“La paz lingüística en Galicia no parece dificil, pero el conflicto es mayor que en Euskadi”

Alberto López Basaguren es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco, experto en Derecho Lingüístico y miembro del comité de expertos del Consejo de Europa que acaba de elaborar las recomendaciones a España en el cumplimiento de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. El informe volvió a ser duro con la Xunta “por la reducción progresiva de la enseñanza en gallego en todos los niveles y de su estructura de apoyo”. López Basaguren explica en esta entrevista el documento y, aunque con prudencia, no esconde los defectos que se aprecian en el país. “El problema en Galicia es claro: tiene que haber enseñanza en gallego para aquellos que lo deseen”, asegura.

El informe del Consejo de Europa vuelve a ser crítico en muchos aspectos con la situación de la lengua gallega en Galicia. ¿Qué avances y que retrocesos destacaría usted?

Los problemas de aplicación de la Carta Europea en España deben ser contextualizados. La Carta es un texto abierto que no obliga a asumir todos los compromisos que contiene y en cada ámbito deja abierta la posibilidad de diferentes niveles de exigencia. España ratificó la Carta en todos y cada uno de los ámbitos de compromiso; y en todos ellos en el nivel más alto de exigencia. Es decir, España ratificó la Carta muy por encima de los mínimos exigidos. Por otra parte, en la mayor parte de los ámbitos en los que está en juego la protección y promoción de las lenguas regionales o minoritarias corresponde la competencia a las autonomías. Hay que reconocer que el cumplimiento de los compromisos contenidos en la Carta es, en general, muy satisfactorio en España, pero hay problemas concretos de incumplimiento. En Galicia hay varios problemas de incumplimiento que son generales a toda España, como es el caso del uso del gallego en los procedimientos judiciales o en la Administración periférica del Estado; vienen de lejos y no hay progresos significativos. En el ámbito judicial el problema es que España no garantiza el cumplimiento del compromiso que asumió voluntariamente cuando no estaba obligada a eso. El sistema para garantizar la existencia de jueces capaces de hacerlo fracasó. La enseñanza es otro de los ámbitos importantes en los que hay problemas, pero requiere una amplia explicación.

El nuevo decreto para la enseñanza reduce la presencia del gallego en los centros escolares y los jóvenes en Galicia son cada vez menos competentes en la lengua propia. ¿Corre riesgo el idioma de cara a las nuevas generaciones?

Cuando el Comité de Expertos de la Carta Europea analizó la situación de la enseñanza en Galicia el problema era muy claro: la ratificación de la Carta por España obliga a que haya disponibilidad de un sistema educativo en gallego para aquellos que así lo quieran; y en Galicia se implantó un sistema de bilingüismo obligatorio para todos. El Comité de Expertos no puede entrar a considerar si un sistema educativo semejante es o no es el más adecuado para Galicia, sino que está obligado a constatar que tal sistema educativo en gallego no existe, incumpliendo la obligación asumida. Los riesgos de un idioma dependen de muchos factores. El gallego tiene una gran presencia social y su conocimiento, al menos pasivo, es generalizado en Galicia, lo que no suele ser común en el caso de las lenguas regionales o minoritarias. Pero la enseñanza es un ámbito trascendental para la supervivencia de una lengua. Y en nuestro caso, lo es la garantía de que exista un sistema educativo en gallego para quien así lo desee. Al margen de eso, la supervivencia de una lengua, su vitalidad social y la competencia lingüística de los hablantes dependen de muchos factores que actúan conjuntamente: la trasmisión familiar, el uso social, la riqueza literaria... Todos ellos son trascendentales. Pero la Carta tiene como objetivo proteger el uso de la lengua en determinados ámbitos, entre los que la educación es uno de los más relevantes. El futuro de la lengua gallega está en manos de los propios hablantes. La Carta es uno de los instrumentos que pretende garantizar que los hablantes puedan utilizar la lengua de forma que se garanticen las condiciones que permitan su reproducción.

