Los señores de las cajas gallegas: de intocables a repudiados entre causas judiciales
El mes de enero de 2017, poco después de las fiestas navideñas, la Audiencia Nacional enviaba a la cárcel a buena parte de la antigua cúpula de las cajas gallegas. Julio Fernández Gayoso, José Luis Pego, Gregorio Gorriarán, Óscar Rodríguez Estrada y Ricardo Pradas eran los primeros directivos bancarios del Estado condenados a prisión después de innumerables escándalos financieros, que ahora brotan en forma de autos judiciales para acorralar a los ex-directivos de unas entidades desaparecidas a la vez que caía también su prestigio en Galicia.
En aquella causa culminada con la prisión estaban todos, con mayor o menor implicación, detrás de las indemnizaciones (18,9 millones en total) que varios ejecutivos se habían autoadjudicado en 2010 desde los despachos más altos de aquella entidad, Novacaixagalicia, sociedad efímera que nació de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova antes de ser vendida por el FROB. A salvo habían quedado, con todo, privilegios como los planes de pensiones también millonarios establecidos en las antiguas cajas.
Como ejemplo, a Javier García de Paredes, director adjunto de Novacaixagalicia y absuelto en este caso, le habían correspondido 5,1 millones. José Luis Méndez, ex-director general de Caixa Galicia y el otro gran jerifalte del capitalismo feudal que reinó en Galicia durante décadas, se libró también del pleito tras pactar su salida a tiempo, en 2010. El Banco de España, tras ver los números de la entidad y su exposición al ladrillo, consideró al banquero incompatible con cualquier plan de futuro. Cobró por irse 18 millones de euros, exactamente la cantidad que exigió para alejarse del proceso de fusión, cuyas fotos de brindis, con los dos banqueros intocables junto a Feijóo, quedarán para siempre en la galería de imágenes incómodas del presidente.
Méndez ya no estaba cuando el 29 de noviembre de 2010, las dos cajas firmaron su unión con una estilográfica Mont Blanc grabada para la ocasión por la Xunta. Más de siete años después, el ex-directivo acudió a una comisión de investigación en el Congreso sobre el rescate bancario y dijo no recordar que Caixa Galicia había perdonado 1,8 millones en créditos al PP en 1996. Había sido cuestionado sobre la posible “relación” entre el perdón de 300 millones de pesetas y el hecho de que el luego secretario de organización del PPdeG, Pablo Crespo, condenado en el caso Gürtel, hubiese sido antes director de una sucursal de Caixa Galicia. No recordaba nada.
En plena crisis, la indignación social y los escándalos financieros acabaron por desgastar aquella pátina de prestigio que durante tiempo cubrió a los señores de las cajas. Méndez y Gayoso, Gayoso y Méndez, protagonistas de miles de fotos y relaciones con políticos, empresarios y figuras varias que se peleaban por aquel contacto. Surgió Novacaixagalicia, tras una fusión que buscaba poner a salvo el poder financiero gallego, destruido casi en su totalidad hoy en día. El final es conocido: un rescate con dinero público de 9.000 millones de euros que acabó en la venta de la entidad resultante a un grupo venezolano por 1.003 millones, con miles de despidos por el camino. Ni solvente, ni gallega, ni caja. Todo lo contrario de lo que había presumido Feijóo.
Nada había cambiado aún por aquel entonces. Para muestra, el origen de las indemnizaciones pactadas por los ex-directivos y que suponían más del 10% de los activos de la entidad fusionada. Todo lo que tramaron aquellos prohombres pudo llevarse a cabo por la aquiescencia de los representantes políticos y de importantes colectivos que, también en el consejo de Novacaixagalicia, siguieron la costumbre instaurada durante años en Caixa Galicia y Caixanova: mirar hacia otro lado y dejar hacer. El mismo día en el que la caja única echó a andar, el 1 de diciembre de 2010, el consejo de administración aprobó validar los contratos de alta dirección, origen de las fraudulentas indemnizaciones posteriores.
Sin dato alguno, todos los presentes votan a favor, excepto un miembro de CC.OO., que fue observado como si acabara de bajar un extraterrestre. Acababan de aprobar nuevos contratos pactados por los directivos con importantes mejoras antes de la fusión: las pagas variables por resultados pasaban a ser fijas y se incluían en la renta vitalicia total, además de añadir las cláusulas que blindaban las pensiones por jubilación. Al voto negativo se unieron después dos consejeros más; el resto --representantes de cámaras de comercio, cargos del PSOE y del PP y concejales varios-- volvieron a mirar hacia otro lado. Nada nuevo. Así era.
