Las sanciones por protestar en la calle se disparan en Extremadura en 2013

Durante el año 2009 no hubo ni una sola sanción por protestas o manifestaciones en las calles extremeñas; al año siguiente, hubo una sanción; en 2011 y 2012 tampoco hubo ninguna sanción. Pero el año pasado, el cambio fue radical: 23 sanciones por protestas en la calle. Esos son los datos que ofrece el diputado socialista Ignacio Sánchez Amor y que, están propiciando al igual que en el conjunto del país, la respuesta del PP que no ha sido otra que la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza.

La ley mordaza que acaba de aprobar el PP, en la mayor de las soledades, lleva camino de acabar con juicios como los que ahora sufren los activistas de los Campamentos Dignidad. La ley mordaza pretende acabar con esos juicios, porque será el jefe de los policías (el delegado del Gobierno) el que directamente dicte la sanción, económica generalmente, y muy elevada, para que el miedo corra con alegría. Luego, una vez pagada la multa, el afectado ya puede buscar abogados, pagar las tasas y recurrir la sanción ante el juez. En definitiva, explica Sánchez Amor, lo que se busca en considerar a los ciudadanos críticos como un problema para la sociedad y castigarlos sin la garantía de los jueces, directamente por vía administrativa.

Según Sánchez Amor, esta Ley tiene como única razón traducir la ideología del PP a los derechos ciudadanos de protesta, reunión, manifestación…

“Los ciudadanos están enfados, sobre todo con la política de recortes sociales, y eso conduce a más tensiones y protestas y frente a ese legítimo derecho de la ciudadanía el PP vuelve a retrotraernos con una ley de seguridad ciudadana muy parecida al viejo orden del franquismo”, señala Sánchez Amor.

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