La división de Agricultura en dos consejerías para contentar a Vox paraliza más de un centenar de expedientes

Numerosos expedientes de agricultores esperan en el cajón de la Junta de Extremadura desde el mes de julio. El retraso: el cambio de estructura decidido por la presidenta, María Guardiola, para contentar a Vox, su socio de gobierno.

En concreto, desde verano hay 144 solicitudes de agricultores que han pedido permiso a la Administración pero cambiar de cultivo pero que no han sido atendidas y, por lo tanto, no se han resuelto, como ha quedado de manifiesto este jueves en la Comisión de Gestión Forestal y Mundo Rural por una pregunta planteada por el diputado socialista Eduardo Béjar,

De esos expedientes, 73 están pendientes de informe de sostenibilidad, 19 de contestación de informe forestal, 21 de documentación que tienen que aportar los interesados y 31 expedientes se encuentran en otras fases de tramitación, según ha precisado Béjar, que ha atribuido al cambio de la Consejería de Agricultura y su división “en dos” con la de Gestión Forestal y Mundo Rural, lo que “ha perjudicado a los agricultores”.

El parlamentario del PSOE ha subrayado que “un cambio de cultivo a veces supone evitar un incendio forestal” por suponer “un cortafuegos” en el marco del proyecto Mosaico. “El año pasado fueron casi 500 hectáreas las que se cambiaron de cultivo de forestal a agrícola y es un cortafuegos natural a un posible incendio”, ha mencionado.

El director general de Gestión Forestal, Caza y Pesca, Ricardo Romero, perteneciente a la consejería que gestiona Vox en el Gobierno autonómico ha admitido el retraso en la resolución de estas ayudas, en parte derivado del cambio de estructura y ha avanzado la creación de un equipo, compuesto por jefe de sección y administrativos, que “empezarán a trabajar en marzo” para dar “respuesta a todas las solicitudes de manera ágil”, cumpliendo con los plazos de resolución que, como marca la ley, son de “tres meses”.

No obstante, ha matizado que también había retraso antes en la resolución de los expediente, ya que es un procedimiento administrativo en el que intervienen “muchos actores” y que requiere de “muchos informes”. Al llegar a la Junta, el nuevo gobierno ha resuelto 60 expedientes anteriores, de los que 34 han sido favorables, 14 han desistido los interesados por diversas causas y 12 desfavorables.

Actuaciones en regadíos

En esa comisión de la Asamblea también se han abordado las actuaciones previstas para la mejora y modernización de regadíos de Extremadura en colaboración con la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seisa), en las que, según el director general de Infraestructuras Rurales, Patrimonio y Tauromaquia, José María Sánchez Cordero, “se están trabajando”, aun que ha dicho que hay un “atasco monumental” por los trámites medioambientales.

Según el director general, han terminado toda la tramitación que estaba pendiente de la primera fase, por una inversión de 26,7 millones de euros, del proyecto de modernización de la Comunidad de Regantes de Badajoz Canal de Montijo.

Por su parte, el proyecto de la Comunidad de Regantes de la Presa de las Fraguas, con una inversión de 15,75 millones, tiene “una dificultad”, pues los fondos que debe aportar la Junta son “elegibles con arreglo a criterio FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) y no permiten la expansión de nuevos regadíos si no tienen concesión de la Confederación previamente”. En este caso, ha precisado, “hay algunas partes que no tienen concesión”, lo que se está tratando de solventar y se está estudiando “la fórmula del trámite medioambiental esencial”.

Además, hay pendientes ayudas en las comunidades de regantes de Piornal, Valdastillas, El Torno, San Jorge, Tornavacas, Jerte, Barrado, todas ellas de la zona del Valle del Jerte. En este sentido, ha declarado que “los trámites medioambientales que se siguieron hasta la fecha no eran los más adecuados”, había “un atasco monumental” de la etapa del anterior ejecutivo, y se trata de un paso necesario que “tiene que ser superado antes de poder acometer las obras”.

Según José María Sánchez Cordero, están colaborando intensamente con la Dirección General de Sostenibilidad para que esas inversiones se puedan llevar a cabo, algunas con la financiación de SEISA, bajo cuyo paraguas ya están en marcha obras en las comunidades de regantes del Canal del Zújar y del Canal de Orellana.

Por su parte, el grupo socialista ha destacado que, con el convencimiento de que estas actuaciones son claves para el ahorro energético y un uso eficiente del agua, durante la anterior legislatura de Guillermo Fernández Vara se invirtieron más de 110 millones de euros en esta materia.

Ha reprochado al director general que mezcle actuaciones, pues algunas cuentan con financiación de Seisa y otras dependen exclusivamente de los fondos de la Junta, cuyo convenio está firmado pero que “no se pueden ejecutar porque no existen partidas en el presupuesto” para ello y se rechazaron enmiendas del PSOE al respecto.

Veto de PP y Vox

En la sesión se ha votado también la solicitud de comparecencia del portavoz de la Comunidad de Regantes Ocho Caños de Aldeanueva de la Vera, José Antonio Jiménez, a instancias de Unidas por Extremadura, lo que ha sido rechazado con los votos de PP y Vox.

De Miguel ha señalado que “vetar la voz del pueblo extremeño es bastante contraproducente” y “señal de autoritarismo”, al tiempo que ha defendido que las especiales peculiaridades de los regadíos históricos hacen que necesiten normativas adaptadas y ayudas que permitan que estos regadíos sigan funcionando.