Un año desde que la Xunta asumió la gestión del litoral: sendas, chiringuitos y poco medio ambiente
Hace un año que la Xunta asumió los poderes sobre la gestión del litoral, el primer traspaso de competencias para Galicia en 17 años. El presidente gallego, Alfonso Rueda, aprovechó el aniversario, el miércoles 1 de julio, para hacer un repaso de la actividad de estos 12 meses. Desde el parador de Muxía, una de las obras incluidas en el plan de inversiones posterior al hundimiento del Prestige, celebró la estabilidad y la aceleración de los trámites y destacó tres cuestiones: los permisos para actividad empresarial, la ampliación de la temporada de chiringuitos y la senda que recorre toda la costa gallega con la intención de atraer visitantes. Las asociaciones ecologistas hacen otro balance: el enfoque es económico, se orienta a la masificación turística y olvida la protección del entorno natural. La propia elección del parador como escenario y el contenido del discurso, dicen, lo confirman.
“Vivimos en la costa y podemos vivir de la costa”, afirmó el presidente gallego en el acto, en el que añadió una referencia vaga a que es necesario cuidar del litoral: “Para disfrutar nosotros, los que nos visitan ahora y en el futuro”. La gestión directa dio estabilidad a la cadena mar-industria (sector en el que se incluyen actividades como la conserva, las depuradoras y los astilleros), pero también a empresas relacionadas con el turismo y la hostelería, destacó Rueda.
Aportó también cifras: en este tiempo la Xunta resolvió más de 1.800 concesiones y autorizaciones para usos e instalaciones en la costa. Ha dado permiso para más de 900 servicios de temporada, buena parte de los cuales son chiringuitos, aunque también hay, por ejemplo, negocios para deportes acuáticos. No solo eso, el Gobierno gallego amplió el periodo en el que pueden funcionar, que ahora va desde Semana Santa al 31 de octubre de forma ininterrumpida, y destinó un millón de euros para que “sean más bonitos”, dijo Rueda. En cuanto a lo que el Gobierno gallego ha bautizado como el Camiño do Litoral, el presidente gallego destacó que son sendas que incluyen 1.300 kilómetros de la costa gallega -prácticamente toda-, desde Ribadeo hasta A Guarda. En realidad, la propuesta se basa en caminos que ya existían en el 90% de los casos. El objetivo, de nuevo, es que haya más visitantes.
La última novedad en este terreno se anunció hace unos días: la Xunta facilita los permisos para actividades como competiciones deportivas, eventos de interés turístico, conciertos y festivales que se realizan el dominio público marítimo-terrestre o en la zona de servidumbre de protección. Además, ha eliminado el pago de tasas administrativas asociadas a la solicitud de ocupación temporal de la costa.
“La Xunta ha estado muy concentrada en el aspecto socioeconómico y muy poco en el cuidado ambiental y en la resiliencia, en un contexto de cambio climático en el que la costa es la primera barrera de protección”, dice el portavoz de Greenpeace en Galicia, Manoel Santos. Repite que la costa gallega era ya un espacio “muy desprotegido” y que el Gobierno autonómico “no ha movido un dedo” ni en estos últimos años ni desde que tiene las competencias de gestión del litoral por aumentar esa resiliencia o por atender a cuestiones como el avance del mar, que indica que ya se ve en casos de viviendas que peligran en varios puntos porque el agua ha erosionado los acantilados sobre los que se construyeron.
Santos critica el enfoque de la Xunta y su Consellería de Medio Ambiente, extensible a los espacios naturales en general, de que el entorno es un reclamo para el turismo, en lugar de centrarse en su protección por sus valores intrínsecos. Un ejemplo de esto es la red de sendas en la costa, que es una apuesta por “llevar a gente a sitios a los que antes no llegaba, incluso a lugares casi vírgenes”. Que se haga en un entorno natural, avisa, no quiere decir que se pueda considerar turismo sostenible y cita los casos de la playa de As Catedrais o de las Cíes, que son ya destinos masificados.
