Extremadura lamenta que el frentismo de otras comunidades evite la reforma de la financiación

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, lo tiene claro. La reforma del sistema de financiación autonómica “no se va a llevar a cabo esta legislatura”, entre otras razones, porque las comunidades autónomas “en muchos aspectos han hecho frentismo”, lo que, a su juicio, si encima se hace para “debilitar” al Gobierno de la nación, “todavía peor”.

Las comunidades autónomas, “en lugar de hablar de lo principal, muchas veces se entretienen en lo accesorio”, ha manifestado en una entrevista con EFE la también vicepresidenta primera de la Junta, quien ve “muy difícil” que en esta legislatura, con la composición parlamentaria y los distintos posicionamientos autonómicos, se puedan alcanzar “esos consensos mínimos” para la reforma del sistema, lo que está pendiente desde 2014.

Tras negar que Extremadura sea una de las comunidades autónomas más beneficiadas con la propuesta para el cálculo de la población ajustada en el nuevo modelo, como sostiene la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), la consejera ha remarcado que la Junta no comparte que esto sea “una batalla” entre regiones.

El sistema de financiación autonómica, que persigue proporcionar a las comunidades los recursos necesarios para prestar los servicios públicos de su competencia, tiene como pilar fundamental “la solidaridad, la vertebración del país y la cohesión social”, de modo que “quienes lo enfocan de otra manera” están “en la lucha de todos contra todos, el individualismo feroz, que es, en definitiva, anticonstitucional”.

Reforma fiscal

Para Blanco-Morales, en el nuevo modelo, además de definir con exactitud qué servicios se quieren prestar, hay que conocer los ingresos con los que se cuenta, de ahí la importancia también de la reforma del sistema tributario (este mes de febrero se conocerá el informe del comité de expertos al respecto).

El Ejecutivo extremeño defiende la “corresponsabilidad fiscal” de las comunidades, que es algo que Extremadura ha ejercido “ejemplarmente”, momento en el que ha mencionado el impuesto a los bancos, a las eléctricas, la ecotasa, la bonificación al 99 por ciento del impuesto de sucesiones o de donaciones entre familiares directos, con el establecimiento de impuestos cedidos que “distinguen entre los que más tienen y los que menos tienen”.

Por ello, se muestra en desacuerdo con que “algunas regiones desnaturalicen los impuestos cedidos”, situando ciertos tributos “en cero de recaudación” porque se benefician “desde la historia hasta, por ejemplo, la importancia que tienen las comunicaciones para las decisiones empresariales”.

La consejera entiende que debe haber un “máximo”, pues “los impuestos no pueden ser confiscatorios”, y un “mínimo”, y que “ahí cada uno que decida en función de las circunstancias sociales y económicas que le toca gobernar”.

Previsiones de crecimiento

Si bien hay circunstancias como la reciente crisis de Ucrania que pueden incrementar la “incertidumbre”, también hay datos como los de “recaudación, crecimiento empresarial, de la productividad y del empleo” que, según la vicepresidenta primera, les permiten mantener las previsiones de crecimiento con las que se elaboraron los presupuestos autonómicos de 2022 en sus dos escenarios: el más prudente (con una tasa de crecimiento del PIB del 6,02 % y del empleo del 2,2 %), y el más optimista (7,13 % y 2,7 %, respectivamente).

La elevada inflación también incide pero era “una de las magnitudes que macroeconómicamente se habían tenido en cuenta”. “Confiamos en que sea una cuestión acotada en el tiempo y que revierta”, ha expresado la consejera.

Extremadura cumplirá además con la recomendación de déficit (0,6 % del PIB), pues las reglas fiscales están “suspendidas”, produciéndose ahora el debate de cuáles habrá una vez superada la pandemia, y con el objetivo de deuda sobre PIB, entre el 23-24 %, de forma que “se mantiene por debajo de la media del conjunto de las comunidades”.

En este punto, ha dicho que se irá de nuevo a “la reestructuración y refinanciación de la deuda”, algo que “ha sido una constante en los últimos años y que ha permitido ahorros muy sustantivos”.

Revisión de contratos por el alza de los precios

Desde la Junta admiten que la escalada de precios ha provocado desistimiento de contratos y concursos que quedan desiertos en la administración pública, un problema al que, según la consejera, se ha hecho frente con “una disposición con rango legal” que establece que todos los pliegos de las licitaciones incluyan “esa previsión de revisión de precios”.

Además, el Gobierno regional está preparando “para este trimestre” una modificación legislativa para “dar estabilidad, eficiencia y calidad a la contratación pública, y responder a las necesidades de los contratistas”.

No obstante, ve “necesaria” una normativa del Estado al respecto, en la que le consta que el gobierno está trabajando, para dar soporte normativo “básico” y aportar soluciones a la posible “minoración de recursos” debido a los nuevos precios.

Fondos europeos

Un instrumento significativo para afrontar la actual coyuntura económica son los fondos europeos, entre ellos los del nuevo Programa Operativo 2021-2027, donde Extremadura recibirá 2.725 millones de euros, 500 millones más (una subida del 22,3 % y nueve puntos por encima de la media nacional, que es del 13,2 %), lo que, ha destacado, se traduce en más recursos para abundar en las políticas de cohesión que conducen a la convergencia“.

A ello hay que sumar, como consecuencia de la respuesta de la UE a la crisis sanitaria, los fondos del mecanismo de recuperación, transformación y resiliencia (orientados a la transición ecológica, la transformación digital y la cohesión social, entre otros), donde Extremadura ya tiene en tesorería 431 millones de euros y la previsión de asignación para el periodo 2021-2023 es de más de 782 millones a través de las diferentes conferencias sectoriales.

En este sentido, Blanco-Morales ha criticado la postura “absolutamente antipatriótica” del PP al cuestionar los criterios de reparto por parte del Gobierno central, un reparto que “ha respaldado” la Comisión Europea, que se realiza por conferencia sectorial o por proyectos piloto, como el que la Comunidad de Madrid ha llevado a los tribunales en un “ejercicio de irresponsabilidad”.

Así, espera que el PP extremeño se pronuncie al respecto y diga “qué le parece que la Comunidad de Madrid esté en contra de que los extremeños reciban fondos especiales de empleo”.

Empleo público

En cuanto al empleo público, se ha aprobado recientemente el decreto que regula la carrera profesional y la evaluación del desempeño de los empleados públicos para posibilitar que estos puedan progresar en el sistema de niveles, cuyo pago es una demanda de los sindicatos.

“Estamos en ese compromiso de mejora y de negociación colectiva”, pero, ha expresado, “reconociendo las limitaciones” de recursos y, sobre todo, que “hay prioridades que deben ser ordenadas y, en su caso, atendidas con racionalidad”.

Por otro lado, la consejera ha destacado “el ejercicio continuo de convocatoria de ofertas de empleo público” en los tres sectores (Sanidad, Educación y Administración General) con “el máximo de plazas” que pueden ofertar, además del “compromiso” con el proceso de estabilización del empleo público.

Esto, ha apuntado, permitirá “dar satisfacción” a esas necesidades de estabilidad de las plantillas, “atendiendo a los principios de igualdad, mérito y capacidad”, y a las “legítimas expectativas y demandas de esas personas que llevan muchos años en una situación de interinidad”.

Al mismo tiempo, ha reiterado la posición de la Junta a favor de la supresión de la tasa de reposición. “Creo que las comunidades autónomas somos responsables y no necesitamos ese límite”, ha añadido.