María Ubarretxena, consejera y portavoz del Gobierno vasco: “El personal del Estado desea ser transferido”

María Ubarretxena (Urretxu, 1980) es una de las consejeras con más peso político en el Gobierno vasco, al menos en la parte del PNV, su partido. Después de haber sido directora de Economía Social en el Ejecutivo y saltar a la capital de las cooperativas, Arrasate-Mondragón, donde reside desde hace décadas, para ser alcaldesa entre 2015 y 2023, Imanol Pradales la fichó tras un breve paso por la Diputación de Gipuzkoa. Desde el verano de 2024, es la portavoz, la que todas las semanas da la cara ante los medios de comunicación, y también la responsable de la cartera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno. Es decir, gestiona las políticas de personal y de altos cargos y el día a día del engranaje autonómico y, sobre todo, capitanea las negociaciones con el Estado para el cumplimiento del Estatuto de 1979. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pactó con el PNV completar todas las transferencias pendientes antes de final de 2025. Quedan pocas semanas y falta por cerrar el acuerdo en torno a la Seguridad Social, siguen abiertas las discusiones sobre puertos y aeropuertos, y aún no se han materializado pactos ya anunciados, como los relativos al SEPE. Los socialistas no ven urgencia, pero el PNV sí. En la entrevista, Ubarretxena –que se hace acompañar de una tableta para remarcar los compromisos del pacto con los socialistas– repasa todas las negociaciones abiertas y, al final, analiza otra de las patas de relevancia de su Departamento, las políticas de Transparencia. Euskadi es la única comunidad sin una ley propia y ahora hay una propuesta que tiene visos de prosperar.

Queda poco más de un mes para que se acabe 2025. ¿Dará tiempo a completar todas las transferencias pendientes?

No nos ha pedido el Estado ningún tipo de aplazamiento. Siempre decimos que, mientras la otra parte no pida tiempo, esta parte ha culminado todos los trabajos que tenía por hacer. Le corresponde a la otra parte decir si va a dar tiempo o no. De momento, no han solicitado aplazamiento.

¿El Gobierno vasco aceptaría más plazo o después de 46 años ya no hay posibilidad de prórroga?

Como no se ha dado todavía esa circunstancia... Desde luego, tenemos un acuerdo que hay que cumplir. Es un acuerdo que tenemos con el Gobierno del Estado, pero también es algo que viene en el acuerdo de Gobierno de Euskadi. Y los pactos están para cumplirse.

Esta misma semana, Eneko Andueza ha dicho que es mejor un acuerdo con “garantías” que un acuerdo “contrarreloj”. ¿Comparte el análisis?

Estuve el martes escuchando esa intervención del secretario general del PSE-EE y, sinceramente, tuvo unas frases que me han dejado muy tranquila. Ha dicho que los socialistas son gente de palabra, que cumplen los acuerdos y que son leales a los pactos. Haber oído eso de la boca del secretario general en Euskadi me da muchísima tranquilidad, porque tenemos varios acuerdos. Sobre todo el compromiso 144 del programa de Gobierno que [se pone a leer el literal] dice hay que “trabajar conjuntamente con el Gobierno español para materializar las negociaciones en relación de competencias pendientes, materias y servicios susceptibles de ser transferidas, de conformidad con el compromiso del cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika, tal y como aprobó el Consejo del Gobierno español en enero de 2020 y ratificó en octubre de ese mismo año”. Es decir, el programa es bastante claro. Y no debemos olvidar tampoco que hace un año, en noviembre de 2024, mantuvimos una reunión bilateral en Madrid que presidieron tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el lehendakari, y que en ella se aprobó un cronograma para las materias que había que traspasar. Por eso, sinceramente, cuando he escuchado al secretario general [del PSE-EE] decir que los socialistas son cumplidores y que ellos cumplen los pactos y los acuerdos, me ha dado muchísima tranquilidad.

Hace un par de semanas el lehendakari no parecía estar tan tranquilo. Ponía en cuestión que hubiera voluntad para llegar a algunos acuerdos. Incluso pidió que Sánchez pusiera orden en el Gobierno de España.

