La Fiscalía pide dos años de cárcel para una edil del PP de Plasencia por sus ataques homófobos contra un excompañero

El Tribunal de Instancia número 2 de Plasencia ha acordado la apertura de juicio oral contra la concejala del PP en el Ayuntamiento de Plasencia, Belinda Martín, por delitos de odio e injurias derivados de unos comentarios publicados en septiembre de 2024 en un periódico digital contra otro militante del PP y excompañero en el Gobierno municipal. El auto, fechado el pasado 1 de octubre, señala a la Sección Penal de la Audiencia Provincial de Cáceres como el órgano competente para la celebración del juicio y la emisión de la sentencia.

Los hechos investigados se centran en las publicaciones vertidas bajo el seudónimo 'Estherlatacho', las cuales, según recogió la jueza instructora en el auto de transformación de las diligencias previas, estaban dirigidas contra Luis Domingo Díaz, jefe de Recursos Humanos del Servicio Extremeño de Salud (SES) en Plasencia. De acuerdo con las pesquisas judiciales, dichos mensajes habrían sido redactados con el propósito explícito de menoscabar la integridad moral del afectado y denigrar su dignidad por razón de su orientación sexual.

En su escrito de acusación, el Ministerio Fiscal solicita para la edil una pena de dos años de prisión por un delito contra la integridad moral, junto con una orden de alejamiento y la prohibición de comunicarse con el denunciante durante un período de tres años. Asimismo, la Fiscalía reclama que se le impida la creación de perfiles en periódicos digitales durante dicho plazo y fija una indemnización de 5.000 euros en favor del perjudicado.

Por su parte, la acusación particular reclama 18 meses de prisión y una multa de diez meses a razón de 20 euros diarios por un presunto delito de odio, solicitando además la inhabilitación especial para el desempeño de actividades educativas durante tres años. De forma subsidiaria, plantea una condena por un delito de injurias graves con publicidad con una multa de nueve meses, a lo que suma la acusación por un presunto delito de lesiones por el que pide un año y tres meses de cárcel, fijando la responsabilidad civil en una indemnización de 60.000 euros.

En el mismo auto de apertura de juicio oral, la jueza ha decretado el mantenimiento de la acusada en situación de libertad provisional y le ha requerido el depósito de una fianza de 8.450 euros para responder de las posibles responsabilidades económicas que se deriven del procedimiento judicial.