En Educación Infantil, por ejemplo, la elección de la mayoría de padres en un centro obliga al resto a asumir ese modelo. De hecho, a pesar de que el 40% de padres de las ciudades escogió el gallego para la educación de sus hijos, menos del 5% acceden a él. ¿Es la separación por lenguas la única solución en estos casos?

De acuerdo a la Carta Europea, son los propios hablantes los que tienen que tener la posibilidad de optar por una enseñanza en la lengua regional o minoritaria. El Comité de Expertos siempre insiste en que, cuando hay un número suficiente de hablantes tienen que tener a su disposición una enseñanza en su lengua, para que sus hijos puedan recibir enseñanza en esa lengua, si así lo desean. Ni la decisión de unos de que sus hijos estudien en la lengua regional o minoritaria puede imponer a los demás esa opción, ni la opción de otros por un sistema de enseñanza bilingüe o en el que la lengua regional o minoritaria sea, únicamente, una materia de aprendizaje puede limitar el derecho de los primeros a que sus hijos estudien en gallego. La experiencia en Europa es que, en casos similares, la convivencia de distintos modelos en la enseñanza por razón de lengua es la solución generalizada. Pero son las autoridades, de acuerdo con los hablantes, las que tienen que determinar la forma más idónea, en una determinada situación lingüística, de dar satisfacción a los derechos de los distintos sectores implicados.

Es el tercer informe en el que se señalan problemas en la educación en gallego, especialmente en cuanto a la ausencia de suficientes escuelas que garanticen una enseñanza en el que la lengua gallega sea vehicular o mayoritaria. ¿Por qué cree que empeoró la situación?

El Comité de Expertos no puede entrar en determinado tipo de consideraciones. A nosotros sólo nos corresponde analizar si los compromisos asumidos por un país se cumplen o no y si los hablantes de una determinada lengua regional o minoritaria protegida por la Carta consideran satisfechas sus demandas o no. Y en el caso de Galicia parece que hay sectores de hablantes de gallego que no están satisfechos con las opciones lingüísticas en la enseñanza, por no tener la opción de que sus hijos reciban la enseñanza íntegramente en gallego. Y España, al ratificar la Carta, se comprometió a garantizar esa opción, por lo que la conclusión debe ser, necesariamente, que, en Galicia, en el ámbito de la enseñanza, España está incumpliendo algunos de los compromisos asumidos. Siempre dejando claro que la satisfacción de ese compromiso no exige la imposición de un sistema educativo solo en gallego para todos, sino, solamente, su disponibilidad para quien así lo desee.

Al no ser un informe vinculante, el Gobierno de la Xunta parece no hacer mucho caso a las recomendaciones. ¿Qué alternativa les queda a los colectivos a favor del gallego, a los expertos o a la Real Academia Galega, que llevan años reclamando un cambio de rumbo? ¿Son los recursos judiciales -hay cuatro presentados- la única alternativa?

La Carta Europea es un instrumento de Derecho Internacional, con las virtudes y las limitaciones que caracterizan a este tipo de instrumentos. En este ámbito se confía en la eficacia de la persuasión y en los efectos de la necesidad de que las autoridades, periódicamente, deban dar explicaciones sobre la forma en que están cumpliendo los compromisos asumidos por su país al ratificar un instrumento de Derecho internacional. Las autoridades españolas tienen que afrontar en el Comité de Ministros del Consejo de Europa el incumplimiento de sus compromisos. La experiencia demuestra que, aun necesitando tiempo, este tipo de instrumentos acaban teniendo importantes efectos. En Europa se constata que, en la mayor parte de los casos, de un período de control a otro, las autoridades se preocupan de tratar de demostrar que las cosas mejoran. Los remedios no son los tradicionales de los sistemas jurídicos estatales; pero hay que aceptar que, en lo que se refiere a la Carta Europea, nos encontramos en ese peculiar ámbito internacional. Otra cosa son los deberes del Derecho interno. Unos y otros son compatibles y pueden jugar un papel complementario. La cuestión, a los efectos de lo que pregunta, es si el ordenamiento gallego garantiza a los hablantes el derecho a recibir la enseñanza en gallego y, en cuyo caso, utilizar los instrumentos jurídicos del derecho interno, como los recursos judiciales.