Brotan los escándalos
Pasarían muchos años hasta que muchas de las controvertidas operaciones relacionadas con el ladrillo comenzasen a salir a la luz. Al amparo de la comisión de investigación en el Parlamento gallego, Abanca revela que las antiguas cajas habían vendido propiedades a directivos y a sus familias por 1,5 millones de euros. No hubo más detalle, no obstante, sobre aquellos papeles que acusaban a la mujer de Méndez de obtener pisos de Caixa Galicia a bajo precio. Peccata minuta.
Los tribunales comenzaron a actuar ante las investigaciones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Un año después de la entrada en prisión de la cúpula de las entidades, se desvela que la Audiencia Nacional estaba investigando la José Luis Méndez y a varios ex-directivos de la extinta Caixa Galicia. La causa abierta había surgido a instancias precisamente del FROB y tenía que ver con una ruinosa operación inmobiliaria para la entidad en Roquetas de Mar (Almería) por la que la entidad financiera habría concedido un crédito de 15 millones de euros avalado con unos terrenos que habían sido valorados en 30 millones cuando en realidad no sumaban ni 30.000 euros, al ser uno de ellos no urbanizable y el otro estar tasado en unos 25.000 euros. Un modus operandi habitual en las aventuradas expansiones inmobiliarias de las entidades financieras gallegas.
Las operaciones inmobiliarias ruinosas de las antiguas dos grandes cajas gallegas fueron clave en la quiebra de Novacaixagalicia y en su posterior rescate. En ese procedimiento, la entidad fusionada llegó a transferir al banco malo unos 5.000 millones de euros de activos inmobiliarios tóxicos sobre los que esta entidad, impulsada por el Estado y los principales bancos españoles, se negó a informar al Parlamento. Muchas de estas inversiones fracasadas se desarrollaron fuera de Galicia, como el caso del emblemático edificio InTempo, en una operación de Caixa Galicia, un rascacielos de Benidorm del que el banco malo logró deshacerse en otoño de 2017.
También la antigua cúpula de Caixanova se encamina a varios juicios por operaciones semejantes. Uno de ellos por una “sospechosa” operación en Madrid. La Audiencia Nacional atribuye, en una diligencia hecha pública sólo hace unas semanas, a Fernández Gayoso, José Luis Pego y cuatro ex-directivos un “delito societario continuado” por sus operaciones inmobiliarias en Rivas-Vaciamadrid con un perjuicio para la entidad superior a los 40 millones de euros. Sólo unos días después, el mismo tribunal volvió a señalar el camino del banquillo de los acusados a la antigua cúpula de la caja viguesa, que se enfrenta a otro juicio por un agujero de 80 millones para reflotar la conservera Alfageme.
En el primero de estos casos, la jueza duda de la limpieza del crédito inmobiliario otorgado por Caixanova a un grupo de constructoras para construir más de 700 viviendas en varias parcelas de la localidad madrileña. La beneficiaria era Rivas ACI, una empresa participada por, entre otras, el grupo Copasa, al que la jueza señala como beneficiaria de los hechos. La entidad viguesa habría financiado la obra sin ponderar sus riesgos, “provocando perjuicios patrimoniales” a la financiera Proinova, filial de la propia caja. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria dio lugar la una serie de impagos ante los que la caja fue especialmente flexible y Proinova acabó comprando las parcelas el 22 noviembre de 2010, una semana antes de la firma de la escritura de la fusión.
En el último de los casos conocidos, la Audiencia Nacional apunta a la posible comisión de delitos de blanqueo de capitales y delitos societarios por parte de Gayoso, Pego, Gorriarán y otros siete ex-directivos en relación a la concesión de préstamos a la empresa Promalar para la compra de Alfageme, buscando reflotar la conservera y provocando un agujero de 80 millones en la entidad.
Entre otras irregularidades, el juez detectó que se tasaron terrenos por 190 veces su valor real; en una de estas operaciones, para cubrir el riesgo de 60 millones concedido por préstamo hipotecario se entregaron en garantía terrenos valorados en 133 millones, aunque su valor real era de 2,5 millones. Una fórmula semejante a la de otras operaciones y que amenaza con no ser la última que lleve a la antigua élite financiera gallega al banco de los acusados. Otra vez.
