Los promotores de la ILP para que Urdaibai tenga personalidad jurídica iniciarán en breve la recogida de firmas
La iniciativa legislativa popular (ILP) con la que se pretende dotar a Urdaibai de personalidad jurídica propia e incrementar así su protección, adelantada por este periódico, iniciará en breve el proceso de recogida de firmas después de que los letrados del Parlamento Vasco hayan dado el visto bueno al procedimiento. En el momento en el que pase el trámite de la Mesa, los promotores agrupados bajo el lema 'Urdaibai bada nor' iniciarán el proceso para registrar el mínimo de 10.000 firmas necesarias para que arranque la tramitación parlamentaria.
El proceso para recoger los apoyos durará alrededor de cuatro meses y se habilitarán canales de firma telemáticos, como las plataformas Boreal o la Fundación para la Ciudadanía Global, además de las firmas presenciales. Si se consigue superar ese mínimo de apoyos que marca la ley, la tramitación parlamentaria dependerá ya de los grupos políticos con presencia en el Parlamento Vasco. La Cámara autonómica ha visto decaer este pasado año las dos ILP que se han presentado -la de pensiones y la del SMI propio- pero en este caso los promotores confían en el apoyo de los grupos porque todos ellos, a excepción de Vox, apoyaron en el Congreso de los Diputados otorgar al Mar Menor en Murcia ese estatus de personalidad jurídica propia que se reclama ahora para la reserva de la biosfera de Urdaibai. En cualquier caso, la decisión final dependerá de la aprobación del Congreso por tratarse de una normativa que depende del Estado.
La ILP se ha presentado este viernes en Bilbao por representantes de los promotores de la iniciativa. La petición se basa en el precedente de ley 19/2022, de 30 de septiembre, para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca, que consideran que constituye “un hito sin precedentes en el ordenamiento jurídico español por su reconocimiento explícito de la personalidad jurídica de un ecosistema natural”. “Su génesis responde a la convergencia de factores científicos, sociales y políticos que hicieron evidente la necesidad de un marco normativo innovador para proteger el Mar Menor frente a la degradación ambiental acumulada durante décadas. La ley no se limita a un enunciado declarativo, sino que establece una estructura integral de derechos, representación y deberes, transformando al ecosistema en un sujeto jurídico activo dentro del sistema legal”, señalan.
Además, recuerdan que a raíz de esta ley se han presentado otros proyectos, para los ríos y espacios naturales protegidos, como el río Mijares en Aragón o la Albufera de Valencia, “donde se han presentado iniciativas legislativas y propuestas de declaración de derechos de la naturaleza”. “Estas iniciativas buscan aplicar los principios establecidos en el Mar Menor a otros ecosistemas, adaptando los mecanismos de representación y tutela a las características específicas de cada entorno y a las estructuras administrativas competentes”, arguyen. Y han resaltado la necesidad de que haya una implicación ciudadana para que Urdaibai “pueda hacer valer sus derechos” y aumentar su protección. Han recordado que la iniciativa viene avalada por la jurisprudencia del Constitucional, después de que el alto tribunal rechazara el recurso que presentó Vox contra la declaración referida al Mar Menor. “Existe una sentencia que reconoce la posibilidad de dotar de personalidad jurídica a un ecosistema natural”, ha señalado Nieves Terán.
Aunque han reconocido que Urdaibai tiene ya una ley específica de protección, consideran que “no hay que conformarse” y que hay que pasar al siguiente nivel de protección: que deje de ser un objeto, a servicio de los humanos, para tener la consideración de sujeto, con capacidad para defenderse y protegerse, sobre todo desde el punto de vista jurídico.
