El precio de ser pobre

Cuando el poeta César Vallejo cerraba uno de poemas lamentando “la cantidad enorme de dinero que cuesta el ser pobre” probablemente no lo hacía tras analizar la Encuesta de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadística, que seguramente no habrá inspirado más que a algunos pocos economistas y estadísticos. Sin embargo, a pesar de su nulo papel como fuente de inspiración, es indudable su valor como fuente de información.

Es comúnmente aceptado que la inflación actúa como un impuesto silencioso, no porque el Gobierno pueda incrementar sus ingresos, sino porque reduce el valor de sueldos y salarios de una forma que a veces es imperceptible para la ciudadanía. Y, aunque se trate de un impuesto que no se puede defraudar, que afecta al conjunto de la sociedad, aquellas personas que ya tienen dificultades para llegar a fin de mes y tienen menores posibilidades de acceder a otros activos que puedan revalorizarse en tiempos inflacionarios probablemente la van a sufrir en mayor medida, tanto de forma directa, por el incremento generalizado de precios, como de forma indirecta por las consecuencias de los incrementos de tipos de interés llevados a cabo en prácticamente todo el mundo para combatirla; aumento de cuotas de préstamos e hipotecas, previsible pérdida de puestos de trabajo, dificultad de acceso a fuentes de financiación, pérdida de valor de activos inmobiliarios,…

Pero volvamos al punto de partida, la inflación. Según el Instituto Nacional de Estadística, la tasa de inflación interanual del mes de noviembre de 2022 fue del 6,8%. Si ampliamos un poco más el foco, vemos que el incremento medio de los precios desde que comenzara la crisis del covid, pongamos marzo de 2020, ha sido superior al 13%, destacando el incremento de los precios del grupo 03 (vestido y calzado) con casi una subida del 26%, los del grupo 04 (que incluye la electricidad y el gas) con un alza del 20%, y los de los alimentos y el transporte, superando en ambos casos el 18% de subida. Obviamente, aunque exista una inflación media oficial, que depende tanto de la variación de los precios de los artículos individuales como del peso de cada uno de estos artículos en la cesta de la compra, ésta nos afecta de forma distinta individualmente debido a la diferente composición de la cesta de la compra de cada hogar. Así por ejemplo, si consideramos los grupos mencionados, los más inflacionistas desde marzo de 2020, vemos que estos tienen un peso del 55,86% en el cálculo del IPC a nivel nacional, pero sin embargo es del 59,08% en Castilla La Mancha y del 53,75% en Navarra. Si indagamos un poco más, para lo que necesitamos la Encuesta de Presupuestos Familiares de 2021, vemos que este peso varía considerablemente en función de los tramos de ingresos de cada hogar, siendo del 63,78% en los hogares con menores ingresos, y del 41,24% en los hogares con mayores ingresos:

De hecho, considerando los pesos de cada grupo en función de los tramos de ingresos netos por hogar, podríamos tener una inflación distinta para cada uno de estos hogares que, debido a lo anteriormente visto, seguramente sería mayor cuanto menores fueran los ingresos del hogar. Y es que la estructura de gasto de cada hogar varía considerablemente en función de su nivel de renta. Por ejemplo, mientras que en los hogares con ingresos netos mensuales inferiores a 1.000 euros el gasto en alimentación y vivienda se lleva la mitad del gasto mensual, ese porcentaje se reduce por debajo del 25% en los hogares con ingresos superiores a los 5.000 euros. Mientras en la mayoría de hogares el principal gasto se hace en alimentación, en los hogares con ingresos superiores a los 7.000 euros la primera posición se la lleva el grupo 11, restaurantes y hoteles. 

Hay quien pudiera pensar que esa mayor concentración de gasto en los grupos que han sido más inflacionistas recientemente se podría deber a que en los hogares con menor renta el número de miembros debe ser mayor, pero la propia encuesta se encarga de desmentir esta teoría, ya que, de acuerdo con la misma Encuesta de Presupuestos Familiares de 2021, el número de miembros por hogar se incrementa desde las 1,65 personas en los hogares de menor renta hasta las 3,88 personas en los de mayor renta:

También podría haber quien pensara que el número de hogares con ingresos netos mensuales inferiores a los 1.000 euros no pueden ser tan numerosos en nuestro país cuando el SMI está ya en esa cifra, pero la realidad es que, de acuerdo con la Encuesta de Presupuestos Familiares de 2021, hay más de 2,8 millones de hogares que ingresan menos de 1.000 euros cada mes, mientras que solo hay 0,8 millones que ingresen más de 5.000 euros. 

Parece claro por tanto que, tal y como recomiendan tanto el FMI como la Comisión Europea, las políticas destinadas a aminorar el impacto de la elevada inflación sobre las familias deben ir dirigidas a aquellos hogares que más lo necesiten, y evitar las medidas generalistas que, además, podrían alimentar una nueva ronda inflacionaria. Y es que los hogares con ingresos menores a 1.500 euros no pueden ahorrar nada, ya que frecuentemente gastan más de lo que ingresan, mientras que los que ingresan más de 5.000 pueden destinar el 40% de sus ingresos al ahorro o a la inversión.

Cierto que las medidas no generalistas pueden ser un poco más difíciles de implementar y quizás más costosas en algunos casos, pero a lo mejor, ahora que el Banco Central Europeo está estudiando la posibilidad de crear una moneda digital, se podría arbitrar un sistema de monedero digital público, por parte del Estado, de forma que pudiera ingresar a las personas que reúnan ciertos requisitos de renta una subvención de forma automática. Para ello se debería autorizar al Estado para que pudiera recabar los datos necesarios o facilitárselos, pero claro, a lo mejor no queremos que el Estado tenga tanta información nuestra como Google, Apple, Amazon,… 

Es solo una idea, quizás algo disparatada, o no, pero algo habrá que hacer si no queremos que ser pobre siga saliendo tan caro.