Menos obra pública y perjuicio al mundo rural, resultado hasta ahora de la nueva ley de contratación pública

Administraciones y empresarios extremeños han criticado este jueves algunos aspectos de la Ley de Contratación del Sector Público nacional, que lleva un año en vigor, ya que ha ralentizado la obra pública, no ha mejorado la participación de las pymes en los concursos y ha perjudicado al mundo rural.

Mérida ha acogido el II Congreso Autonómico de Contratación Pública, que ha sido inaugurado en un acto en el que ha intervenido el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

El más rotundo en su intervención ha sido el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, que ha abogado por medir el impacto que ha tenido y cambiar la ley, mientras que Fernández Vara ha manifestado que seguramente habrá que modificarla con el tiempo.

Para el vicepresidente de la Diputación de Cáceres, Alfonso Beltrán, debería haber habido una “moratoria” para aplicarla en las zonas rurales.

Gallardo ha subrayado que una “mala ley” les ha hecho “ser más fuertes”, ya que ha obligado a un trabajo conjunto para paliar sus efectos.

A su juicio, nadie reconoce que sea positiva para el sector público y “mucho menos para el mundo rural”, donde “destroza” en los contratos menores al pequeño tejido productivo local. 

Por ello, ha reclamado que los expertos que participan en ese foro saquen conclusiones y se eleven al legislador, ya que este asunto debe ser una “prioridad”.

Un 20% menos de obra pública

Gallardo ha advertido de que hay estudios que dicen que la ley hay supuesto una diminución en la obra pública, que representa el 20 % del PIB nacional.

Como ya había “luces de alarma”, ha concluido, se anticiparon a la ley con la puesta en marcha de una plataforma de contratación electrónica, a la que se han acogido 148 entidades y 800 empresas.

El vicepresidente de la Diputación de Cáceres y alcalde de Hernán Pérez, Alfonso Beltrán, ha planteado los problemas que surgen en un municipio como el suyo, de 500 habitantes, donde siempre se han comprado los productos de limpieza en la tienda del pueblo.

“¿Qué hago ahora?: un acuerdo marco, un simplificado abierto, le obligo a la tienda de mi pueblo a que tiene que darse de alta en la plataforma electrónica...? ”.

A su juicio, esa es la realidad de la España rural y la solución va a pasar “como siempre” por las diputaciones y por la Junta de Extremadura.

En este sentido, ha adelantado que habrá que poner más agentes de nuevas tecnologías en el territorio, potenciar el asesoramiento a los municipios y hacer acuerdos marcos o pliegos de contratación, lo que lleva “tiempo y recursos”, ha recalcado.

A juicio de Fernández Vara, hay que seguir mejorando esta ley, pero aprovechando todas las cosas buenas que tiene, como la mejora en la transparencia de los procesos.

Presunción de culpabilidad

El problema es que se legisla “de manera reactiva y no proactiva”, ha afirmado el presidente extremeño, ya que en la lucha contra la corrupción los contratos se realizan pensando “en la presunción de culpabilidad”.

Esto llevó a que la obra pública estuviera prácticamente parada los seis primeros meses desde su entrada en vigor, ha apuntado.

Fernández Vara ha centrado su discurso en que el precio no debería ser el elemento fundamental para la adjudicación, ya que muchas empresas acudían a pérdidas con la única intención de quedarse con el mercado. 

En su opinión, si algo cuesta 100 no se puede dar por 60, porque esto significa que “alguna parte está perdiendo y las cosas no funcionan”.

Precisamente, bajas temerarias fueron la causa del retraso de las obras del tren extremeño en los años de la crisis, según Fernández Vara.

Antes del acto, el secretario general de la Corporación Regional de Empresarios de Extremadura (Creex), Javier Peinado, ha reconocido que la norma ha supuesto un cambio “un poco traumático”, ya que ha traído un “bloqueo” de la contratación pública y muchos problemas entre los órganos de contratación y las empresas.

Aunque su objetivo mayor era fomentar la participación de las pymes en la licitación pública, ha tenido el “efecto contrario” porque son las que tienen el mayor problema con la digitalización, ya que toda la tramitación debe ser por vía electrónica.

La plataforma digital, que depende del Gobierno de España, todavía a día de hoy no funciona a veces con fluidez, según Peinado, que ha indicado que en ocasiones ha habido que desconvocar las mesas de contratación varias veces porque no se podía acceder a la herramienta.

Las cláusulas sociales no ha dificultado la contratación, aunque no hay criterios claros y objetivos de cómo se beneficia a las empresas, según Peinado, que ve positiva la división por lotes de los contratos para facilitar la participación de las pymes.