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Pello Otxandiano (EH Bildu): “Sin duda, tendría que haber otra legislatura de Sánchez. PP y Vox son una amenaza”

Pello Otxandiano (Otxandio, 1983) es el líder de EH Bildu en el Parlamento Vasco, donde se celebra la entrevista. El encuentro tiene lugar en una semana en que la formación abertzale ha lanzado, desde la oposición, un plan para abordar la emergencia habitacional. Plantean construir 30.000 viviendas mediante la “colaboración público-comunitaria” y movilizar otras 30.000 con iniciativas como, por ejemplo, retirar el uso turístico a 5.000 pisos. Dice Otxandiano que, al lanzar estas ideas, se ha sentido un poco como en el Gobierno mientras PNV y PSE-EE, con sus críticas, hacían las veces de oposición. En materia de Vivienda, EH Bildu se ve más cerca de los socialistas. En otros temas, como las negociaciones para blindar las exigencias de euskera en la Administración, negocian con el PNV, aunque considera “trumpiana” su forma de proceder. En realidad, opinan que nacionalistas y socialistas tienen muchas discrepancias en variados asuntos. A lo largo de la conversación, Otxandiano desliza que volverá a ser candidato a lehendakari en 2028, siempre que las bases lo ratifiquen. Y también insiste en que “sin duda, sin duda” España necesita una nueva legislatura de Pedro Sánchez, porque la alternativa de Alberto Núñez Feijóo, bien con el PP en solitario o con Vox de aliado, será una “amenaza”.

Esta semana han presentado un plan de vivienda desde la oposición. ¿Quieren mostrarse como un Gobierno en la sombra?

Lo que queremos es atender la primera preocupación de la ciudadanía y dar una respuesta determinante a una crisis que tiene consecuencias sociales y económicas de primer nivel. Nos corresponde actuar en ese sentido. Siendo oposición, en primer lugar, haciendo una crítica política a la política de vivienda del Gobierno, pero, a la vez, planteando alternativas. Lo que hemos presentado este sábado es el buque insignia de una política de vivienda capaz de dar respuesta a la crisis habitacional.

Lo decía porque este viernes, en el Parlamento, señalaba usted mismo que están pareciendo más el Gobierno que el Gobierno. Y que ellos parecen la oposición.

Sí. Durante esta semana he tenido un poquito esa sensación. Nosotros hacemos una crítica política medida en cuanto a formas, aunque sea intensa. Porque eso forma parte del juego político y democrático. Pero si se hace desde el respeto y con rigor, no sólo creo que sea legítimo, es que además es necesario. Y las reacciones han sido bastante viscerales, tanto por parte de los portavoces parlamentarios como incluso por parte del propio consejero de Vivienda. Y en redes sociales también se ha escuchado mucho ruido. Ya digo, tenía la sensación de que en algún momento que el Gobierno éramos nosotros y de que los partidos de Gobierno eran la oposición.

Sobre su plan, el consejero de Vivienda, Denis Itxaso, ha pedido “bajar de las musas al teatro”, que se dejen de diagnósticos. Y también ha dicho que “hasta hace diez minutos” los ayuntamientos de EH Bildu no cedían suelos para construir vivienda.

Es mentira. Y tenemos datos y testimonios de numerosos alcaldes y exalcaldes, de alcaldesas y exalcaldesa. Tengo el teléfono ardiendo de mensajes de primeros ediles que me cuentan su experiencia personal con el Departamento de Vivienda. Ningún alcalde se ha opuesto a que se construyesen viviendas públicas en su municipio en los últimos diez años. Otra cosa es que los desarrollos urbanísticos hay que hacerlos de forma racional y ordenada, porque afecta al desarrollo social y económico del municipio. En ningún momento, repito, los ayuntamientos han estado en contra de ceder suelos al Gobierno vasco. El problema ha sido, más bien, la incapacidad operativa en muchos casos del Departamento a la hora de ejecutar los convenios. Hay muchos convenios que no se han ejecutado, otros que todavía que nos han firmado y proyectos que se han planteado al Gobierno que no le han interesado. En fin, entiendo que los ayuntamientos son un eslabón importante en política de vivienda porque el suelo es patrimonio municipal, pero no se pueden comparar las capacidades y el rol de los ayuntamientos con el del Gobierno vasco. Aquí lo que ha habido es una falta de política vivienda durante los últimos diez años y los datos son evidentes. 3.000 viviendas públicas promovidas por Visesa, que es la promotora pública.

