Los sindicatos se preocupan por la caída de inversiones que provocará el ajuste
En declaraciones a Efe, los secretarios regionales de CCOO y UGT, Julián Carretero y Francisco Capilla, respectivamente, lamentan que la comunidad autónoma se vea obligada a presentar este plan de ajuste, tanto al Ministerio como a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), para corregir los incumplimientos de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y la regla de gasto en 2014, por parte del anterior Ejecutivo del PP.
Ambos recuerdan que ellos ya se mostraron contrarios a la bajada tributaria que el Gobierno de José Antonio Monago aprobó en febrero de 2015, por considerarla “irresponsable” y “electoralista” y, por tanto, aplauden que el Plan Económico Financiero corrija esa situación y contemple una subida impositiva que conlleve una recaudación de en torno a los 58 millones de euros.
“Bienvenido sea porque lo que no se debió nunca producir es lo que hizo Monago en la modificación de la Ley Tributaria de febrero de 2015”, señala a Efe Julián Carretero, para quien esa reforma se hizo “deprisa, corriendo y a última hora, con un fin totalmente electoralista”, pues “no resolvía para nada la situación individual de cada persona, pero sin embargo restaba casi 60 millones de euros a los ingresos en los presupuestos, tremendamente importantes para paliar políticas de emergencia social”.
Ahora, a juicio de Francisco Capilla, “hay que darle una vuelta a la cuestión tributaria para que sea más justa y más equitativa de lo que viene siendo”, para que paguen las rentas más altas“.
El líder regional de UGT reconoce que en este ámbito “hay muy poco margen”, pero ha precisado que con el Impuesto de Sucesiones, que se quitó en la reforma de Monago, “estamos hablando en torno a 60 millones de euros, nada despreciables en estos momentos”.
“Va a repercutir en inversiones e infraestructuras”
Tanto Capilla como Carretero son conscientes de que un plan de ajuste nunca es bueno, por mucho que la filosofía que se traslade desde la Junta de Extremadura es que no va a haber recortes en Educación, Sanidad y Políticas Sociales, algo con lo que lógicamente coinciden.
Para ellos, lo más preocupante y lo que más incertidumbre genera es la reducción en torno a cuatro o cinco puntos en los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2016, una bajada que, según Capilla, “va a repercutir en inversiones y en infraestructuras”, lo que tiene “una repercusión muy negativa en la demanda y en el estímulo de la propia economía regional”.
En esa misma línea, Julián Carretero considera que “hay que tener en cuenta que en Extremadura los presupuestos públicos influyen muchísimo en lo que es la generación de riqueza en el conjunto del PIB regional”, por lo que una reducción de éstos puede provocar que “no se genera empleo o incluso se puede seguir destruyendo”.
Por ello, advierte de que “el Gobierno tendrá que ser cauto y nosotros vamos a estar todo lo atento que se nos permita desde el punto de vista de la concertación social para evitar esa situación”.
Habrá que hacer, a su juicio, “mucho énfasis en la denuncia”, porque ahora “curiosamente el Gobierno central hace una reforma fiscal de cara a las elecciones, una bajada impositiva, que además va a favorecer a las rentas más altas y después resulta que no transfiere suficiente a las comunidades autónomas”, lo que repercutirá en el gasto social, en sanidad y educación, sin que éstas “pinchen ni corten”.
En su opinión, las regiones “a efectos inversores tienen muy poca capacidad porque la posibilidad de maniobra de recursos propios es escasa y por tanto esas transferencias en inversiones tienen que venir de los Presupuestos Generales del Estado”.
Reclamaciones de pago al Gobierno
Tras recordar que las cuentas estatales con respecto a inversiones públicas han caído en Extremadura “más de un 50 por ciento respecto al año pasado”, Carretero es tajante al afirmar que “hay que reclamarle al Gobierno que pague”.
“En eso Vara se tiene que poner las pilas, nosotros vamos a estar ahí para no sólo instarle a ello, sino a acompañarle si es necesario”, indica el líder regional de CCOO, para quien “tiene que haber una gran movilización del conjunto de la ciudadanía extremeña precisamente para decir que esta región con un 30 por ciento de paro no sale simple y llanamente con recursos propios”.
A su juicio, como mínimo se tiene que garantizar la cofinanciación tanto en el presupuesto de 2016 como de 2017 y 2018 de los fondos europeos, “porque ahí sí que es el único cauce por el que nos van a venir ciertamente inversiones”.
Además, debe de haber “una presión al Gobierno central para que la parte de fondos europeos que se regionalizan desde los propios ministerios pasen en mayor medida a las comunidades autónomas”.
“Que las políticas se hagan desde aquí, que las inversiones se hagan desde aquí y que el Gobierno del Estado cofinancie para que de verdad se puedan aumentar en estos tres años las inversiones en la región”, concluye Carretero.