Ya le digo lo que le escuché a Andueza y sus palabras han sido las que me han trasladado esa tranquilidad. Que son cumplidores y que van a cumplir el pacto, que es lo que pedimos.

¿Cuántas veces ha estado ya en Madrid desde que es consejera?

Pues no las he contado... Las deberíamos de contar.

La propia estabilidad del Gobierno de Sánchez está en cuestión, tanto por los casos de corrupción que se están investigando como por otros motivos. ¿Le preocupa al Gobierno vasco que esa falta de estabilidad pudiera comprometer las transferencias?

Siempre repetimos que, mientras haya partido, vamos a seguir jugando. Es verdad que el Gobierno español lleva con altibajos ya muchísimo tiempo y se ha puesto en cuestión en numerosas ocasiones su continuidad, pero aparentemente siempre sigue hacia adelante. Para nosotros, en este momento hay un Gobierno detrás de la mesa, tenemos un compromiso y, por lo tanto, vamos a seguir trabajando.

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha dicho que Sánchez debería ir pensando en cuándo convocar elecciones. Eso daría por finalizada la legislatura y la posibilidad de alcanzar estos acuerdos.

Total respeto, como no puede ser de otra manera, a las palabras del presidente de nuestro partido, del PNV. Son cuestiones que atañen a los partidos políticos. A mí, como consejera de Autogobierno, lo que me toca es trabajar por el compromiso 144 del programa de Gobierno que le leía antes. Y es lo que estamos haciendo.

¿Al Gobierno vasco le interesa entonces que Pedro Sánchez agote la legislatura?

Como consejera de Autogobierno, en estos momentos tengo un mandato encima de la mesa. Un compromiso del programa de Gobierno, que es el 144. Es en lo que estamos trabajando, en cumplir el compromiso 144.

Su interlocutor principal en estas negociaciones es el ministro Ángel Víctor Torres. La UCO de la Guardia Civil, en un informe reciente, ha evidenciado su cercanía con Koldo García. ¿Esto preocupa en el Gobierno vasco?

Tenemos una relación de confianza. Diría incluso que con todo el equipo que trabaja en el Ministerio de Política Territorial. Es bueno que haya esa buena relación y que haya una sintonía. Porque eso ayuda mucho en las negociaciones. Por lo tanto, con total respeto a los procesos judiciales que pueda haber, nuestra relación con el conjunto del equipo de Política Territorial sigue siendo buena.

Pasemos a los temas concretos. Por empezar por el más relevante, la Seguridad Social. ¿Qué es exactamente lo que tendría que gestionar Euskadi?

Cuando hablamos de Seguridad Social, hay varias fases. Por eso decíamos que la negociación va a ir por bloques. Ya tenemos unos acuerdos de traspaso que se tienen que materializar en la Comisión Mixta de Transferencias, como son las prestaciones no contributivas, el seguro escolar, la prestación contributiva por desempleo o el subsidio de desempleo. El acuerdo político, por llamarlo de alguna manera, está suscrito y ahora lo tenemos que materializar. Pero, después, quedan una serie de cuestiones que todavía no hemos tratado, como el Fogasa, que también habría que traspasarlo. O el resto de prestaciones contributivas, el propio régimen económico de la Seguridad Social, que es lo que dice el Estatuto de Gernika en su disposición adicional quinta. Lo único que pedimos es que se cumpla el Estatuto de Gernika, que es una ley orgánica.

Es decir, los 12.000 millones de euros de gasto en pensiones del Estado los tendría que gestionar el Gobierno vasco. ¿Ése es el objetivo?

Efectivamente, sería la gestión de la Tesorería General.

¿Y tienen ya pensado cómo se haría esto? Por ejemplo, ¿cómo se llamaría el organismo autonómico que se tendría que crear?