Ustedes plantean construir 30.000 viviendas, diez veces más. ¿Es realmente viable construir 30.000 viviendas en una década?

Si se produce un salto en capacidades institucionales y en recursos económicos y financieros, es posible. Tenemos ciertas capacidades institucionales aquí. Visesa y Alokabide son estructuras administrativas que tienen experiencia en promoción de vivienda pública. Y hay que multiplicar esas capacidades. Eso exige la creación de una nueva entidad que haga promoción de vivienda asequible, una entidad profesional que tenga capacidad de gestionar suelo. Y de gestionar esa vivienda pública tanto en alquiler como en derecho de superficie. Hace falta un punto de inflexión, un salto de escala.

¿Y quién paga eso?

Por una parte, hay un capital público. Hay que disponer de 1.000 millones por parte del Gobierno vasco, que tiene ese margen económico y financiero. Por otra parte, las fundaciones bancarias son un actor relevante porque su función social encaja perfectamente con esto. Están para hacer obra social. ¿Qué mejor obra social que promover vivienda pública en estas condiciones? De hecho, tienen la oportunidad de plantear una inversión que sea una obra social autofinanciada. Y, por otra parte, las EPSV también pueden ser un actor importante. Ese capital privado de orientación social que tenemos aquí, en los tres territorios, y que no existe en ningún otro lugar, nos permite, en colaboración con el capital público, constituir una sociedad de capital mixto, un vehículo de inversión, de promoción y de gestión de la vivienda asequible. Es posible ofrecer precios realmente asequibles, muy por debajo de los actuales del mercado.

¿Y esto de la colaboración público-privada no es una vía para privatizar?

No, es público-social. O diría que es público-comunitaria. Porque estamos contando con un capital privado de orientación social, que tiene una función social, que tiene un arraigo en el país, que tiene un sentido social. Claramente. Por otra parte, aquí se reconfigura el ecosistema institucional. Se introduce un nuevo elemento. En euskara, nosotros le hemos llamado EESE, Etxebizitza Eskuragarriaren Sustapen Erakundea.

Pero eso…

Se mantiene Visesa como promotora 100% pública para la promoción de vivienda social o VPO de régimen especial. Es multiplicar las posibilidades institucionales, económicas y financieras mediante una colaboración público-comunitaria.

Las EPSV también pueden ser un actor importante. Ese capital privado de orientación social que tenemos aquí, en los tres territorios, y que no existe en ningún otro lugar, nos permite, en colaboración con el capital público, constituir una sociedad de capital mixto, un vehículo de inversión

Viviendas de alquiler, pero también para venta.

Alquiler y derecho de superficie. Al cabo de 75 años, el suelo y el vuelo pasan a ser patrimonio de la Administración pública.

Se plantea también captar otras 30.000 viviendas. Por ejemplo, movilizando la vivienda vacía. Los ayuntamientos, con la honrosa excepción de Azpeitia, nunca han aplicado el canon de vivienda vacía que se introdujo en la ley de 2015. Tampoco los de EH Bildu. Con la excepción de Azpeitia, insisto.

Hay que construir. En ningún momento nosotros hemos estado en contra de construir vivienda pública. Pero no sólo hay que construir. Tenemos un parque de viviendas ya construido y aprovechando lo ya construido se pueden movilizar hasta 30.000, sí. Estimamos que se pueden captar 15.000 de las 25.000 viviendas vacías que existen, las que son movilizables. Parece que es una cifra ambiciosa, pero es realista. Además, 5.000 viviendas turísticas tendrían que pasar a tener uso residencial. Y, después, hay otra fórmula que es interesante, la redensificación urbana. Esto hay que hacerlo bien, no de cualquier manera, respetando los equipamientos, los espacios públicos, pero es posible. Desde nuestro punto de vista, se pueden crear nuevas viviendas también sin ocupar más suelo.

