El Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno vasco traspasará a la Mutualidad Funeraria San Pedro Apóstol de Basauri los socios de la EPSV de decesos Gallarta, intervenida por la Administración el pasado mes de junio tras descubrirse que una integrante de su junta de gobierno había desviado una cantidad cercana a los 600.000 euros, prácticamente la totalidad del patrimonio de la entidad, estimado en unos 650.000 euros.
El Gobierno vasco anunció tras la intención de la entidad que gestionaría una posible alternativa con una EPSV “relevante del sector, con el objetivo de acoger al colectivo interesado, especialmente a los socios de más edad, los más afectados por la situación”. El consejero de Hacienda y Finanzas, Nöel D'Anjou, señala en una respuesta parlamentaria que la EPSV con la que el Ejecutivo busca una alternativa para los socios estafados es Mutualidad Funeraria San Pedro Apóstol de Basauri, Entidad de Previsión Social Voluntaria Indiferenciada sin actividad aseguradora. No obstante, esta posibilidad está aún pendiente de la decisión que tomen los socios estafados, probablemente en una asamblea en octubre.
El Gobierno vasco decidió la intervención de la entidad para “salvaguardar el patrimonio restante de la entidad, dedicada a cubrir gastos de sepelio”. La medida se adoptó el pasado 11 de abril, aunque se hizo público a finales del mes de junio, una vez que la Dirección de Política Financiera y Previsión Social confirmó, tras una confesión directa, que una integrante de la directiva de la entidad había desviado una cantidad cercana a los 600.000 euros, prácticamente la totalidad del patrimonio de la entidad (estimado en unos 650.000 euros).
Según la información proporcionada por el Ejecutivo, la persona implicada habría aprovechado su experiencia y la confianza del resto de los órganos de gobierno para realizar estas prácticas fraudulentas durante años, “falseando además la información remitida al Gobierno vasco para encubrir su actuación”. La Dirección de Política Financiera y Previsión Social asumió desde entonces temporalmente el control de la entidad y convocará próximamente una asamblea de socios y socias para que decidan el futuro de la EPSV: optar por su continuidad con una nueva Junta de Gobierno o acordar su disolución y liquidación definitiva. Mientras, el Departamento de Hacienda y Finanzas gestiona Mutualidad Funeraria San Pedro Apóstol de Basauri la posibilidad de acoger al colectivo interesado, especialmente a los socios de más edad, los más afectados por la situación, aunque dependerá de la decisión que tomen los integrantes de la EPSV en la próxima asamblea.
Estos socios se encuentran en una situación complicada después de años pagando cuotas para financiar su sepelio. El propio Gobierno vasco reconoce que “la recuperación del dinero sustraído es altamente improbable”. “Solo una eventual sentencia judicial favorable que imponga una indemnización y la existencia de bienes suficientes por parte de la defraudadora permitirían resarcir el daño causado, una posibilidad que se considera poco probable”, señalan.
En la respuesta parlamentaria, el consejero de Hacienda y Finanzas justifica que el fraude no se detectara antes en el hecho de que “la documentación que la entidad periódicamente reportaba al departamento con apariencia cierta de ser fidedigna estaba falsificada y, además, contaba con el visto bueno de tres personas diferentes de su junta de gobierno, lo que de facto dificultaba deducir el desconocimiento de la situación real por parte de tantos actores”.
No obstante, preguntado por el parlamentario de EH Bildu Gorka Ortiz de Guinea sobre si se van a arbitrar otros métodos de control a partir de ahora, el departamento señala que a raíz de la situación creada, con la EPSV de decesos de Gallarta, el Gobierno “ha activado un proceso de reflexión interna, en especial acerca de la supervisión del subsector de EPSV de decesos, y está estudiando y valorando la adopción de medidas como por ejemplo, entre otras, la promoción de la profesionalización de este tipo de entidades o el establecimiento de sistemas que conlleven una mayor y más estricta exigencia documental”. Este subsector de EPSV funerarias, engloba actualmente a 29 entidades con más de 100.000 socios.
La investigación sobre el caso fue iniciada por la Ertzaintza, a raíz de una denuncia del SEPBLAC (Servicio Ejecutivo para la Prevención del Blanqueo de Capitales de España), que detectó movimientos sospechosos entre cuentas de la EPSV y un familiar directo de la persona implicada. Un fraude similar se registró en 2018 en una EPSV dedicada a coberturas sanitarias.
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