¿Qué opciones hay para intentar que se cumpla la Carta Europea cuando gobiernos como el de la Xunta la incumplen constantemente en diversos aspectos desde hace años?

La opción es, sin duda, poner de relevancia que se está incumpliendo la Carta Europea, cuando eso ocurre, poniendo a las autoridades ante el compromiso político de justificar ante la ciudadanía el incumplimiento de un compromiso internacional. Las democracias deben asentarse sobre el principio de responsabilidad, sobre la accountability, frente a la sociedad, frente a los ciudadanos, a los que tienen que dar cuenta de sus actos y justificar. ES la salud de la democracia lo que se refleja en este ámbito.

El informe vuelve a destacar la valía de los sistemas educativos catalán y/o vasco para garantizar la supervivencia de sus lenguas propias entre los jóvenes. ¿Por qué cree que justo los modelos educativos que más valoran los expertos suelen ser los más criticados por otras opciones políticas, especialmente el PP?

Desde el punto de vista de la Carta Europea, los sistemas educativos vasco y catalán cumplen los compromisos asumidos por España, en la medida en que garantizan la disponibilidad de una enseñanza en euskera o en catalán, respectivamente, a quien así lo desee. Pero el Comité de Expertos pone de relieve que, por ejemplo, en el caso catalán, el sistema educativo ve más allá del que exige la Carta, pues esta en ningún caso exige que la enseñanza en catalán sea obligatorio para todos, sino sólo para aquellos que así lo deseen. La preferencia por un modelo educativo u otro debe permitir que los ciudadanos canalicen adecuadamente sus opciones lingüísticas. En Europa se considera que la integración política interna en las sociedades tradicionalmente plurales desde el punto de vista cultural y lingüístico sólo se garantiza en una perspectiva intercultural que reconozca las distintas comunidades lingüísticas y les permita ejercer flexiblemente y con libertad su opción por el mantenimiento y reproducción de las lenguas a las que, respectivamente, sienten vinculados.

¿A qué cree que se deben las duras críticas a la inmersión lingüística?

Creo que en España se confundieron, en ocasiones, cosas diferentes. Una cuestión es un sistema de inmersión lingüística, en el que los jóvenes estudian en la lengua por la que optaron y otra muy diferente es que se considere que la inmersión lingüística significa que todos los jóvenes deban estudiar, obligatoriamente, en la lengua regional o minoritaria, sin tener en cuenta su voluntad y excluyendo de forma absoluta el castellano como lengua de enseñanza. Si la inmersión lingüística se entiende en este segundo sentido, su defensa es muy difícil, a mi juicio.

En una entrevista de hace algún tiempo usted aseguraba que el conflicto lingüístico en Galicia le parecía mayor que el existente en Euskadi o incluso Catalunya. ¿Sigue opinando lo mismo después de este nuevo informe?

Es algo que me viene sorprendiendo desde hace mucho tiempo. Por razones sociolingüísticas (el alto número de hablantes y su normalidad social) y por razones lingüísticas (la cercanía entre el castellano, el gallego y el catalán), me parece que lograr la paz lingüística no debiera ser una tarea difícil ni en Galicia ni en Catalunya. En el País Vasco las condiciones parecían más propicias para el conflicto: la fortaleza política del apoyo al euskera en un contexto de fuerte debilidad social, el carácter fuertemente minoritario de la comunidad de hablantes y su radical diferencia respeto al castellano, la lengua fuertemente predominante en la sociedad vasca. Y, además, en el contexto del terrorismo y la instrumentalización del euskera por ETA y su mundo político. Con todo, se logró un amplísimo consenso político sobre la base de la promoción del euskera en un contexto de libertad de opción lingüística. Aunque hay problemas y, en ocasiones, conflictos, en Euskadi la cuestión lingüística se desarrolla, en general, en un contexto pacífico, con un amplio consenso político y social. Por el contrario, en Galicia y en Cataluña se producen conflictos desconocidos en Euskadi. De acuerdo a mi experiencia, el consenso en materia lingüística exige realismo y flexibilidad; ni se puede pretender mantener la lengua distintiva de una determinada sociedad en la marginación ni se puede pretender imponerla, de forma obligatoria, más allá de la voluntad de los ciudadanos. Creo que lo que analizamos en este tercer informe sobre España pone de manifiesto que estos problemas siguen vivos. Las guerras lingüísticas pueden dar rendimiento político a distintos sectores; pero el precio que la comunidad lingüística, la lengua, paga por eso puede ser demasiado elevado; en ocasiones, impulsado por aquellos que se consideran sus mayores defensores.