¿El canon?

El decreto de vivienda vacía lo aprobó el Consejo de Gobierno en 2021, después de seis años de aprobarse la ley vasca. Tal como ha dicho, el único Ayuntamiento que lo ha aplicado es Azpeitia. La alcaldesa, Nagore Alkorta, que de profesión es secretaria municipal, explica muy bien que ese decreto es muy deficiente en términos jurídicos. Azpeitia, siendo un municipio mediano pero que cuenta con recursos administrativos y financieros que no son muy comunes en municipios o ayuntamientos de ese tamaño, ha contado con asesoramiento externo para poder aplicar ese decreto y el canon. Es un proceso complejo. Se ha hecho un decreto que el PNV no comparte, porque critica su aplicación de su decreto siendo del Gobierno de Iñigo Urkullu. Y no ha planteado ningún tipo de asesoramiento a los ayuntamientos para su implementación. Es un proceso complejo realmente, porque se trata de intervenir. Esto es una forma de intervención y hay bastante inseguridad jurídica. Desbrozar el camino no es tarea fácil. Azpeitia ya lo ha hecho. Los resultados son positivos y de aquí en adelante otros ayuntamientos, también de EH Bildu, recorrerán ese camino.

¿Cuáles?

Me guardo un poco la información porque me parece que tienen que ser los responsables municipales quienes den cuenta de su política municipal.

¿Cómo se hace para que 5.000 viviendas que ahora están en uso turístico pasen a no tenerlo?

Ésta es otra forma de intervención que ya se está haciendo. Catalunya lo ha hecho. Y aquí se puede hacer. Puedes hacer por ley que, primero, ya no se den más licencias de viviendas turísticas. Y puedes hacer que, al cabo de equis tiempo, las licencias que reúnan determinadas características se queden sin efecto. Esto se puede hacer por ley, insisto. No hace falta ninguna ley nueva. De hecho, con la actual legalidad es posible actuar sobre las viviendas vacías, sobre las viviendas turísticas y sobre la redensificación y hacer toda la vivienda pública necesaria.

La ley de medidas urgentes de 2025 de diciembre, que no apoyaron, ya preveía que en zonas tensionadas no se puedan establecer nuevas viviendas turísticas. ¿Sería esto o sería también para fuera de las zonas tensionadas?

Con eso no se está pasando del uso turístico al uso residencial de las actuales viviendas. Creemos que se deberían destinar 5.000 viviendas turísticas a uso residencial. Eso significa dejar sin efecto algunas licencias turísticas. Y hay que hacerlo. Hay que hacerlo en aquellos lugares donde las consecuencias de la turistificación están condicionando sobremanera la vida social de las ciudades y también las posibilidades de acceso a la vivienda.

¿En Donostia?

Por ejemplo.

Cuando viaja fuera, ¿se ha alojado alguna vez en alguna vivienda turística?

No, nunca. Vamos a ‘campings’. O vamos a apartamentos. He estado recientemente en París en la semana de Pascua y nos alojamos en un apartahotel.

Hay que retirar la consideración de viviendas turísticas en aquellos lugares donde las consecuencias de la turistificación están condicionando sobremanera la vida social de las ciudades y también las posibilidades de acceso a la vivienda, como Donostia

Hay dos normativas esenciales en vigor, la ley vasca de 2015 y la ley estatal de 2023. En ambas participó EH Bildu. ¿Cuál es el grado de satisfacción con la aplicación y desarrollo de esas dos leyes?