El Gobierno vasco, efectivamente, ya ha hecho sus trabajos previos y tiene planteadas unas alternativas. Pero, en estos momentos, como es una de las materias bajo negociación, me va a permitir la discreción. Es tiempo de trabajo de cocina y me va a permitir que no vayamos más allá. Pero, efectivamente, el Gobierno vasco ya tiene posibles soluciones.

¿Y cuál sería el calendario para asumir la gestión completa del régimen económico de la Seguridad Social?

Eso habría que ir viéndolo en función del acuerdo que se alcance. Hay que materializarlo en una Comisión Mixta de Transferencias. Ahí es cuando ya quedan identificados los medios que se traspasan, personales y materiales, las funciones o los sistemas informáticos. Es decir, hay mucho trabajo también antes de que el traspaso se realice. Hay que hacer una valoración de cuánto tiempo se puede necesitar para poder hacer ese traspaso con garantías.

¿Pero habrá alguna previsión, o al menos algún deseo, de hacerlo en un plazo?

Como digo, estamos en conversaciones discretas y de cocina. Eso entra dentro de ese marco.

Pasando a las políticas pasivas de empleo, el acuerdo se alcanzó aparentemente en septiembre, pero todavía no se ha celebrado la Comisión Mixta. ¿Por qué? ¿Cuándo se va a cerrar y cuándo se van a asumir de forma efectiva esas competencias que antes eran del SEPE?

Se celebrará la Comisión Mixta de Transferencias antes de final de año. En ella van a ir, si no me equivoco, cinco materias. Entre ésas se encuentra el traspaso de las prestaciones contributivas por desempleo y el subsidio por desempleo. Ahora mismo los equipos técnicos están trabajando porque, efectivamente, hay también unos sistemas informáticos que traspasar y tenemos que hacerlo con garantías para que las personas que cobran el desempleo lo sigan cobrando de una manera ordenada. La voluntad es que se pueda celebrar a final de año y con esa previsión estamos trabajando. Pero, sinceramente, ahora mismo no le podemos dar una fecha concreta.

Y el 1 de enero de 2026 no cambiaría nada en el SEPE, entiendo.

En cualquier traspaso que se negocie, primero hace falta un acuerdo político que establezca el marco de cómo se va a realizar. Después hay que bajarlo a una Comisión Mixta de Transferencias, donde ya se detallan los textos jurídicos, los medios personales y materiales, los elementos informáticos y todo lo necesario, y se hace una previsión del traspaso. Le voy a poner como ejemplo el último que hemos hecho, el de los permisos iniciales de trabajo para las personas extranjeras. Fue un traspaso que se materializó ya a finales del año pasado, pero que ha entrado en vigor el 1 de julio. ¿Por qué? Porque había que hacer ciertos ajustes informáticos y procesos que necesitan su tiempo.

¿Y no se puede adelantar nada de cuál es ese calendario en relación al SEPE?

No, porque estamos trabajando ahora mismo.

¿Van a ser transferidos 500 funcionarios como se planteó en su momento o temen que parte de ese personal no quiera ser transferido?

Lo que nos llega generalmente en todos los traspasos es que el personal del Estado suele estar deseando ser transferido. Ha habido transferencias que hemos negociado sin personal y nos han escrito diversos sindicatos protestando porque los medios personales no se habían incluido. El Estado siempre nos hace llegar la información de que ellos necesitan a ese personal y que no lo pueden traspasar. Generalmente, el Estado suele ser reticente a traspasarnos personal pero, en cambio, ese personal suele querer ser transferido.

La transferencia de Puertos se cerró en el año 1982. ¿Por qué se reclama ahora el traspaso del puerto de Pasaia?

Porque, en el Estatuto de Gernika, Euskadi tiene unas competencias en puertos y aeropuertos. Lo único que pedimos es que se ejecute lo que dice el Estatuto de Gernika, son competencias del País Vasco.

Pero la transferencia de puertos ya está hecha en los términos que marca el Estatuto...

Los términos que marca el Estatuto son otros. Lo que queremos son las competencias que nos marca el Estatuto de Gernika. Teniendo en cuenta la realidad actual y las posibilidades que esa nueva realidad nos puede ofrecer, hemos puesto alternativas encima de la mesa para poder hacer valer esa competencia que el Estatuto le confiere a Euskadi.

