La Junta de Extremadura ha exigido al líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, que deje su acta de diputado tras su procesamiento al considerar que “es absolutamente incompatible estar sentado en un escaño en la Asamblea de Extremadura y estar sentado en el banquillo de los acusados” por la contratación del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, en la Diputación de Badajoz.
El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta, Abel Bautista, ha indicado que al Gobierno regional le “abochorna” y “avergüenza” la situación en la que finalmente se encuentra el líder de la oposición y un hecho de gran repercusión mediática que, ha añadido, “viene a oscurecer y entorpecer esa imagen positiva de Extremadura en el resto de España y en el exterior”.
Desde la Junta han recordado que Gallardo, quien consiguió el escaño “saltando por encima de cinco diputados, intentando aforarse”, acusó a la jueza instructora “de querer promocionarse a su costa” y al Ejecutivo regional “de fabricar este caso” pero el tiempo ha demostrado que “el acusado es él”, de “delitos tan importantes como prevaricación y tráfico de influencias”.
Llegados a este punto, para el Ejecutivo extremeño del PP “no cabe otra” que Gallardo deje su acta de diputado “por respeto a las instituciones, al proceso judicial y a toda Extremadura” que “no se merece” tener al líder de la oposición “sentado en el banquillo de los acusados”.
Bautista se ha mostrado convencido de que la situación procesal de Gallardo “abochorna” igualmente a “muchos militantes y votantes del PSOE”, para señalar que si estuviera en las filas de ese partido exigiría su dimisión como secretario general en la comunidad porque lo contrario “no es más que un espacio para los populistas y los radicales”.
Ha incidido en que tener al líder de la oposición sentado en el banquillo de los acusados les “resta credibilidad” y supone “no poder negociar” con la presidenta de la Junta, María Guardiola, en unas condiciones “óptimas” para hacerlo con la fuerza que le dan los escaños y los votos que obtuvo el PSOE y, por ende, que “no se pueda construir por parte de la oposición la Extremadura que todos necesitamos”.
Cuestionado por el resto de procesados, ha abogado por “separar” los representantes y cargos públicos con “una obligación mayor de responsabilidad y de rendir cuentas” ante el ciudadano, de los funcionarios públicos que “respetan ”absolutamente“ y tienen su ”derecho a defenderse y a la “presunción de inocencia”.
En cambio, ha tildado de “escándalo” que David Sánchez “simule vivir en La Moncloa para tributar en Portugal” y haya “cobrado dinero público de todos los extremeños sin pisar Extremadura, sin saber dónde está la oficina, cuáles son sus funciones y quiénes son sus compañeros de trabajo”.
El consejero de Presidencia no cree que David Sánchez haya actuado de una manera individual “sin haber concertado determinados intereses o actuaciones con el expresidente de la Diputación, ahora secretario general del PSOE, e incluso con el propio presidente del Gobierno”.
Ante esto, los ciudadanos sienten “desapego” y piensan que la política está para “pagar determinados favores”, mientras que el Gobierno de María Guardiola “está precisamente para lo contrario”, para que vuelvan a confiar en ella y que sientan que el dinero público está para “el crecimiento social y económico de Extremadura”.