La ley vasca de 2015 fue pionera. Estableció un marco de actuación que permitía anticipar la situación actual. Se hizo un ejercicio de anticipación. El problema ha sido la década perdida. Es un término que se lo hemos tomado prestado al propio consejero Itxaso, que es lo que le recriminó al PNV en Donostia, haber perdido mucho tiempo. Dijo que tiene dudas de si es posible recuperar ese tiempo ya. La ley era buena, pero el desarrollo ha sido absolutamente insatisfactorio. La prueba es que el desarrollo reglamentario de esa ley empieza seis años más tarde. ¿La ley estatal? Tiene una cuestión importante: por primera vez permite la intervención a través del mercado del alquiler. Ahora vamos a empezar a ver los datos en aquellas zonas tensionadas donde ya se ha aplicado el índice de precios de referencia, por ejemplo Orereta. En Nafarroa, ya tenemos los primeros datos. Los datos van a ser positivos, van a bajar los precios y no se va a detraer la oferta. Ese mecanismo tan criticado por el PNV, al que se ha opuesto por activa y por pasiva, es uno de los mecanismos de intervención que necesitamos.

En un plano más político, una de sus frases de esta semana ha sido que el PNV “no quiere” hacer en Vivienda y que el PSE-EE “quiere y no puede”. ¿Esto qué significa?

El consejero Itxaso es consciente de esta situación. Él es partidario de intervenir. El problema es que la emergencia habitacional y sus consecuencias sociales y económicas exigen de una intensidad y de una profundidad en las políticas que este consejero no puede hacer porque no tiene el consenso necesario en su Gobierno. Porque el PNV sigue defendiendo lo que se ha demostrado que es un dogma fallido, que es la autorregulación del mercado. Es decir, la base de la política de vivienda del PNV es que quien tiene que proveer la vivienda es el mercado. Por eso plantea avales a la compra de la vivienda, por ejemplo. Y por eso está en contra de la intervención del mercado del alquiler. Evidentemente, son dos paradigmas. Se producen situaciones como las de Donostia con las parcelas del Infierno. El alcalde quiere venderlas a una promotora privada para hacer viviendas tasadas de 400.000 euros para las clases medias, mientras el consejero le dice que le ceda los suelos para vivienda pública, aunque sea en derecho de superficie para las clases populares de rentas medias, con precios realmente asequibles. Son dos paradigmas. Por eso decimos que unos no pueden porque los otros no quieren.

Da la sensación, desde fuera, de que EH Bildu lo que busca en determinados temas, y no sólo en el área de vivienda, es mostrar la sensación de que hay una brecha entre los socios de Gobierno, que no están de acuerdo y que sería conveniente configurar otro tipo de mayorías.

Creo que para mostrar eso se valen por sí mismos. No están de acuerdo en muchas cosas. La lista es interminable. [Cuenta con sus dedos] Puerto de Pasaia, gestión de los aeropuertos, tren de alta velocidad, política migratoria, política lingüística, política de vivienda. Ya no es sólo que tienen discrepancias o desavenencias muy profundas en temas muy sensibles desde el punto de vista del país, es que además ahora las relaciones entre ellos están muy deterioradas y eso condiciona también la gobernabilidad. Se encargan ellos solitos.

¿Y cuál es la alternativa? ¿El pacto de EH Bildu con los socialistas? ¿O con el PNV?

La alternativa es un programa de Gobierno sólido que no sea la fusión de dos programas electorales a través del Chat GPT. No queremos gobernar por estar en los gobiernos. Queremos estar en los gobiernos para cambiar la política y cambiar las políticas públicas. Hagamos un debate sobre contenidos.

¿La coalición de PNV y PSE-EE comparte un programa de Gobierno hecho por Chat GPT?

Es una forma figurativa de decirlo. Es evidente que ese programa no es la referencia de la acción de Gobierno, porque de lo contrario no se entiende el espectáculo que están dando, por ejemplo, con el puerto de Pasaia. Ya se sabía que esta legislatura iba a ser la de las transferencias o del traspaso de las competencias del Estatuto de Gernika. Y no hay tantas que faltan. Llevan cuarenta años gobernando juntos. Se supone que sobre puerto habrán hablado muchísimo históricamente. Cuando se hizo el programa de Gobierno, aquellos temas que ahora se muestra que son muchos y de mucho calado no se trataron con la suficiente seriedad, se dejaron en un nivel de abstracción tal que te permite llegar a un documento que realmente no es una base sólida para plantear una acción de Gobierno que responda a los retos del país. Esto es lo que quiero decir. Sé que la política ahora se presta a frivolidades. No quiero que esto parezca una frivolidad, entiéndase de forma figurativa.

