Un jurado popular declara culpable al hombre acusado de asesinar a su pareja embarazada en Vitoria en 2023
Un jurado popular ha declarado culpable a Jaime Roca de haber asesinado en 2023 a Maialen Mazón, que era su pareja y por entonces se encontraba embarazada de mellizos. El crimen tuvo lugar en Vitoria en el día de las elecciones municipales y forales de 2023. Tras el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Álava estas dos últimas semanas, el jurado ha emitido un veredicto de culpabilidad y ahora será la magistrada Elena Cabero la que dicte la sentencia. El veredicto se ha leído pasadas las 22:30 horas de este jueves, tras horas de deliberación del jurado.
Contra el procesado se habían interpuesto al menos tres denuncias previas por violencia machista contra la víctima y existía una orden de alejamiento que había quebrantado. Las arrastraba de antes, con expedientes abiertos por la Policía Nacional y la orden de alejamiento dictada por un juzgado de Torremolinos, en la provincia de Málaga. Aun así, en mayo de 2023 le asestó trece cuchilladas en un apartahotel de Vitoria, delante de su hija de 3 años, a la que dejó junto al cuerpo sin vida de su madre, privada de agua y comida. A la niña la encontraron una vez transcurridas veinte horas de los hechos.
La pareja ya se había alojado junta antes, en enero de ese mismo año 2023, en un apartahotel de Vitoria con nombre falso. El propietario, que se percató de la argucia, avisó a la Ertzaintza, que comprobó que existía una orden de alejamiento que estaba siendo quebrantada. “La Ertzaintza en ese momento entrevista a la mujer y esta confirma que había un expediente de violencia de género, pero que no se sentía agredida ni en peligro, por lo que quería mantener la relación y que la orden de alejamiento desapareciese”, explicó en una comparecencia de urgencia, después del asesinato, el entonces vicelehendakari y consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Josu Erkoreka.
Durante el juicio, la agente de la Guardia Civil que atendió a la víctima y la trasladó desde Burriana (Castellón) a Vitoria, subrayó que la joven reunía todos los requisitos para ser catalogada como víctima de violencia de género en situación de riesgo “extremo”. Así la clasificó este cuerpo antes de que, al asumir su vigilancia ya en Euskadi, la Ertzaintza redujera el nivel a riesgo “bajo”.
En el mismo mes de mayo, unos días antes del asesinato, la Ertzaintza, según lo explicado entonces, volvió a tener conocimiento de nuevos quebrantamientos de la orden de alejamiento. La víctima, según alegó el consejero, transmitió que el quebrantamiento era “consensuado” y que su pareja “no generaba miedo en ella”. “Son relaciones en las que la víctima no percibe la necesidad de ser protegida, no es fácil proteger a una víctima que no se percibe en peligro. Una persona puede estar protegida, pero si no se siente en riesgo, puede quebrantar esa protección”, abundó Erkoreka entonces.
Durante el juicio, tanto la asociación Clara Campoamor como la abogada de la familia de la víctima han cargado contra la Policía autonómica por “revictimizarla”. “Aquí la Ertzaintza falló y, si bien es cierto que el único responsable [del crimen] es [Jaime Roca], me parece terrible que incluso ante la evidencia brutal de la muerte de Maialen [Mazón], todavía tengamos que discutir si era suficientemente buena víctima como para merecer protección”, se quejó la asociación, según recoge Europa Press. “Mientras sigamos exigiendo víctimas perfectas, seguiremos fallando y llegando tarde; y en violencia de género, cuando llegamos tarde, las mujeres mueren”, abundó. La letrada de la familia, por su parte, ha acusado a la Ertzaintza de exhibir “falta de profesionalidad” y de hacerla “responsable” a través de una “intervención errática” y de “imprecisiones” en sus labores policiales.
Las peticiones de las partes
La Fiscalía solicitaba 45 años de prisión para el acusado: veinticinco años de prisión por un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, con agravante de parentesco y motivos de género; ocho años de prisión por cada uno de los dos delitos de aborto con agravante de parentesco, por la muerte de los mellizos, y cuatro años de cárcel por delito de abandono de un menor. Además, solicitaba una indemnización de 500.000 euros a la hija de ambos y de 250.000 euros al padre de la víctima, así como la retirada de la patria potestad de la niña.
Las acusaciones también solicitaban 45 años de prisión al considerar que asestó las 13 cuchilladas a la mujer, lo hizo “con intención de matarla” y era “plenamente consciente de sus actos”. En el caso de la menor, las acusaciones aducían que presenta secuelas psicológicas que se traducen en dificultades de socialización, retraso en el lenguaje y afectación emocional “significativa”.
La defensa, por el contrario, reclamaba la libre absolución, amparándose en que cuando la acuchilló, el acusado sufría una “desconexión brusca de la realidad”, en un “episodio disociativo” o “automatismo zombi”. El juicio, celebrado con un jurado popular confomado por cinco mujeres y cuatro varones, ha contado con la declaración de más de cuatro decenas de testigos, además de técnicos, agentes y peritos. Ahora, emitido el veredicto de culpabilidad, será la magistrada Elena Cabero la que dicte la sentencia.