Unidas por Extremadura ha registrado este viernes en la Asamblea regional una propuesta para instar al Gobierno central a que elabore un estudio enfocado a la creación de una empresa pública de energía y a industrializar las zonas donde se produce la energía. “Extremadura se lo merece y es una deuda de este país con la región”, ha incidido la portavoz del grupo parlamentario, Irene de Miguel.
A su juicio, unas de las lecciones del apagón eléctrico sufrido el 28 de abril es que el sistema eléctrico no puede depender de “empresas que han sido demasiado avariciosas y que han querido hacer dinero a costa de la seguridad de la ciudadanía”. Por ello ha reclamado que sea una empresa pública de energía la que haga las labores de producción y distribución, “como tienen otros países de nuestro entorno”. “Somos una excepción en Europa al no tener esa herramienta”, ha insistido.
De Miguel ha manifestado la intención de que las empresas electrointensivas se acerquen a donde se produce la energía. A su juicio, es incomprensible que Extremadura sea “un lugar rico en energía y que toda la industrialización esté en otros territorios mas lejanos”, con un ejercicio de distribución que se traduce en la pérdida en eficiencia energética, ha lamentado.
Además, la formación también ha planteado que las centrales hidroeléctricas cuyas licencias estén caducadas pasen a ser gestionadas de forma pública. En este sentido, ha incidido en que las grandes empresas llevan más de 75 años con licitaciones respecto a presas hidráulicas, de las que algunas de ellas ya han caducado y “podrían pasar a manos públicas”, como es el caso de la que está situada en la Peña del Águila. Además, ha acusado al PSOE y al PP de “no haber movido un dedo” para poder revertir el beneficio de estas empresas en los extremeños.
Uso del agua
Por otra parte, de Miguel ha recordado que, durante el último pleno del 8 de mayo, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías interpeló sobre la política general de la Junta de Extremadura en materia hídrica. En su opinión, los proyectos mineros, de centros de datos y de hidrógeno verde proyectados en la región requieren un “enorme” consumo de este recurso y suponen “un cambio radical en el uso del agua”.
Ante ello la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, respondió que las concesiones de agua para los usos industriales no son competencia de la Junta, sino de las confederaciones hidrográficas de las cuencas correspondientes.
Además, Morán defendió la política hídrica que está desarrollando el Ejecutivo regional, que busca “el cuidado del medio ambiente” y está comprometida con que “los ciudadanos tengan agua de calidad”.
“Durante el apagón, lo que salvó al país fue la producción hidráulica, por lo que no puede estar en manos de grande empresas que tienen otros intereses diferentes al bien común”, ha concluido, por su parte, de Miguel.