El 'cheque bebé' lanzado por Feijóo en el año electoral costó 400.000 euros más de lo presupuestado
Una de las reacciones del PP gallego al duro golpe sufrido en las elecciones municipales de 2015 fue el anuncio de un 'giro social' en la acción de la Xunta. Esta operación se tradujo en una crisis de Gobierno que implicó la creación de la Consellería de Política Social y una cascada de anuncios de ayudas económicas por parte del presidente, Alberto Núñez Feijóo. Una de las medidas más publicitadas fue la Tarxeta Benvida [Tarjeta Bienvenida], el conocido popularmente como cheque bebé, un bono de 1.200 euros para la adquisición de productos infantiles que la Xunta distribuye en mensualidades de 100 euros durante el primer año de vida del bebé. Inicialmente la Xunta sólo garantizó el pago de este subsidio para los nacidos en el año electoral de 2016, pero las previsiones de financiación se quedaron cortas. Concretamente, 400.000 euros por debajo.
Tras un par de meses de incógnitas el Gobierno de Feijóo comenzó a detallar las características de la Tarxeta Benvida el 3 de diciembre de ese mismo 2015, doce horas antes del inicio de la campaña de las elecciones generales, si bien la convocatoria formal de las ayudas no llegó al Diario Oficial de Galicia hasta el penúltimo día del año. Según lo previsto, el programa estaba dotado con 9 millones de euros para atender los gastos del 2016 y la misma cantidad para los del 2017, toda vez que el cheque podía ser solicitado para niñas y niños que nacieran en cualquier mes del año. Pero estas cantidades no fueron suficientes.
La pasada semana el DOG publicó una orden del conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, para inyectar 420.000 euros al presupuesto de las Tarxetas Benvida solicitadas durante 2016. En un contexto de demoras en la concesión de estos beneficios la razón no es otra que la “insuficiencia” del dinero inicialmente consignado para “garantizar que todas las personas solicitantes que cumplen los requisitos” puedan “recibir las ayudas que les corresponden”.
Según datos de la propia Consellería “alrededor del 80% de los nacimientos que se produjeron en Galicia” durante el pasado año fueron “cubiertos” por esta medida. Concretamente, indica, Política Social recibió 18.832 solicitudes y de ellas, 14.787 recibieron respuesta “favorable”, dando lugar a 15.112 ayudas. Esto implica, entonces, superar en más de 130.000 euros los 18 millones previstos en la versión inicial de la orden. La convocatoria de 2016 y la de 2017 -extendida a las familias “que estén en situación de guardia con fines adoptivos de un niño o niña menor de un año”-, suman según datos de la Xunta “una inversión total de 36,4 millones de euros”.
Otras previsiones erradas en ayudas sociales
Esta no es la primera ocasión en la que una prestación en el ámbito social de la Xunta se ve afectada por errores de previsión en su dotación presupuestaria. Esta circunstancia se ha venido dando habitualmente en las ayudas para víctimas de la violencia machista -en su última convocatoria han visto su dotación ampliada de manera notable, ya que ahora pueden ser solicitadas durante todo el año- y, más recientemente, la afectada fue la Renta de Inclusión Social de Galicia (Risga). El pasado marzo, apenas un mes después de aprobar los Presupuestos con una dotación récord para la Risga de 57,5 millones de euros a causa del incremento del número de personas en situación de pobreza, Política Social tuvo que ampliar el crédito en 600.000 euros para poder atender 90 solicitudes nuevas. Esa ampliación se hizo con cargo, precisamente, al presupuesto de otras de las ayudas sociales anunciadas por Feijóo, las destinadas a paliar el copago farmacéutico.
Otro error de previsión, en su caso por exceso, fue el que afectó a las dos líneas de la Xunta para personas con dificultades para pagar el recibo de la luz: el tícket eléctrico y las ayudas de emergencia, cuyo presupuesto sumó en 2016 un total de 2,7 millones de euros. El Gobierno gallego dejó sin gastar 1,4 millones de euros de estas ayudas y, en el caso del tícket eléctrico, apenas 433.000 euros llegaron finalmente a las familias, mientras que casi 840.000 euros fueron reubicados en otros gastos de la Administración como la cuota anual de la Fundación Ferias y Exposiciones de Lugo, paneles indicadores en hospitales, los costes de la demanda judicial contra la Xunta por la mina de Corcoesto o alumbrado de la Cidade da Cultura.
