PP y Vox mantienen las trabas para desgravaciones fiscales en materia de vivienda a familias de personas autistas

Deducciones en el coste del gimnasio para rentas de hasta 60.000 euros y al mismo tiempo trabas para desgravarse determinados gastos a familias de personas con discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista, trastornos del neurodesarrollo o discapacidad mental.

Aunque parece un contrasentido, es lo que han aprobado el PP y Vox en el marco del Decreto-ley 14/2025, de 26 de diciembre, del Consell, de medidas urgentes frente a la hiperregulación, coloquialmente, Simplifica II.

Como informó elDiario.es, en la mencionada normativa se introdujeron varias novedades en lo que a las deducciones autonómicas se refiere. Una de ella implicaba añadir la coletilla “reconocido de manera permanente” en las diferentes desgravaciones vigentes para personas con una discapacidad intelectual o mental reconocido igual o superior al 33%. Por ejemplo, el apartado C de la ley de deducciones quedó redactado así: “Por nacimiento, adopción, acogimiento o delegación de guarda, durante el período impositivo, de una persona con un grado de discapacidad igual o superior al 65%, o un grado de discapacidad intelectual o mental reconocido de manera permanente igual o superior al 33%”.

La coletilla “reconocido de manera permanente” figura también en los apartados H, I. L y N de la misma normativa que se refieren a deducciones para los contribuyentes que convivan con ascendientes mayores de 65 años con un grado de discapacidad intelectual o mental superior al 33%; por la contratación de empleados del hogar para el cuidado de personas también con un grado de discapacidad intelectual o mental superior al 33%; así como por las cantidades destinadas a la adquisición o arrendamiento de la vivienda habitual siempre para este colectivo de personas con discapacidad.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ya advirtió el pasado mes de marzo que la mencionada coletilla podría dejar fuera de las deducciones a 18.000 familias de personas autistas puesto que en muchos casos las discapacidades incluyen fecha de revisión por criterios evolutivos y no se pueden considerar “permanentes”.

Tras la información publicada por este diario, el PP y Vox pactaron una enmienda de aproximación por la que se ha eliminado la coletilla del reconocimiento “permanente”, pero tan solo del apartado C de la normativa. Además, incluye que el cambio se aplica de forma retroactiva para que permita las desgravaciones del ejercicio 2025. Fuentes populares han explicado a elDiario.es al respecto que al estar enfocadas el resto de desgravaciones a personas mayores de 65 años no afecta a las familias de niños que son los que más cambios pueden registrar en las valoraciones de la discapacidad.

Sin embargo, desde el Cermi no comparten este criterio y exigen que se corrijan también el resto de artículos. En un informe elaborado el pasado 14 de mayo y remitido al grupo popular, aunque consideran positiva la enmienda que corrige el apartado C, justifican la necesidad de que se aplique en el resto de la normativa para evitar trabas en las desgravaciones.

Según explica a elDiario.es el presidente de la institución, Luis Vañó, “la garantía jurídica no puede depender de una futura interpretación administrativa flexible, sino de una redacción legal expresa, clara y plenamente alineada con el Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, con la Constitución Española y con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y con los principios de igualdad, seguridad jurídica, buena administración y no discriminación”.

Vañó insiste en que “la existencia de una fecha de revisión en el certificado de discapacidad no significa que la discapacidad sea transitoria, sino que responde a criterios técnicos de seguimiento, especialmente frecuentes en la infancia y adolescencia” y advierte: “La enmienda corrige parcialmente este problema al modificar la letra c), eliminando la exigencia de permanencia en dicho supuesto concreto. Sin embargo, no aborda de forma integral el resto de preceptos en los que la misma expresión o lógica restrictiva puede seguir generando inseguridad jurídica”.