Se cumplen dos años desde el inicio de la legislatura y quedan dos para terminarla. Mencionaba la idea de gobernar ¿Su intención en 2028 sería repetir como candidato, ganar las elecciones y ser lehendakari?

Me presentaré como candidato, si es que las bases de EH Bildu así lo quieren. La idea es ganar las elecciones. Evidentemente, nos presentamos para eso. ¿Y para qué? Para hacer posible un cambio de paradigma en esta parte del país. Tanto Nafarroa como en Iparralde funciona un paradigma colaborativo…

La situación navarra…

Con sus problemas, sí. Lo hemos visto esta semana. Pero también se han hecho muchas cosas positivas a través de la colaboración y la cooperación en los últimos ocho años en Nafarroa. Ese paradigma también funciona en Iparralde de alguna manera. Es decir, entender que las diferentes tradiciones políticas tienen que ser de alguna manera copartícipes en el desarrollo del país. Aquí, en la comunidad autónoma vasca lo que hay en vigor es una política de exclusión, clarísimamente. Esto lo expresó muy claramente la presidenta del PNV en Araba [Jone Berriozabal] al día siguiente del acuerdo presupuestario en el Ayuntamiento en Vitoria. ¿Cuándo se ha visto en política que un partido que está en el Gobierno al día siguiente de que la oposición le apruebe los presupuestos salga a criticar ese acuerdo? Eso demuestra claramente que el PNV tiene una obsesión, que es dejar fuera de la ecuación política a EH Bildu. ¿Por qué? Está primando una política en la que lo que tienen en la cabeza son las siguientes elecciones. El PNV está en modo supervivencia. No entiende que la fuerza que EH Bildu tiene en el Parlamento se la ha otorgado la ciudadanía. Más que una oportunidad desde el punto de vista del país, lo ve como una amenaza para su hegemonía, anteponiendo los intereses de partido a las posibilidades que ofrece esta aritmética parlamentaria en términos de país. Eso es un problema que nos conduce a bloqueos en la política en estos tres territorios.

Dispuesto a ser candidato pero, ¿para gobernar con quién? ¿Con el PNV o con el PSE-EE?

La pregunta principal no es con quién. Evidentemente no con el PP. Eso está más que claro. PP y Vox representan la reacción y tienen una representación muy minoritaria. Por lo tanto, PNV, PSE-EE y la izquierda confederal, que está bastante en horas bajas, podríamos tener una un espacio de diálogo sobre un proyecto de país en diferentes ámbitos institucionales. Pero esto hay que hacerlo institución a institución. Lo que no vamos a hacer en ningún caso, ni con el PNV ni con el PSE-EE, es repetir el mismo esquema de alianza política que plantean ellos, que es que se juntan al día siguiente de las elecciones en un despacho y hacen un pacto en cascada para llegar hasta el Ayuntamiento de Labastida. Eso es un error. Hay que negociar programas en cada ámbito institucional, ayuntamiento a ayuntamiento, diputación a diputación y Gobierno a Gobierno.

El PNV tiene una obsesión. Nos ve como una amenaza para su hegemonía, anteponiendo los intereses de partido a las posibilidades que ofrece esta aritmética parlamentaria en términos de país. Eso es un problema que nos conduce a bloqueos en la política en estos tres territorios.

Si me permite la broma, el acuerdo en Labastida no le salió muy bien al PNV. Gobierna el PP.

El PNV no quiso que EH Bildu gobernase en Labastida, que era la alternativa. Y el resultante es que el PP gobierna Labastida. Es que ése es el problema. El PNV mantiene esta política porque de lo que se trata es, en última instancia, de excluir cualquier gobierno de EH Bildu, incluso apoyándose en el PP. También en Gipuzkoa, Durango o Gasteiz. Mientras tanto, EH Bildu ha dado ejemplos muy pedagógicos en sentido contrario. En Gasteiz nosotros le dimos en 2015 el Gobierno a Gorka Urtaran, siendo nosotros segunda fuerza y el PNV tercera fuerza para quitarle el Gobierno al PP.

