugar, por lo que se esperaba que declarase tras los cerca de 70 testigos que están llamados, entre los que hay familiares, profesionales de Osakidetza y peritos, sin embargo, la enfermera ha hecho uso de su derecho a no declarar como acusada.

Otra de las cuestiones solicitadas por la defensa ha sido un informe de forenses expertos en Psiquiatría sobre el estado mental de la encausada. La prueba se realizó el miércoles y este jueves han recibido los resultados, que han condicionado el seguimiento del juicio debido a que la conclusión principal es que la encausada “sufre un trastorno delirante que tenía sin duda impacto en su labor profesional y afectaba sus capacidades volitivas y cognitivas”. Tras conocer esa información las partes personadas en el proceso han renunciado a las declaraciones previstas.

Sí han declarado ante el tribunal los dos expertos en Psiquiatría responsables del informe sobre su estado mental, que han considerado que “el contenido delirante de sus ideas sin ninguna duda” afectaba a su labor como enfermera, porque “son una serie de creencias que hablan de tratamientos que se relacionan muy íntimamente con una actividad sanitaria”. “Al ser un trastorno encapsulado, el resto de comportamientos podrían ser perfectamente adaptativos y normales”, han detallado.

Según han aclarado, la enfermera acude a consultas de Psiquiatría a partir de junio de 2021, pero no le recetan ningún tratamiento farmacológico. “En su historia clínica, el primer contacto en que empiezan a aparecer signos de alarma de que está pasando algo data del 9 de junio de 2021 y, en él, se dice que ocho meses anteriores, finales del 20, ya hay unos comportamientos y unas ideaciones que hacen pensar en algún tipo de alteración”, han aclarado. Uno de los dos expertos, además, ha precisado que “este tipo de trastornos delirantes tan estructurados, tan arraigados, que impregnan el pensamiento de una manera tan fuerte de esta persona, tienen en principio un pronóstico bastante sombrío y requieren habitualmente tratamiento psiquiátrico y psicológico durante años”.

Esta cuestión ha supuesto un cambio en la estrategia de la acusación particular, según ha confirmado el abogado de las familias, Aitzol Asla, que a pesar de que en un primer momento pedía de 12 hasta 17 años de prisión, tras el informe de los forenses valora la posibilidad de que se considere que “no está capacitada” y no vaya a la cárcel. “Desde el punto de vista médico-legal, se puede estimar una severa alteración e incluso una anulación total de capacidades volitivas y cognitivas para los hechos imputados, lo que supone que, independientemente de los hechos que supuestamente se han cometido y que se siguen enjuiciando, probablemente esta mujer no estaba capacitada a entender lo que hacía”, ha indicado.

“Si se considera que no estaba capacitada, no hay medida de prisión, pero no supone que no haya cometido los hechos”, ha aclarado, tras explicar que para las familias “lo importante no es que vaya a prisión”, sino que “se demuestre lo que ha hecho, que se les crea que lo que están contando es la verdad, y que luego haya la responsabilidad que sea”. En este sentido, el abogado ha subrayado que, teniendo en cuenta el historial psiquiátrico que ya constaba en junio de 2021, a lo largo de lo que queda del juicio “habrá que determinar si alguien es responsable de que pudiera estar vacunando a menores”, haciendo referencia a reclamar responsabilidades para los supervisores de la enfermera o directores del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza).

El juicio concluirá este viernes con las conclusiones e informes definitivos de la Fiscalía, la acusación particular de medio centenar de familias de los menores afectados, el representante de Osakidetza y el abogado del Colegio de Enfermería, además de la defensa, que ha apuntado tras la sesión de este jueves que entiende que “la sentencia puede ser absolutoria”.

Los hechos ocurrieron mientras la acusada prestó servicios de Pedriatría del centro de salud de Kabiezes desde febrero de 2021 hasta el 12 de septiembre de 2022 y, entre sus funciones, se encontraba administrar a 404 menores en las revisiones pediátricas las vacunas. Cuando el caso salió a la luz, en 2023 tras las quejas de algunos padres y madres, un grupo de más de 40 padres y madres decidieron interponer una denuncia colectiva contra la sanitaria. Según han explicado, los menores tuvieron que ser revacunados, ya que tras practicarles pruebas de serología de anticuerpos con el objetivo de comprobar si los menores habían sido vacunados o no, se descubrió que no había “respuesta de anticuerpos para ninguna de las víricas”, lo que, según peritos que testificaron en la tercera sesión del juicio, suponía un riesgo grave para la salud de los menores.

“Contraer el sarampión en bebés puede ser letal. No es lo mismo el sarampión en bebés de 9, 12 o 15 meses o en personas de 30 años. Esa es la primera alarma que tuvimos. Hay que tener en cuenta que esto se produce en un centro concreto, en un grupo de población concreto que se van a relacionar entre ellos en parques o guarderías y su ámbito es muy reducido. Pongo el foco en el sarampión porque es la más contagiosa de todas, de 100 personas que entran en contacto con un caso, 90 van a padecer un sarampión, con lo cual estábamos ante un riesgo muy importante para la salud de una población determinada, concreta y localizada”, detalló una de las responsables del servicio de Pediatría y experta en infectología del Hospital de Cruces, que testificó como testigo y como perito por haber realizado los estudios pertinentes una vez el caso se elevó del ambulatorio de Kabiezes a Cruces.

Según explicó, una vez comprobaron que los menores analizados no habían sido vacunados, optaron por realizar la revacunación de los más de 400 que habían sido atendidos por la encausada, actuando por un “principio de precaución y prudencia”. “Nos interesaba garantizar la correcta protección de todos y cada uno de los menores frente a todas las enfermedades que son prevenibles y para las que tenemos inmunización. Ante la duda más que razonable de que ha podido haber un fallo en la vacunación yo lo que tengo es que salvaguardar la seguridad de los menores”, aseguró tras concretar que “no hay ninguna otra explicación posible” que pudiera dar “un resultado tan apabullante” que la de que no se había realizado la vacunación correctamente y que una sobrevacunación es “menos lesiva frente a una no vacunación”.