¿Cree que falta consenso en Galicia alrededor de la lengua? Qué podría aprender por ejemplo de Euskadi, donde desde una situación peor, el euskera se recupera entre la juventud al contrario que el gallego entre los jóvenes gallegos?

Los conflictos que se están exponiendo ponen en evidencia que existe falta de consenso. La política lingüística forma parte de uno de los ámbitos más enconados de enfrentamiento político. No sé hasta que punto es una cuestión de confrontación política o fractura también la sociedad. Pero que la lengua sea parte de la confrontación política siempre tiene efectos perjudiciales sobre el desarrollo de las comunidades lingüísticas y, por lo tanto, sobre la fortaleza social de una lengua. Lo que podría, quizás, aprender Galicia de Euskadi, en este campo, es la necesidad de que todos los agentes políticos y sociales estén dispuestos a hacer un esfuerzo extraordinario para lograr que la lengua quede fuera, en gran medida, de la confrontación política sobre la base de un consenso que tenga en cuenta los deseos y también los miedos de todas las partes.

¿Qué exige lograr eso?

Por mi experiencia, creo que eso exige, al menos, dos elementos: el respeto básico de la libertad de opción lingüística como elemento básico de la política lingüística combinado con una política de promoción del aprendizaje y del uso de la lengua regional o minoritaria. En cualquier caso, aunque estos fundamentos son indispensables, la expansión de la lengua distintiva de una sociedad entre los jóvenes depende de muchos otros factores. En Euskadi, por ejemplo, tenemos un problema muy importante; gracias a la enseñanza el conocimiento del euskera se incrementó de forma impresionante, incluso en las zonas en las que tradicionalmente no se hablaba o en las que era extremadamente minoritaria; pero el incremento del conocimiento de la lengua no está siendo acompañado por un incremento de su uso. Esto pone de manifiesto que la evolución social de las lenguas es mucho más compleja del que algunos creían y que la ecuación “más conocimiento = más uso” no funciona de forma automática.

¿La ausencia de medios de comunicación privados en gallego, excepto contadas excepciones, es un claro síntoma de la situación del idioma?

La ausencia de medios de comunicación en gallego, fuera de la radio y televisión públicas, es algo que, contemplado desde fuera, llama la atención. Pero yo no me siento capaz de hacer un diagnóstico de los motivos de esa situación. En cualquiera caso, se trata de un fenómeno que sería interesante -y necesario- analizar sin perjuicios para tratar de detallar realmente los motivos de que sea así.

¿Teme que la crisis económica y la merma de recursos educativos acabe afectando también a la situación de las lenguas? ¿No apagó la crisis otras reivindicaciones como las lingüísticas?

Sin ninguna duda, va a afectar las políticas de promoción lingüística que se asientan sobre la distribución de subvenciones. Y hay actividades que difícilmente se sostienen por sí solas, sin ayudas económicas. Estas restricciones en las políticas de asistencia a las actividades realizadas en lenguas regionales o minoritarias es algo que se está contemplando ya en toda Europa. El reto es que los recortes no afecten de forma desproporcionada a las políticas lingüísticas. Aunque, como en otros ámbitos, la crisis también debe ser una ocasión para analizar la racionalidad del gasto. No creo que la crisis apague otras reivindicaciones, aunque es evidente que la economía condiciona cualquier otro ámbito.