Junta y sindicatos avanzan en la negociación sobre los criterios de la carrera profesional
La Dirección General de Administración Pública ha avanzado en la negociación con los representantes sindicales sobre los criterios generales de la carrera profesional horizontal en la Mesa General de la Administración Pública, que se ha celebrado este viernes y que ha estado presidida por la directora general de Función Pública, María del Carmen Vicente.
Se ha mostrado convencida de que Junta y sindicatos alcanzarán un acuerdo sobre el reconocimiento del nivel I de la carrera profesional para empleados públicos, interinos y laborales en el primer trimestre de 2018, tal y como se comprometió la vicepresidenta y consejera de Hacienda y Administración Pública en la última reunión.
Vicente ha agradecido el tono y las propuestas que la Administración ha recibido de los representantes sindicales y que han permitido que, tras la reunión, haya un principio de acuerdo en varias cuestiones, que se irá materializando en próximas reuniones de la Mesa Sectorial.
Acuerdos
La primera es la agilización del reconocimiento y abono del nivel I de la carrera profesional para los empleados públicos fijos que cumplieron los requisitos el 1 de enero de 2017.
En segundo lugar, Administración y sindicatos comparten la postura de incluir el reconocimiento del nivel I de carrera profesional para los interinos y laborales temporales que cumplan los requisitos tras la firma del Acuerdo con efectos del 1 de enero de 2018, tras su inclusión en el ámbito de aplicación.
Asimismo, se abordó la posibilidad de ampliar esta cuestión al ejercicio 2017, aunque, en este caso, es necesario un estudio y cuantificación por parte de la Dirección General de Función Pública. En materia de acuerdos, Junta y sindicatos también mantienen puntos de consenso en cuestiones más técnicas, como la simplificación de los procesos y la seguridad jurídica.
Por último, y respecto al reconocimiento de los niveles II, III y IV de la carrera profesional, Vicente ha explicado que está supeditado al desarrollo de una evaluación del desempeño, ya que así lo exige la normativa y la ley de Función Pública, aprobada tras el acuerdo inicial en esa materia.
En este sentido, el Ejecutivo autonómico se encuentra dentro de los plazos exigidos pero está abierto recibir propuestas de futuro.
