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“En materia fiscal, el PSOE nos hace la misma propuesta que el PP”

María Rozas, edil de Hacienda y teniente de Alcaldía en Santiago

David Lombao

María Rozas lleva desde junio al frente de las cuentas públicas del Ayuntamiento de Santiago. Tras llegar al gobierno local como número dos de la candidatura de Compostela Aberta y procedente del campo profesional de la gestión económica para Administraciones públicas, desde la tenencia de Alcaldía y la Concejalía de Hacienda y Presupuestos asegura llevar “cuatro meses haciendo malabarismos con partidas presupuestarias totalmente agotadas” por el anterior gobierno del PP para, por ejemplo, afrontar cuestiones tan inmediatas como las fiestas patronales, apenas un mes después del inicio del mandato. Tras apagar los primeros fuegos, se encuentra inmersa en la negociación de las ordenanzas fiscales para 2016, en la que el pacto con la oposición es imprescindible para sacar adelante un proyecto en el que la “revisión” del impuesto de bienes inmuebles, el IBI, es la línea primordial. [Entrevista originalmente realizada en gallego]

Cuatro meses después de tenerlas en la mano, ¿cómo están las cuentas municipales?

La situación económica del Ayuntamiento está mal, porque la herencia que tenemos es difícil de gestionar. El PP se excedió del techo de gasto, una norma de Montoro que obliga a no gastar más de lo fijado cada año y, en el caso de excederse, es necesario hacer un plan económico-financiero, un plan de ajustes. Y la mayoría pasan por reducir gastos. Es una situación complicada en la que tenemos que trabajar hacia los presupuestos de 2016. La auditoría continúa, así que no descartamos que aparezcan más cosas; nos hemos encontrado con unos presupuestos de 2015 irreales, con gastos en los que no había contrapartida de ingresos. Las inversiones, en su mayor parte, se basaban en ingresos para los que no se había comenzado ningún trámite ni había perspectiva y ahora tenemos que gestionar compromisos adquiridos por el PP sin posibilidad de ejecución. Mi visión es que hemos estado cuatro meses desbloqueando cosas del anterior gobierno, que de partida estaban mal planteadas.

¿Han decidido ya dónde van a aplicar esas reducciones?

Nuestra voluntad es presentar el plan económico financiero junto con los presupuestos de 2016. Se está elaborando y ya tenemos una previsión, sobre todo, de dónde no recortar.

¿Se quedará fuera el área social del recorte?

Por supuesto. Teníamos el compromiso de ampliar las cuantías para políticas sociales y lo tenemos claro. No vamos a recortar ese área de gasto.

Una vía para el equilibrio es el recorte y otra, obviamente, aumentar la recaudación vía impuestos. ¿Qué margen tienen para hacerlo?

Eso es de primero de Administración y de Economía, pero en la primera ronda de contactos con la oposición para hablar de ordenanzas y de cómo aumentar ingresos, ha habido propuestas, en este caso por parte del PSOE, de reducir impuestos mientras triplicamos el gasto social. No es necesario ser economista para saber que esos números no dan. ¿Qué queremos hacer con los ingresos? Estamos trabajando en la propuesta de ordenanzas, que pasa por gravar más a quien más tiene. La ley estatal permite, en el impuesto de bienes inmuebles, gravar de forma diferenciada a quien tiene inmuebles no residenciales de mayor valor catastral. Estoy orgullosa, porque es la primera vez que en el Ayuntamiento de Santiago se hace una propuesta de progresividad en el IBI. Proponemos un gravamen un poco más alto para grandes superficies, grandes industrias. Estamos hablando del 10% de mayor valor catastral, no entra el pequeño comercio. No es algo exagerado, es acercarlo al promedio español de ciudades de población similar. Para el resto, mantendremos el gravamen y ampliaremos bonificaciones.

¿Cuánto prevén recaudar adicionalmente si su propuesta sale adelante?

Si la propuesta del gobierno de gravar las propiedades con mayor valor catrastral sale adelante, serían 2,5 millones de euros más que podríamos destinar a ese compromiso de ampliar el gasto social. Ahora mismo el área de Políticas Sociales tiene presupuestados en torno a 5 millones. No descartaríamos, tampoco, ajustar otras propuestas de gasto.