Para poder transferir el puerto de Pasaia sólo cabe una posibilidad, que es quitándole esa etiqueta de “interés general”. ¿Esto no supone un riesgo económico, como les ha planteado el PSE-EE?

Nunca propondríamos algo que supusiera ningún riesgo económico para Euskadi. Es algo de cajón de pino de madera. Todo el mundo lo puede entender. Jamás plantearíamos nada que pusiera en riesgo la situación económica del puerto ni de ninguna empresa de Euskadi.

Los socialistas también han dicho que este movimiento no estaba consensuado con ellos. ¿Esto es cierto?

Bueno, en el calendario que se pactó con el señor Sánchez en noviembre del 2024 están puertos y aeropuertos. Fue un calendario pactado entre el señor Sánchez y nuestro lehendakari. Y, después, está dentro del marco del compromiso 144 del acuerdo de Gobierno.

¿Y ha gestionado bien Euskadi los puertos? Lo digo porque en las últimas semanas, con la salida de Edurne Egaña, ha habido cierta controversia, incluyendo auditorías del Tribunal de Cuentas y procesos judiciales.

Creemos que con una gestión directa podemos mejorar la competitividad del puerto de Pasaia. Si hubiéramos podido pedir la titularidad del puerto de Bilbao, también lo habríamos hecho. No quiero dejar ninguna duda de que si hubiéramos tenido la posibilidad, habríamos pedido la misma alternativa para los dos puertos. Hemos tratado de ser posibilistas, como decía. Y, bueno, yo creo que los puertos han tenido una gestión... Tienen sus empresas, tienen un volumen de tráfico, sí, pero nosotros vemos que puede ser mejorado.

Pasemos ya a los aeropuertos. ¿Han encontrado ya esa fórmula “negocial” para que Euskadi participe en la gestión de Loiu, Foronda y Hondarribia?

Seguimos negociando. Seguimos hablando. Tuvimos una subcomisión de infraestructuras aeroportuarias la semana pasada y nos intercambiamos documentos. El Estado quedó también en hacer aportaciones a nuestro documento. La buena noticia es que seguimos hablando y que tenemos el mandato de poder encontrar esa fórmula que canalice las aspiraciones vascas.

José Antonio Santano [secretario de Estado] ha sido bastante crítico con las posibles alternativas que plantea el Gobierno vasco. ¿Se han superado ya estas reticencias?

Hay un acuerdo que hay que cumplir. Si realmente creemos en el Estatuto de Gernika…

Hay un precedente, el catalán. Allí hay una agencia autonómica propia de aeropuertos. ¿Se plantea el Gobierno vasco hacer algo así y para ello pedir que dejen de ser de “interés general” alguno de los aeropuertos vascos?

No, nosotros no planteamos ni que dejen de ser de interés general ni romper el sistema de Aena. Sin romper el sistema en red de Aena, nuestra propuesta incluye incrementar el valor. Queremos ser más competitivos, ganar en conectividad, poder decidir en las inversiones. Por ahí va nuestra propuesta. Lo que tenemos que hacer es encontrar cuál puede ser esa figura negocial que canalice estas aspiraciones.

¿Veremos antes de final de año otra cumbre entre Sánchez y Pradales?

Se debería de dar. El reglamento de la [comisión] bilateral establece que tiene que haber una reunión presencial con el lehendakari y con el presidente del Gobierno cada seis meses. La anterior fue en julio y, por lo tanto, tocaría a final de año.

Como consejera, también le compete el área de Transparencia. Es, de hecho, la consejera responsable de la ley. Parece que esta legislatura será aprobada, pero ¿cómo es posible que Euskadi sea la única comunidad autónoma sin ley de Transparencia? Hasta ahora, tres legislaturas, tres intentos fallidos. ¿Qué ha ocurrido?