¿Siguen considerando esa confluencia con el PNV en elecciones generales y europeas que aprobaron en el último congreso? ¿Es eso preferible a una alianza con Gabriel Rufián?

No se ha entendido muy bien. Porque la oferta no iba dirigida al PNV. O no exclusivamente al PNV. La idea es sumar a toda esa gente en Euskal Herria que está a favor de un programa democrático y de reconocimiento de nuestro carácter nacional. Frente a una reacción, la posibilidad de una amenaza real por medio de un Gobierno PP-Vox, plantear una solución excepcional. Con un programa democrático de mínimos, expresar esa voluntad democrática de forma tajante, contundente. Ésa era la propuesta. Después, esto se ha simplificado. Se explica en términos de que EH Bildu lo que quiere es una alianza con el PNV. No, no sólo con el PNV, también con la izquierda confederal.

¿Y sobre Rufián?

Sobre las opiniones que ha vertido Rufián, lo que decimos es que evidentemente todas aquellas fuerzas democráticas que vayan a sostener el Gobierno de Sánchez necesitan un programa de mínimos común. El problema de esta legislatura es que ese bloque que invistió a Sánchez no ha tenido un programa de mínimos democrático. Cada uno ha ido por su lado, ¿no? Tenemos que ser capaces de conformar ese programa de mínimos que guarda relación con políticas sociales, antineoliberales, y con plantear de forma seria el debate de la plurinacionalidad y lo que eso significa en las respectivas naciones. Sobre eso es posible articular una gran alianza.

Sorprenden un poco estas reticencias porque ERC ha sido socio histórico de EH Bildu o incluso de otras fuerzas que la componen, como EA. En las europeas, hace dos años, concurrieron en coalición.

Sí, pero es otro marco. En el marco estatal, hay que ver cómo se optimiza el voto en términos de hacer imposible una mayoría de PP y Vox. Se sabe que hay que optimizar el voto en cada circunscripción. Creo que las fuerzas soberanistas, en sus respectivas naciones, optimizan el voto. Aquí el problema básicamente está en la izquierda española a la izquierda del PSOE. Esto lo hemos visto claramente en las sucesivas elecciones que ha habido en las diferentes comunidades españolas en los últimos meses. EH Bildu no puede solucionar los problemas de la izquierda española. Pero somos muy conscientes de que tenemos que formar parte de una alianza como lo estamos siendo. Una alianza que conforme un proyecto de mínimos para sostener una nueva legislatura de Sánchez. Diría incluso que hemos sido los más responsables en ese sentido en el Congreso de los Diputados, insistiendo permanentemente en que aquí no tenía que haber un bloque circunstancial, sino un bloque con un programa de regeneración democrática y política.

Entonces, si por EH Bildu fuera, ¿Pedro Sánchez debería continuar otra legislatura?

Sin duda. Sin duda. Porque la alternativa es PP y Vox, que es una amenaza. Me da igual un Gobierno de coalición de PP y Vox que un Gobierno de Feijóo con Vox fuera. Es que el PP de Ayuso es una fuerza reaccionaria y una amenaza desde el punto de vista de los derechos, de las libertades. Es un muro infranqueable para aquellos que planteamos avanzar en una agenda plurinacional.

¿No les pesa nada la corrupción, las investigaciones abiertas? EH Bildu siempre ha sido muy beligerante. Además, ustedes, con Irati Jiménez, presiden la comisión en Navarra sobre estas cuestiones.

Cero tolerancia frente a la corrupción. Los casos hay que analizarlos, hay que sustanciarlos. Hay que ver qué dan de sí esos procesos judiciales. Pero corrupción la han tenido históricamente tanto el PSOE como el PP. Ahora estamos asistiendo al juicio de la Kitchen. Por lo tanto, no es el elemento en estos momentos diferenciador entre el PSOE y el PP.

Mencionaba antes el tema navarro. Han sido días complejos en torno a las ikastolas. Da la sensación de que ustedes en materia de Salud, por ejemplo, defienden firmemente la publificación y que en Educación, sin embargo, son más indulgentes.

