Vox insiste en aplicar en Extremadura la prioridad nacional: “Los de aquí antes que los de allí”
El vicepresidente de la Junta de Extremadura y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle (Vox), ha avanzado este miércoles en la Asamblea, de forma muy genérica, las líneas de su departamento para la legislatura. En una comparecencia en comisión parlamentaria marcada por la falta de concreción, Fernández Calle se ha limitado a desgranar el contenido ya conocido del pacto entre el PP y Vox sin profundizar en su aplicación práctica.
De hecho, la sesión ha sido tan ligera que el consejero ni siquiera ha hecho referencia a la gestión de los menores migrantes no acompañados, una competencia bajo su responsabilidad directa y uno de los puntos más polémicos de la coalición. Eso sí, el líder de Vox ha marcado perfil ideológico al pronunciar hasta en al menos ocho ocasiones las palabras “prioridad nacional”, un concepto que el PP de María Guardiola sigue evitando pronunciar en público y que su portavoz han pretendido descafeinar en la comisión hablando de “la prioridad de los extremeños”.
El vicepresidente de la Junta ha asegurado que buscará cumplir “a rajatabla” el pacto con el PP mediante un “control absoluto” del gasto público y la implantación del principio de “prioridad nacional” en la concesión de ayudas sociales y de vivienda pública. Para llevar a cabo esta medida, el Gobierno de María Guardiola articulará una serie de filtros técnicos y administrativos, como la aplicación de criterios de arraigo, empadronamiento no fraudulento, vinculación con el territorio, trayectoria de cotización y permanencia en el sistema. Pero ha afirmado textualmente que el objetivo de todo esto es poner a “los extremeños y los españoles primero”, “los de aquí por delante de los de allí” y garantizar que los recursos públicos vayan dirigidos “a quienes sostienen esta comunidad”.
Fernández Calle ha vuelto a situar a las personas migrantes en el centro de la sospecha y como competidoras en el acceso a los recursos públicos, al avanzar que su departamento creará una unidad específica encargada de verificar la residencia real de los solicitantes. Según sus palabras, el objetivo es perseguir lo que ha calificado como “un sistema opaco, desordenado y vulnerable al fraude”. En este sentido, ha avanzado que se promoverá la colaboración con los ayuntamientos para desmantelar las “redes de sobreocupación de viviendas y pisos patera” como fórmula para combatir la inmigración irregular, advirtiendo de que quienes se encuentren en situación administrativa irregular “no accederán a prestaciones estructurales, limitándose su atención a supuestos de urgencia vital”.
El también líder de Vox en Extremadura ha recordado que en esta legislatura se impulsará una Ley de Familia que incluirá medidas para el fomento de la natalidad y prestará especial atención a las familias numerosas o con personas dependientes. De hecho, el pacto incluye deducciones fiscales en el IRPF de 500 euros por el primer hijo, 1.000 por el segundo y 1.200 por el tercero y siguientes durante tres años.
Infancia y Juventud son otras competencias de Fernández Calle, aunque también ha pasado de puntillas. Ha explicado que se darán “oportunidades reales” a los jóvenes y se protegerá a los menores de la “instrumentalización ideológica” pero la “responsabilidad es de las familias, los niños son de sus padres, no del Estado”.
Recortes a sindicatos y patronal, y fin de la cooperación internacional
El vicepresidente regional ha recordado que PP y Vox se han comprometido a recortar las ayudas a sindicatos y organizaciones empresariales en un 50%, y así se reflejará en los presupuestos autonómicos, aunque “nos gustaría que no tuvieran ninguna, pero eso será cuando Vox tenga mayoría absoluta”. Y este 'tijeretazo' también afectará a la solidaridad exterior. Se da la circunstancia de que en el organigrama diseñado por la presidenta, María Guardiola, las competencias de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) han ido a manos de Fernández Calle, que precisamente quiere eliminar esta agencia y todas las subvenciones destinadas a ONG para proyectos de cooperación. “Hay muchas necesidades en nuestros pueblos que hay que cubrir antes de que un solo euro se vaya fuera de Extremadura. Espero que el dinero invertido en el exterior sea cero; no vamos a permitir que se sigan derrochando millones en proyectos ideológicos”, ha dicho en la Asamblea.
Por último, en lo relativo a sus competencias en materia de desregulación, el vicepresidente ha afirmado que el objetivo es conseguir que la Administración autonómica funcione de manera más rápida y sea un aliado del ciudadano en lugar de una traba burocrática. Por lo tanto, afectará a todas las consejerías de la Junta de Extremadura y se ejecutará “pasito a pasito”
Privatización y debilitamiento de los servicios públicos
El Grupo Parlamentario Socialista y el de Unidas por Extremadura han acusado al vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de no haber respondido a sus preguntas en comisión parlamentaria y de haber actuado más como portavoz de Vox que como un miembro del Gobierno regional.
En concreto, la diputada socialista Soraya Vega ha tildado de “vergüenza” la comparecencia de Fernández Calle y ha asegurado que ha realizado afirmaciones que considera “absolutamente incompatibles con la ley”. Además, ha señalado que no ha aclarado qué significa la desregulación ni qué implicaciones prácticas tendrá en la gestión pública y ha advertido de que no se sabe si esto supondrá “privatizar, recortar o debilitar los servicios públicos” dirigidos a las personas más vulnerables.
También ha cuestionado el concepto de “prioridad nacional” y ha preguntado qué supone su aplicación en ámbitos como la atención a emergencias sociales o la protección a la infancia, sin obtener respuesta del vicepresidente, según ha trasladado.
En similares términos se ha pronunciado el diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos, quien ha confesado haberse sentido “un poco estupefacto” con la comparecencia de Fernández Calle. En su opinión, ha dado la percepción de desconocer las competencias de su departamento, puesto que “se ha puesto a aplicar al acuerdo del gobierno como si fuera el portavoz de Vox”, lo que revela, según sus palabras, que “no tiene ni idea de lo que va a hacer con la Consejería”.
“Ha sido un constante hablar de la prioridad nacional”, ha criticado el parlamentario, para quien este concepto es una “cortina de humo” que busca utilizar a las personas migrantes como “chivo expiatorio” para no hablar de los problemas de Extremadura.
La diputada popular Teresa Tortonda, por contra, ha valorado que la intervención del consejero se ha centrado en dos líneas principales de actuación, entre ellas la desregulación, basada en lograr “una administración mucho más ágil y mucho más cercana a los ciudadanos”, y las políticas sociales. Sobre estas últimas ha asegurado que “no van a tener ningún recorte”, sino que se van a desarrollar bajo los criterios de eficacia, de efectividad y de eficiencia con el fin de solucionar los problemas de los extremeños.