En estas islas, recuerda, hay especies amenazadas, como la gaviota patiamarilla (Larus michahellis), que está experimentando un declive dramático que ha hecho que los especialistas pidan catalogarla como en peligro de extinción. Eso, reprocha el portavoz de Greenpeace, no ha provocado reacción en el Gobierno gallego. Tampoco que las rías estén “cerca del colapso ecosistémico”, una situación que se hace evidente también en la bajada de producción.
Afrontar el cambio climático, “la absoluta prioridad”
El secretario técnico de la asociación ecologista Adega, Fins Eirexas, considera que la Xunta actúa con el orden de prioridades equivocado. Lo primero en la gestión del litoral, razona, es protegerlo, mantenerlo en buen estado y recuperar las zonas degradadas. “Después de eso es cuando viene el análisis de si puede haber aprovechamientos turísticos o chiringuitos”, dice. Añade que la industria tiene cabida en la costa, pero con el principio de que lo primero es la protección del entorno y de que “industria que vierte, industria que cierra”. Coincide con Santos en el papel clave de la costa para afrontar el cambio climático: “Es la absoluta prioridad”. Y en que no se han dado pasos en este sentido por parte del Gobierno gallego, al que pide retirar rellenos o espigones.
Eirexas rechaza lo que considera un modelo basado en el turismo masivo para la costa, en especial “sin un estudio previo de capacidad de carga”, es decir, sin un análisis de cuántos visitantes puede acoger Galicia en sus playas. “Ese [ser un reclamo turístico] no es el principal objetivo de un espacio natural”, señala y rechaza que se fomenten los chiringuitos o la reconversión en establecimientos turísticos de edificios que están en desuso. “La Consellería de Medio Ambiente no gestiona el turismo, pero parece que está para que nada estorbe a otros intereses que no son los ambientales”, zanja.
Santos agrega que comprende que, en estos primeros 12 meses, buena parte de la atención de la Xunta en la gestión del litoral la hayan acaparado los trámites administrativos o la gestión de las concesiones, pero avisa de que ni hay que mantenerlas todas —cita, en concreto, el caso de Ence, con la reclamación histórica de que salga de la ría de Pontevedra— ni hay que confundir simplificación administrativa con “impunidad”.
Unas competencias muy peleadas
Galicia asumió las competencias sobre la gestión de la costa el 1 de julio de 2025. Era el primer traspaso en 17 años, tras un periodo en el que la Xunta, dirigida por Alberto Núñez Feijóo, relegó la ampliación de los asuntos que dependen directamente de la comunidad. En septiembre de 2022, Alfonso Rueda, ya al frente del Gobierno gallego, anunció que iba a redactar una ley del litoral. Era una reacción a la negativa del Ejecutivo central de traspasar las competencias en la materia, una histórica reivindicación de la izquierda gallega que el PP había hecho suya en medio de su oposición a la ley estatal de cambio climático que temía que iba a limitar la permanencia de Ence en la ría de Pontevedra —el Supremo acabó avalando que la celulosa se mantenga en su ubicación actual—.
El Gobierno central recurrió la ley gallega del litoral cuando fue aprobada. Consideraba que se reducía de forma indebida la protección y que la comunidad se estaba atribuyendo más competencias de las que le reconocía su Estatuto. El Tribunal Constitucional dio la razón a Galicia y se abrió entonces la negociación que culminó con el traspaso el año pasado.
En el acto oficial del traspaso, Rueda ya adelantó cuáles iban a ser los puntos de atención para la Xunta: “A las más de 4.000 edificaciones, a las 100 empresas de la cadena mar-industria, a toda la vida económica, a todo el enorme respeto con el que cuidamos nuestro entorno natural le faltaba la capacidad de gestión que acerca la cercanía”.