No lo sé, porque nosotros no hemos vivido esos procesos. Pero, aunque Euskadi no tenga en estos momentos una ley de Transparencia, sí ejerce muchísimas de las cuestiones que aparecen en la ley. De hecho, en los ‘ranking’ internacionales, Euskadi ostenta posiciones de primer nivel. Muy por delante del resto de comunidades autónomas del Estado que sí tienen una ley de Transparencia. No por tener la ley son mejores en transparencia. Me gustaría subrayar el camino que Euskadi ha realizado. Aunque no tenga una ley, sí que ha dado pasos muy significativos. La nueva ley, además, incluye ciertos matices que el resto de leyes del Estado no tienen. Y hay enmiendas que se han presentado y que son muy interesantes, por ejemplo en cuanto a participación ciudadana. La ley de Transparencia será una herramienta más en el fortalecimiento de la democracia.

Cuando habla de enmiendas, ¿son de la oposición?

Tanto de la oposición como de los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno. Ha habido enmiendas por parte de todos los grupos, las hemos analizado y se puede llegar a acuerdos. Desde el Gobierno vasco, las hemos analizado y vemos que hay enmiendas de todos los grupos que son aceptables y que pueden enriquecer el proyecto.

¿Cuándo entraría en vigor la ley y, sobre todo, qué cambios reales y prácticos comportaría?

La ley entrará en vigor en el momento en que se apruebe en sede parlamentaria.

¿Cuándo será eso?

El año que viene, seguro. Ahora está en fase de enmiendas. No tengo la varita mágica y, además, no soy parlamentaria, pero el año que viene tendría que ser.

A su cartera le corresponde también el control del salto a la privada de los excargos. ¿Ha actuado esa oficina en tiempo y forma en todos los casos que se han conocido en el último año y medio?

Lo primero que tengo que decir es que es una oficina independiente, gestionada por funcionarios y funcionarias de carrera, que no son cargos. Es decir, los informes de compatibilidad –que efectivamente yo sí que rubrico– los extiende un funcionario o funcionaria que no es alto cargo . Es un órgano que funciona de forma independiente y hay que respetar su independencia.

¿Y ha operado en tiempo y en forma en todos los casos en esta legislatura?

Entiendo que habrá operado en tiempo y forma. Como digo, es un órgano independiente y le debemos todo el respeto.

Al llegar al cargo, ¿detectó que había cierto desorden en esta ventanilla del Gobierno? Lo digo porque había un montón de información que llevaba sin actualizarse meses.

Me imagino que hay que tener en cuenta también que había un proceso electoral de por medio. Pero, bueno, en cuanto hemos llegado al Gobierno lo que hemos hecho es intentar que, efectivamente, los portales estén actualizados. Intentamos ser lo más transparentes posibles, cumpliendo la normativa que tenemos que cumplir.

Usted es también presidenta de la Comisión de Ética en esta legislatura. No está teniendo mucho movimiento este órgano.

Creo que en esta legislatura habremos tenido un par de consultas. Lo digo de memoria. Se les ha dado la respuesta oportuna.

¿Sería conveniente que tuviese más actividad?

Tenemos muchísimos organismos para poder realizar las oportunas denuncias o preguntas. También me gusta poner encima de la mesa que hasta ahora, al menos, todas las respuestas de la Comisión de Ética se han tomado por unanimidad de los presentes. Y tenemos en ese comité también personas externas e independientes como vocales. Eso demuestra el buen funcionamiento de ese órgano.

Este viernes ha presentado una nueva ley…

Sí, en el marco de trabajo que puso en marcha el lehendakari con las tres diputaciones y con Eudel para la desburocratización, agilización y simplificación de la administración. Uno de los objetivos era elaborar una ley de simplificación y agilización de la propia Administración. Ha sido un proceso que ha durado un año. Este viernes hemos presentado el borrador de la ley en colaboración con las tres diputaciones y con Eudel. Suponemos que va a ser un paso importante. El borrador comienza ahora su tramitación dentro del Gobierno y estimamos que el año que viene pueda ir ya al Parlamento.