La Junta propone más de 110 millones hasta 2030 para la equiparación salarial en la Administración y la Sanidad

La negociación para la equiparación retributiva de los empleados públicos extremeños ha echado a andar aunque la Junta ya ha aprobado los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2027.

La Junta de Extremadura ha puesto sobre la mesa un compromiso financiero que supera los 110 millones de euros distribuidos en cuatro anualidades, hasta el año 2030. Sin embargo, el arranque de las mesas sectoriales de negociación ha situado a las organizaciones sindicales en el centro del debate, ya que serán las encargadas de fiscalizar el reparto interno de unos fondos que consideran ajustados respecto a las necesidades reales de las distintas plantillas.

La propuesta articulada por la Consejería de Hacienda y Administración Pública contempla una inyección global de cerca de 55 millones de euros para el personal de la Administración General. Este montante se ejecutará a un ritmo de 13,15 millones de euros al año durante los próximos cuatro ejercicios. La cifra abarca tanto las retribuciones directas como el coste derivado de la Seguridad Social y responderá, entre sus prioridades, a la ansiada homologación entre las categorías del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) y las del Servicio Extremeño de Salud (SES).

Por su parte, en la mesa sectorial de Sanidad, la Dirección Gerencia del SES ha presentado una partida plurianual que supera los 58 millones de euros hasta 2030, a razón de más de 14 millones de euros anuales para los aproximadamente 20.000 profesionales del ámbito sanitario. Según el Ejecutivo autonómico, este volumen inversor busca situar los salarios del colectivo en la media nacional de la sanidad pública, e incluso situar a determinadas categorías por encima de ese promedio.

La posición de los sindicatos

Los representantes de los trabajadores han recibido las propuestas con cautela y han recordado que el margen negociador ofrecido por la administración resulta acotado frente a la acumulación de pérdida de poder adquisitivo y las demandas pendientes en diversos subsectores.

En la mesa de Administración General, los agentes sociales deberán abordar una compleja tarea de priorización para decidir cómo se distribuyen las partidas entre las diferentes escalas y cuerpos. Desde la Dirección General de Función Pública se ha admitido que el margen financiero viene marcado por la disponibilidad presupuestaria global del ejercicio, en el que la Junta deberá afrontar cerca de 200 millones de euros en el capítulo de personal, de los cuales 164 millones responden a incrementos salariales generales y 8 millones al pago de la deuda pendiente del 2% del año 2020.

Sin embargo, las cifras ofrecidas por la administración han encontrado un rápido rechazo en el sector sanitario. El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha calificado la propuesta del SES de “claramente insuficiente” tras detallar que el planteamiento de la Junta se traduce en un incremento retributivo lineal de apenas 40 euros mensuales por año hasta 2030. Aunque la organización considera un “avance” el inicio del diálogo tras meses de presión sindical, advierte de que el montante planteado queda muy lejos de lograr una equiparación real para los profesionales que sostienen la sanidad extremeña.

Asimismo, desde la central sindical se critica el carácter homogéneo del reparto diseñado por el Ejecutivo autonómico. La secretaria general de SATSE Extremadura, Elena Martín, ha defendido que cualquier proceso de equiparación salarial debe aplicar incrementos proporcionales a la cualificación, responsabilidad y competencias de cada categoría profesional. A la espera de recibir el documento formal por escrito, la organización avanzó que mantendrá la exigencia de mejoras sustanciales para las enfermeras, especialistas y fisioterapeutas del Servicio Extremeño de Salud.