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Así ha avanzado la acuicultura industrial bajo el paraguas del gobierno de Feijóo

Protesta contra la construcción de una piscifactoría

Marcos Pérez Pena

En verano de 2005, hace algo más de diez años, el Gobierno en funciones de Manuel Fraga, que acababa de perder su mayoría absoluta, aprobó el Plan Sectorial de Parques de Tecnología Alimentaria. Un plan acuícola que fue posteriormente sustituido por el Plan de Acuicultura del Gobierno PSOE-BNG (2008) y el Plan Director de la Acuicultura Litoral aprobado por el PP en 2013. Como destaca la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA), estas modificaciones normativas, unidas a varias sentencias judiciales han derivado en una casi permanente inseguridad jurídica que poco ha beneficiado al sector durante estos años“.

La entidad ecologista destaca que desde el regreso del PP al poder en 2009, los populares “han maniobrado para apartar cualquier obstáculo legal que pueda dificultar el negocio de la patronal acuícola, a pesar de que el sector -concretamente, la acuicultura industrial en tierra- comenzaba a dar signos de inestabilidad (bajada de precios, merma de la productividad, importaciones foráneas)”. “Poco después explotaría el caso Pescanova, que casi llevó a la quiebra a la principal empresa del sector”, añade. ADEGA concluye que “ante este panorama” la intención de la nueva Ley de Acuicultura recién presentada por la Xunta -ahora paralizada polas protestas del sector y parte del PP- “es clarificar las reglas de juego, esto es, acabar de despejar cualquier obstáculo para que, por la vía de la transformación del marisqueo en acuicultura, las multinacionales acuícolas tengan el camino legal expedito para ocupar sin problemas nuestra costa y nuestras rías”.

Cambios legislativos bajo el mando de Núñez Feijoo

  • En abril de 2010 el PP modificó la Lei do Solo 9/2002 para facilitar las instalaciones de las macropiscifactorías en suelo rústico de especial protección, incluso sobre espacios protegidos.
  • También en 2010 el PP eliminó la necesidad de que los planes sectoriales ya en marcha (caso del acuícola o el eólico) tuviesen que adaptarse al Plan del Litoral (POL). El propio POL, aprobado definitivamente en febrero de 2012, autorizaba actividades acuícolas incluso en las zonas de máxima protección eb caso de contar con una evaluación ambiental favorable.
  • En diciembre de 2011 el PP, a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2012 suprimió la tramitación ambiental obligatoria de los proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal que afectasen a un solo ayuntamiento, para hacerla discrecional.
  • También en 2011 el Consello da Xunta declaró la acuicultura como de “interés público de primer orden” para permitirles a las empresas acuícolas ocupar espacios de la Red Natura con hábitats prioritarios (Touriñán, Rinlo...), y de este modo intentar puentear el artículo 6.4 de la Directiva 92/43 CE, que señala que “en caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o una especie prioritarios, únicamente se podrán alegar consideraciones relacionadas con la salud humana y la seguridad pública, o relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente, o bien, otras razones imperiosas de interés público de primer orden”.
  • En marzo de 2012, las consellerías de Medio Ambiente y Mar aprueban una Orden conjunta por la que se consideran aptas para la acuicultura las zonas continuas litorales situadas en los ámbitos de “mejora ambiental y paisajística” del POL así como las reservas de la Biosfera, sin esperar a la aprobación definitiva del PDAL (Plano Director de Acuicultura Litoral), entonces en tramitación.
  • En febrero de 2013 la Xunta aprueba el Plan Director de Acuicultura Litoral (PDAL). Toda la costa es susceptible así de albergar piscifactorías: no hay zonas de exclusión.
  • En 2014 el PP aprueba definitivamente el Plan Director de la RN2000 y consolida una Red Natura a medida de los intereses acuícolas (y eólicos, mineros, etc.). El Plan Director abusa de la discrecionalidade y de las excepciones para permitir construir piscifactorías en las zonas de máxima protección ambiental.

Críticas de ADEGA a la nueva Ley de Acuicultura

ADEGA realiza una dura crítica al proyecto legislativo presentado por el Gobierno gallego, una enmienda a la totalidad que señala una serie de defectos y amenazas que la organización considera inaceptables. Para la entidad la norma está “desenfocada ya desde la misma exposición de motivos”, donde la Xunta hace referencia a las directrices de la FAO para justificar una intensivización de la acuicultura en Galicia. Sin embargo, recuerda ADEGA, la propia FAO señala “los 10 principios para el ordenamiento sostenible en la acuicultura costera”, entre los que se encuentran “consultar con la población local y todos los participantes”, “clanificar a pequeña escala, proyectos flexibles” o “mantener al mínimo las inversiones externas para reducir la dependencia”.

Por el contrario, para ADEGA, “este anteproyecto de Ley de Acuicultura de Galicia está diseñado para favorecer acuicultura industrial dominada actualmente por dos multinacionales, Pescanova y Stolt-Nielsen”. “Pretende justificar el desarrollo de grandes instalaciones y macropolígonos; obviar a la población local y la realidad socioeconómica del sector, dominado por los cultivos marinos y la pesca de bajura; dedicar cuantiosas subvenciones públicas al sector de la acuicultura industrial; y planificar exclusivamente con el objeto de que las empresas incrementen la producción de pescados de granja”, añade.

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