Hay que entender que la educación no es sólo un servicio público; es mucho más que eso. El sistema educativo es un elemento fundamental para la supervivencia de una nación. Históricamente, todos los Estados lo han lo han entendido así. En Estados serios, la Educación es un pacto de Estado. Por ejemplo, en Francia. No lo ha sido así en España, donde han cambiado la ley educativa cada cuatro u ocho años. La educación es un instrumento fundamental para la reproducción de la identidad nacional, también para la inclusión social. El problema es que Euskal Herria no ha tenido los instrumentos soberanos para desarrollar un sistema educativo propio. Una parte del sistema concertado tiene una trayectoria histórica que ha pretendido suplir esa deficiencia histórica -y también actual en muchas partes de Euskal Herria- en relación a precisamente a nuestra identidad nacional. En la ley educativa [de 2023 en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa] nosotros planteamos un marco que planteaba que, básicamente, a cambio de dinero público todos los centros educativos deben cumplir una serie de cuestiones que se consideran interés social o interés público. Y el que no las cumpla, pues se quedará fuera.

Una ikastola no deja de ser un colegio privado.

Jurídicamente sí, pero si esa ikastola cumple con lo que la Administración pública entiende que es interés social o interés público, si es gratuita, si asume los compromisos contra la segregación escolar y es laica… No deberíamos mezclar lo público con lo estatal. Me parece que es una visión de lo público excesivamente estatalista. Lo público, como servicio público, como servicio de interés público, puede ser no netamente administrativo. Puede haber formulaciones híbridas que conecten con tu idiosincrasia como país. Un país que tiene un fondo comunitarista importante. Aquí hay muchas cosas que se hacen por vocación de servicio a la comunidad, no desde las administraciones, sino desde la sociedad civil organizada. E históricamente se han suplido muchas carencias de las administraciones, sociales o lingüísticas, desde una sociedad organizada que no busca el ánimo de lucro, sino prestar un servicio importante para la cohesión social y para el futuro de la comunidad.

No deberíamos mezclar lo público con lo estatal. Me parece que es una visión de lo público excesivamente estatalista. Lo público, como servicio público, como servicio de interés público, puede ser no netamente administrativo. Puede haber formulaciones híbridas que conecten con tu idiosincrasia como país

Me ha parecido escuchar antes que Francia es un Estado serio.

No, yo no he dicho eso. He dicho que España históricamente no ha sido un Estado serio. Francia es un Estado que tiene una cultura jacobina muy fuerte. Por eso ha entendido que la educación era cuestión de Estado. Esto es lo que quería decir.

Sobre la ley de empleo público y el euskera, ¿han tenido ya esa reunión con el PNV que se dijo que iba a ser esta semana?

El miércoles, el PNV nos propuso la reunión para el jueves. Le respondimos que mejor hacerla la semana que viene. Es una reunión seria. Las reuniones no se convocan de un día para otro. EH Bildu tiene que elegir su interlocución. Hay que cuadrar agendas y hay que preparar la reunión. Se producirá la semana que viene.

¿Y en relación a la ley, en qué punto están?

Hay dos cosas que hay que resaltar. El planteamiento que ha hecho el PNV nos ha dejado perplejos. Los periodistas que seguís la actualidad política no sé si habréis visto esto alguna vez en este Parlamento. Salen los representantes del PNV e interpelan a EH Bildu públicamente pidiéndole una abstención sobre algo que desconocemos. ¿Cuál es el planteamiento de negociación? De hecho, más que pedírnoslo, nos lo exigen. Implícitamente hay una amenaza, un ‘si no te abstienes, tú vas a ser el culpable del bloqueo’. Es una forma de negociar bastante ‘trumpiana’. Desde el punto de vista democrático, creo que debería llevarnos a una reflexión. Esto no se ha producido nunca en este Parlamento. Así están las cosas.

¿Pero hay agua en la piscina?

