Una auditoría revela 10 millones de gastos sin justificar por el Estado durante el Prestige
La gestión del Prestige también huele a chapapote. Una auditoría encargada por el Ministerio de Fomento revela gastos sin justificar de la Administración durante la gestión de la catástrofe del petrolero que superarían los diez millones de euros. Eso es lo que denuncia la asociación ecologista Arco Iris, que asegura que tuvo acceso a un informe realizado por la empresa Advance en el año 2012 y en la que se comprobarían varias partidas de las que no se aportó documentación alguna que las justificase.
El colectivo, que está personado en el proceso judicial que aún continúa en el Tribunal Supremo sobre la gestión del siniestro, repara sobre todo en los gastos de Salvamento Marítimo (Sasemar), que se elevarían a más de siete millones de euros y de los que no hay factura. Pero hay más costo sin justificar referido a gastos financieros de la Dirección General de la Marina Mercante, del Comisionado y de otros organismos más.
Todas estas cifras surgen de la auditoría elaborada por Advance, realizada para apoyar así la reclamación económica que hace Fomento por los daños y perjuicios tras el accidente, la deriva y el posterior vertido de fuel causado por la catástrofe del Prestige. Arco Iris denuncia que de este documento se deduce la existencia de “graves irregularidades” en la gestión de fondos “durante todo el proceso de rescate del barco y limpieza de la costa”.
“El informe pone a descubierto un llamativo desfase entre las cantidades reclamadas por el Estado y las efectivamente facturadas y comprobadas por los auditores”, asegura la asociación ecologista, que destaca que el importe reclamado por el Estado, según el informe de los peritos judiciales, fue de 214,9 millones de euros, mientras que el admitido por los peritos de este informe es “de 107,3 millones”.
Además, en relación al importe reclamado por el Estado al Fondo Internacional de Compensación de Daños por Hidrocarburos (Fidac), lo sitúa en 214 millones, mientras que el admitido por este organismo en el informe fue tan solo de 60 millones.
“El informe de Advance pone en evidencia que el Prestige fue la chispa que encendió los motores de una enorme máquina de defraudar fondos públicos y que causó un tremendo agujero en las finanzas del Estado”, argumenta Arco Iris, que “llama la atención” sobre “la gran cantidad de anotaciones a cuenta de Sasemar, 7,14 millones de euros, sin justificar, en concepto de gastos de viaje y ayudas de costo de personal”.
Ante todas estas presuntas “irregularidades”, los ecologistas se preguntan “a que espera el Tribunal de Cuentas para abrir un expediente informativo que depure las responsabilidades que hubiera lugar, que parecen muchas y muy graves”. En la opinión del colectivo, la “absoluta falta de control del gasto y la ausencia del más mínimo rigor contable puede colocar el Prestige en el ranking de las mayores golferías de los últimos años en el Estado español”.