En la estructura del parque de viviendas en Compostela tiene mucho peso  la vivienda para alquiler. ¿Tendrían que afrontar el mismo gravamen los propietarios de este tipo de pisos que, por ejemplo, quienes tienen un único piso y pagan una hipoteca para vivir en él?

El IBI se rige por una normativa estatal, es muy rígido y tiene pocas formas de ser más redistributivo. A mí me gustaría poder incorporar criterios como la renta, familiares y sociales. Yo creo que no se puede gravar de igual forma a una familia que apenas llega a final de mes que a una persona con cuatro o cinco viviendas desocupadas. Hay diferentes ordenanzas, como las de Barcelona o Zaragoza, en las que se detalla qué se considera vivienda desocupada teniendo diferentes variables, teniendo en cuenta por ejemplo si está alquilada, si lleva desocupada más de dos años para tener en cuenta desplazamientos o que, por ejemplo, una persona se haya marchado a vivir a una residencia de ancianos. Se tiene en cuenta que una vivienda no está desocupada únicamente por especulación.

Antes estas propuestas, el PP local los acusa de promover una “asfixia para las familias” y el PSOE asegura que Compostela Aberta está impulsando un “catastrazo”. ¿Cómo van las negociaciones? A priori, las posiciones parecen lejanas y el Grupo Socialista es necesario para sacar adelante las ordenanzas...

Yo estoy bastante decepcionada, no tanto por parte del PP, que todos sabemos cómo es, más allá de que no deje de ser sorprendente su posición cuando se trata de mantener el tipo que ellos tenían en 2014. Pero lo que me decepciona es la posición del Partido Socialista, porque hacemos propuestas claramente redistributivas, para que quienes más tienen, aporten más, y han sido rechazadas.

¿Ve margen para el acuerdo?

Yo soy optimista por naturaleza, pero la posición de Paco Reyes [portavoz local del PSOE] es no entrar a negociar ni al diálogo. Su posición no ha sido muy esperanzadora. Sus propuestas en materia fiscal son las mismas que las del PP.

¿Cree que, en los últimos años, parte de la izquierda ha caído en un esquema hasta cierto punto perverso, de reclamar más inversión social y al tiempo, menos impuestos?

Puede ser, porque hablar de impuestos no es popular. A todos nos afecta y todos miramos por nuestros bolsillos. Lo popular es decir: “voy a bajar los impuestos”, pero si queremos tener servicios de calidad precisamos ingresos, y estos vienen sobre todo por el IBI. No creo que el futuro tenga que pasar por la reducción de ingresos, porque entonces tendríamos que privatizar, externalizar y desmantelar la Administración, que es lo que quiere el PP.

En los últimos años, hablar de IBI es también hablar de la Iglesia, con la que Compostela tiene una relación intensa por motivos obvios. ¿Piensan en plantearle al Arzobispado ese pago en los edificios no de culto y no dedicados a fines sociales?

La normativa es bastante clara en cuanto al IBI de la Iglesia, no solo en los edificios de culto sino en todos aquellos que no estén afectados por el impuesto de sociedades, que no tengan beneficios económicos. Estos están exentos. Yo creo que es necesaria una reforma de esta normativa, pero lo que haremos desde el Ayuntamiento de Santiago es que, todos los bienes que según la ley tengan que pagar el IBI, velaremos por que así sea.

En campaña electoral afirmaron que Santiago tendría presupuestos participativos en este mandato y que esa apuesta ya se comenzaría a notar en 2016. ¿Cómo?

Vamos a hacer un piloto de presupuestos participativos ya para 2016. Está ya iniciándose y lo presentaremos para la próxima semana. Hemos decidido que sea en el área de Juventud y lo hacemos por varios motivos: porque en la juventud se puede adaptar bien a las nuevas tecnologías y al propio presupuesto participativo, y porque es un área a la que darle un impulso. Haremos ese primer piloto y estableceremos un cronograma para 2016, para tener lo que entendemos por unos verdaderos presupuestos participativos, con asambleas de barrio que decidan determinado porcentaje del capítulo de inversiones ya en 2017.

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