Vamos a hacer una reunión. La reunión tiene que ser seria, El comienzo de un proceso. Tiene que haber un calendario, una metodología de trabajo. Tenemos la opinión de los expertos, que dicen que nuestra propuesta no es inconstitucional y que dice que la propuesta del PNV es un parche. Eso lo dijo un experto convocado a la comisión, al que después el PNV ha propuesto como magistrado del Tribunal Constitucional, nada menos. Y nosotros sí que queremos hacer una aclaración con respecto a nuestra posición en este debate, porque aquí hay mucho ruido y hay mucha gente interesada en distorsionar nuestra propuesta. ¿Qué es lo que proponemos? Que la Administración pública termine siendo bilingüe. Creo que esto, hasta ahora, ha sido un consenso. Lo queremos en el marco de un proceso gradual. Démonos tiempo. ¿Cuánto? ¿Cuatro legislaturas? Hay dos lenguas oficiales y la ciudadanía tiene derecho a dirigirse en las dos lenguas oficiales a la Administración. Además, proponemos que el proceso tiene que ser flexible. Eso implica que va a haber plazas que se van a demorar, personas que entran a la función pública asumiendo un compromiso para aprender euskara y que van a disponer de los medios de la Administración para ello. Y, además, va a haber exenciones en algunos casos, porque aquí no se trata de que las personas que ya tienen 60 años empiecen a aprender. Nadie está hablando de esto. Ahora se trata de darle seguridad jurídica.

Algunos puntos parecen un poco lo que plantea el PNV...

Lo que no entendemos -y me produce un cierto desasosiego- es que, efectivamente, planteado así, el acuerdo es bastante posible. Con el PNV, pero también con el PSE-EE y con Comisiones [Obreras]. Planteado así, si alguien quiere hacer creer que se quiere imponer el euskara ‘ipso facto’ en todas las Administraciones y que eso va a generar un perjuicio, se equivoca. Quiero pensar que aquí nadie cuestiona el objetivo final, que es que la Administración termine siendo bilingüe en el marco de un proceso. Los únicos que lo cuestionan fuera de aquí son PP y Vox. Quiero pensar que aquí nadie pone en cuestión ese objetivo y, por eso mismo, nos hemos esmerado en tender puentes y plantear la necesidad de un acuerdo inclusivo entre diferentes tradiciones.

La forma de negociar del PNV con el euskara es bastante ‘trumpiana’. Desde el punto de vista democrático, creo que debería llevarnos a una reflexión. Esto no se ha producido nunca en este Parlamento

Precisamente estos días ha dicho que algunas posiciones de PSE-EE y CCOO, a los que citaba, eran similares a las de PP y Vox en otros lugares como Baleares.

En ningún momento pasa por mi cabeza equiparar al PSE-EE o a Comisiones con PP y Vox. En ningún momento. Lo repetiré: los únicos que cuestionan que donde haya lenguas cooficiales la Administración no tiene que terminar siendo bilingüe en el marco de un proceso gradual fuera de aquí son PP y Vox. Han pasado 44 años de la ley de euskara. Se ha avanzado mucho. Lo que decimos es que hay que seguir avanzando hasta llegar a esa meta de forma progresiva y gradual, y actuando con mucha flexibilidad con la gente que no sabe euskara. Incluso planteando exenciones. Esto es lo que planteamos nosotros. Si hubiera una política de altura y esto no estuviera interferido por muchos intereses electorales cortoplacistas, hay base política para hacer un acuerdo inclusivo. Vamos a intentarlo hasta el último minuto. La semana que viene nos reuniremos también con UGT. Sé que las condiciones son difíciles, pero no es un acuerdo difícil. Evidentemente, nos tendremos que poner de acuerdo en la intensidad y en el ritmo de ese proceso. Estamos dispuestos a negociar sobre ello. Es más un debate jurídico que político.

¿Y para ser candidato de EH Bildu en las elecciones municipales de 2027 hay que saber euskera en todos los lugares?

Hay que saber euskara, sí. O por lo menos tener el compromiso de aprender euskara en un plazo de tiempo razonable. Y algunas competencias hay que tenerlas, porque evidentemente te vas a relacionar políticamente con gente que va a querer relacionarse contigo en euskara.