El Ayuntamiento de Outeiro de Rei reclamará a la Iglesia solo los bienes de uso público que puso a su nombre, pero no los privados

Casa do Concello de Outeiro de Rei, en la provincia de Lugo

El Ayuntamiento de Outeiro de Rei (Lugo), en el que gobierna el PP, aprobó por unanimidad una moción en la que reclama que las propiedades de uso público que la Iglesia puso a su nombre al amparo de la Ley Hipotecaria de 1998 pasen a ser de titularidad municipal. El texto inicial, que no se aprobó con su redacción original, fue presentado por el BNG y pedía que la institución religiosa dejase de controlar todos los bienes que inmatriculó en el municipio distintos de templos. En este caso, serían 46 y entre ellos constan fincas rústicas y urbanas con edificaciones dedicadas a vivienda.

El texto fue negociado entre los grupos (además del PP y el BNG tiene representación el PSOE) y finalmente excluye los bienes de uso privado. En una información previa se indicó que también estos se reclamaban por un error en el teletipo difundido por Europa Press. En una versión posterior se explica que se retiraron referencias a la ley impulsada por el Gobierno de Aznar y se rebajaron las peticiones para lograr que el PP apoyase el texto.

El alcalde de Outeiro de Rei, José Pardo, explicó en su intervención que el Ayuntamiento tiene un acuerdo con el Obispado para hacer un listado de los bienes de culto y delimitarlos. Los cementerios y templos, deben ser de la Iglesia, defendió: "Así de claro". El regidor cree que en el proceso por el que la Iglesia registró a su nombre miles de propiedades en Galicia lo que pudo haber es "alguna inmatriculación incorrecta". Cree que los registros que hay que "corregir" son los que afectan a terrenos en los que hay campos de la fiesta, caminos o aparcamientos. No incluirán en su iniciativa propiedades privadas.

El Ayuntamiento espera que el registro catastral facilite un listado definitivo y el alcalde mostró su confianza en que habrá un acuerdo con la Iglesia para "revertir" la propiedad al municipio en los bienes de uso público. El texto aprobado en pleno pide el cumplimiento de lo acordado en el plazo de un año.

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