De forma paralela a la recogida de firmas, los representantes de la iniciativa mantendrán diversos encuentros con sindicatos y partidos políticos para recabar el mayor número de apoyos y contar con el respaldo de la ciudadanía. “Queremos cambiar el paradigma”, han señalado, porque de lo que se trata es de conseguir que no haya que defender el humedal, sino que éste, por sí mismo -a través de unos 'tutores'- sea el que se defienda. “Va a poder reivindicar sus derechos personalmente en el ámbito judicial”, ha recordado el profesor de la EHU y exdirigente de Podemos en Euskadi, Roberto Uriarte, que ha destacado que, al ser una cuestión relativamente nueva, “no se sabe muy bien toda la virtualidad que puede tener a largo plazo”. “Se abren una gran cantidad de posibilidades porque supone un cambio no solo jurídico, sino un cambio sobre todo cultural”, ha indicado.
Entre los promotores de la iniciativa hay varias organizaciones ecologistas. Por ejemplo Ekologistak Martxan, Fridays for Future, Greenpeace, Eguzki o Zain Dezagun Urdaibai, así como miembros del mundo de la ecología y la ciencia como Andreas Schaefter, Miren Onaindia, Julen Rekondo, Juantxo López Uralde o José Luis Telleria. También se han sumado representantes de ámbitos como la cultura y la sociedad o el deporte, como Imanol Uribe, Karra Elejalde, Amparanoia, Montxo Armendariz, Ruper Ordorika, Asier Etxandia, Edorta Jiménez, Natxo de Felipe, Aritz Aranburu, Koikili Lertxundi, Kepa Acero y Adur Amatriain. O Miren Gorrotxategi, también exdirigente de Podemos y que es una de las personas promotoras de la iniciativa y que este viernes se ha sentado entre el público durante la rueda de prensa.
Amenazas genéricas y específicas
En el texto sobre el que se sostiene la petición se indica que Urdaibai “enfrenta un conjunto de amenazas genéricas y específicas que ponen a prueba la eficacia de los instrumentos de protección existentes” en la legislación medioambiental. En este sentido, señalan que “la combinación de alta densidad poblacional, atractivo turístico, presión agrícola y fenómenos emergentes derivados del cambio climático” requieren de un enfoque integral de gestión, que combine un monitoreo científico permanente y evaluación de impactos; la adaptación de planes de ordenación territorial y restauración ecológica; la educación ambiental y participación comunitaria.; y la coordinación entre administraciones y agentes locales. “La magnitud y complejidad de estas amenazas justifican la exploración de medidas innovadoras, incluyendo nuevos mecanismos jurídicos de representación de la naturaleza, que permitan a Urdaibai defender de manera más eficaz sus intereses ecológicos frente a presiones acumulativas y conflictos de uso del territorio”, señalan.
Según defienden, dotar de personalidad jurídica a Urdaibai permitiría “superar limitaciones derivadas de la discrecionalidad administrativa, garantizaría continuidad en la tutela de los derechos ecológicos, facilitaría la integración de los distintos niveles normativos y la participación de actores diversos en la gestión del territorio”. Además, supondría “fortalecer la función preventiva del derecho al consolidar un marco de obligaciones y derechos que condiciona la planificación territorial y la toma de decisiones estratégicas en torno al desarrollo económico, social y turístico de la zona”.
La petición se basa en el precedente de ley 19/2022, de 30 de septiembre, para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca, que consideran que constituye “un hito sin precedentes en el ordenamiento jurídico español por su reconocimiento explícito de la personalidad jurídica de un ecosistema natural”. “Su génesis responde a la convergencia de factores científicos, sociales y políticos que hicieron evidente la necesidad de un marco normativo innovador para proteger el Mar Menor frente a la degradación ambiental acumulada durante décadas. La ley no se limita a un enunciado declarativo, sino que establece una estructura integral de derechos, representación y deberes, transformando al ecosistema en un sujeto jurídico activo dentro del sistema legal”, señalan. Además, recuerdan que a raíz de esta ley se han presentado otros proyectos, para los ríos y espacios naturales protegidos, como el río Mijares en Aragón o la Albufera de Valencia, “donde se han presentado iniciativas legislativas y propuestas de declaración de derechos de la naturaleza”. “Estas iniciativas buscan aplicar los principios establecidos en el Mar Menor a otros ecosistemas, adaptando los mecanismos de representación y tutela a las características específicas de cada entorno y a las estructuras administrativas competentes”, arguyen.