La Junta cortará las ayudas a instituciones y personas que incumplan la Memoria Histórica
Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, sancionadas por la futura ley regional de Memoria Histórica, no recibirán ayudas de la Junta de Extremadura yo podrían ser sancionadas con multas de hasta 150.000 euros, según el borrador del texto que ha recibido el visto bueno inicial de la Administración autonómica y asociaciones privadas, y que ha sido enviado al Consejo de Estado para su informe jurídico.
Posteriormente volverá a la comisión público-privada para la redacción de un texto definitivo que sería enviado a la Asamblea de Extremadura para su consideración por los cuatro partidos políticos representados en ella.
El borrador define cuáles son las víctimas de la rebelión franquista de 1936, con efectos desde entonces hasta la aprobación del Estatuto de Autonomía en 1983; ordena un censo de las mismas; regula la excavación de fosas y restos con la expropiación temporal incluida de terrenos privados, y promueve la reparación y la memoria de los represaliados, estableciendo un día regional de recuerdo y la anulación de los juicios franquistas.
Dedica un capítulo a la identificación y retirada, o prohibición, de los símbolos y actos contrarios a la Memoria Histórica y Democrática, con sanciones económicas si no se hace, regula el acceso a toda la documentación del período citado y referido a las víctimas, y crea el Instituto de la Memoria Histórica y Democrática además de impulsar las asociaciones privadas que trabajan por la misma.
Víctimas
Las víctimas son las personas desaparecidas y asesinadas, procesadas y condenadas a muerte, ejecutadas, las que fueron encarceladas y deportadas, obligadas a trabajos forzosos o internadas en campos de concentración y colonias penitenciarias, dentro o fuera de Extremadura; también los que se exiliaron, fuero privados de sus bienes, etc.
La Junta queda obligada a realizar un censo de víctimas, con permiso de las mismas y sus familiares, y regula los procesos de exhumación, incluso en terrenos privados que serían declarados de utilidad pública e interés social si es necesario, para una ocupación temporal bajo la normativa de expropiación forzosa.
Se harán pruebas genéticas a cargo de la Administración regional y un mapa regional de fosas; la Junta se personará y denunciará en órganos judiciales caso de que durante las excavaciones se encuentren indicios de delito.
Vestigios y recuerdo de los vencedores
Capítulo importante también en el borrador de ley para los símbolos y actos contrarios a la Memoria Histórica y Democrática, con acciones para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar de 1936 y del franquismo, “de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen y la represión de la Dictadura”.
Si están en edificios “privados o religiosos”, pero que dan a espacio público, sus propietarios deben también retirarlos.
También se prevendrán la realización de actos en público que entrañen “descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familias, exaltación del golpe militar o del franquismo, u homenaje y concesión de distinciones a personas físicas o jurídicas que apoyaron el golpe militar y la Dictadura”.
Anular las distinciones
Todas las distinciones, nombramientos y títulos honoríficos de franquistas deberán ser anulados en el plazo de un año, por parte de las administraciones públicas locales, provinciales y regionales.
Quienes contravengan la ley serán sancionados con multas, o con la retirada de cualquier ayuda pública por parte de la Junta.
Entre las disposiciones adicionales del borrador de la ley se fijan plazos, de entre seis y doce meses a partir de la aprobación de la misma, para por ejemplo indemnizar a las víctimas, hacer reglamento de fosas, y la retirada de elementos contrarios a la Memoria Histórica y Democrática (12 meses).
La enseñanza de aquella etapa negra de España, ya incluida en los contenidos de ESO y Bachillerato, se amplía a Primaria y educación permanente de adultos.
