La empresa de Valdecañas revela que de la ZEPA lo único que hay es una propuesta de la Junta a Madrid

La promotora del complejo urbanístico extremeño Marina Isla de Valdecañas sostiene que la Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) del embalse no existe y criticado que organizaciones ecologistas pretendan transmitir la “falsa idea” de que se podían declarar “prácticamente como se quisiera”.

Según sus datos, entregados por la Junta, la zona nunca fue declarada formalmente por el Gobierno regional, que simplemente envió en 2003 al Gobierno central una propuesta, y sin embargo posteriormente se dio como hecho.

El consejero delegado de la empresa, José María Gea, ha replicado a las declaraciones de Ecologistas en Acción, organización que asegura que la ZEPA Embalse de Valdecañas se declaró en 2003 con arreglo a la ley. En un comunicado Gea replica que Ecologistas y Adenex, ante la “reciente evidencia” de que nunca existió ningún acto administrativo de declaración, sostienen básicamente que la zona existe desde 2003 porque antes de 2007 no existía un procedimiento establecido para la declaración de las ZEPAs y no se requería acuerdo del Consejo de Gobierno, “llegando a señalar”, continúa Gea, “que en aquella época bastaba con que se rellenara un formulario normalizado para que la ZEPA existiera”.

En su argumentación, Marina Valdecañas expone que en primer lugar el Diario Oficial de Extremadura número 138, de 28 de noviembre de 2000, página 11.895, recoge que el 21 de noviembre de 2000 el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura había aprobado el Decreto 232/2000, que clasificó varias ZEPAs, un decreto que en su preámbulo establecía que la clasificación de tales zonas “corresponde al Consejo de Gobierno”.

“Pero es que, además de esta fácil constatación, el planteamiento de las asociaciones ecologistas pretende hacer creer que en el año 2003 existía un vacío normativo que permitía que una ZEPA se declarara de cualquier forma, llegando a señalar que, antes de la Ley 42/2007 [que normalizó la tramitación], el procedimiento quedaba al albur de la legislación, transmitiendo la falsa idea de que una ZEPA se podía declarar prácticamente como se quisiera”.

A juicio de Gea las asociaciones ecologistas “pretenden incluso ignorar que ya la Ley extremeña 9/2006, de 23 de diciembre, estableció (art. 56 bis), que la declaración de las ZEPAs se realiza mediante decreto del Consejo de Gobierno dictado a propuesta de la consejería competente en materia de medio ambiente”.

Solo una propuesta

El promotor de la urbanización ha revelado, tras haber accedido a los datos de la Junta, que en esta zona de protección de aves “el único acto realizado en 2003, al que se refieren las asociaciones ecologistas, fue una comunicación del director general de Medio Ambiente al Ministerio de Medio Ambiente, en la que expresamente se calificaba lo enviado como una mera propuesta”.

Por tanto, según Gea, “la propia comunicación reconocía expresamente que no se estaba declarando ninguna ZEPA, sino simplemente formulando una propuesta”.

“Resulta difícil comprender cómo se pretende convertir lo que el propio director general de Medio Ambiente calificaba como una mera propuesta en nada menos que una decisión de delimitación de la ZEPA, con las relevantes consecuencias que ello tiene”, añade Marina Valdecañas en este último comunicado de la tarde del jueves.

La realización de dicha propuesta “se realizó al margen de cualquier procedimiento legalmente establecido porque se elaboró sin competencia para ello, sin practicar ninguna notificación a los afectados por la propuesta y sin ninguna publicación”.

Respecto al argumento de que se aprobó un plan de gestión de la zona, que fue incluida en el anexo IV del Decreto 110/2015, de 19 de mayo, que regula la Red Natura 2000 en Extremadura, Gea ha indicado que en ninguna de dichas normas se realiza la declaración de la ZEPA “sino que presumen erróneamente que ha existido dicha declaración previa, lo que recientemente hemos podido comprobar que no es cierto”.

“Por ello, hemos solicitado a la Junta de Extremadura que corrija dicho error, o que subsidiariamente declare la nulidad de oficio de dichas disposiciones, por haberse basado en el supuesto erróneo de que había existido una previa declaración de la ZEPA”, ha concluido.