Aunque algunos supuestos puedan referirse a ascendientes mayores de 65 años, “ello no elimina completamente el riesgo jurídico” puesto que “también en edades adultas o avanzadas pueden existir certificados revisables, revisiones técnicas pendientes o situaciones en las que el certificado no utilice expresamente la fórmula permanente”. En todo caso, “el problema es más evidente en las deducciones vinculadas a vivienda habitual o arrendamiento, donde no necesariamente concurre un límite de edad de 65 años”.

Por tanto, afirma Vañó, “el argumento de que la permanencia no sería excluyente en determinados supuestos por estar referidos a personas mayores no resulta suficiente para cerrar la cuestión desde la perspectiva de la seguridad jurídica” e insiste en que “la norma debe afirmar de forma clara que la existencia de fecha de revisión en el certificado o resolución de reconocimiento de la discapacidad no impide aplicar los beneficios fiscales autonómicos mientras dicho certificado se encuentre vigente en la fecha de devengo del impuesto”.

Por último, el Cermi valora positivamente la retroactividad prevista en la enmienda, en la medida en que pretende evitar perjuicios en la declaración del IRPF correspondiente al ejercicio 2025.

No obstante, “resulta recomendable completar dicha previsión con una disposición transitoria operativa que regule expresamente la aplicación a declaraciones ya presentadas, la posibilidad de rectificación de autoliquidaciones”.

Críticas del PSPV

La portavoz de servicios sociales del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, Silvia Gómez, ha censurado “la chapuza legislativa del Consell del Ventorro que ha corregido hoy, gracias a la denuncia de los socialistas valencianos, la tremenda crueldad fiscal que suponía dejar sin la deducción autonómica a las familias con hijos con discapacidad intelectual o mental superior al 33%”. “Solo con hijos, adoptados, en acogimiento o delegación de guarda de niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) hay 18.000 familias afectadas que se quedaban sin estas ayudas, mientras el Consell se jacta de financiar el gimnasio a contribuyentes con ingresos superiores a 60.000 euros. Esta es la política fiscal del PP-Vox, marcada por la misma frivolidad e incompetencia con la que gestionaron la Dana de 2024”, ha recriminado la diputada del PSPV.

Silvia Gómez ha hecho referencia a la enmienda de aproximación que han presentado PP y Vox para eliminar la restricción a esta deducción introducida mediante el Decreto Ley 14/2025, de 26 de diciembre de 2025, del Consell, contra la hiperregulación. Como los decretos ley entran en vigor en cuanto los aprueba el Consell, esa restricción está vigente e impide en la actual campaña de la renta de 2025 a las 18.000 familias con hijos con TEA acogerse a esa rebaja fiscal.

Según Gómez, “estamos ante una chapuza legislativa y fiscal vergonzosa, que no tiene disculpa y ante la que ni Pérez Llorca ni nadie del PP ha salido a pedir perdón a todas las familias que tienen que afrontar tantas dificultades y que esto viene a complicar todavía más su día a día”, ha lamentado la parlamentaria socialista.

“PP y Vox han conseguido lo que parecía imposible: traer a las Corts un proyecto contra la burocratización que va a generar a las familias con más problemas más burocracia y todo un quebradero de cabeza, con declaraciones complementarias del IRPF y revisiones de la renta ya presentada”, recrimina Silvia Gómez.

La diputada del PSPV-PSOE advierte, no obstante, que la rectificación del PP y Vox es “parcial”, ya que el recorte a esta rebaja fiscal seguirá vigente en otras deducciones fiscales en las que acogerse a este alivio tributario se condiciona a que la discapacidad intelectual o mental superior al 33% esté “reconocida de manera permanente” y no en revisión.

Gómez subraya que el PP “todavía tiene el trámite del debate final del proyecto de ley ante del pleno de las Corts, en el que esperamos que alguien pida perdón por el desastre legislativo perpetrado por el PP junto con Vox, que se ensañan contra las personas con discapacidad porque no les importan lo más mínimo, mientras son escrupulosos eliminando controles frente al urbanismo salvaje que promueven”.