El relato de dos familias contra DomusVi: abandono de ancianos, desinformación y “un riesgo de muerte multiplicado por 24”

El relato de dos familias de residentes en el centro de mayores DomusVi de Cangas denuncia una desatención sistemática de sus parientes y la lucha emprendida para recibir información sobre su estado durante el cierre de las residencias por la pandemia del coronavirus. Una de las mujeres no pudo remontar el estado en el que llegó al hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y falleció, mientras que la otra anciana fue sacada del centro por su hija. Las dos familias consideran responsables a la empresa DomusVi y a la Xunta de Galicia, por lo que han presentado una querella conjunta. En ella acusan a la directora del centro, a la consejera delegada de DomusVi en España, al director general de Maiores de la Xunta y a la jefa de servicio de Inspección de residencias por homicidio, lesiones, abandono de incapaces y omisión del deber de socorro. La querella está pendiente de su admisión y apertura de diligencias.

Las hijas de P. S. afirman que su madre llegó al hospital en una situación de “tal gravedad que todo intento por preservar su vida por parte de los profesionales del Hospital Álvaro Cunqueiro fue totalmente en vano”. La paciente, que ingresó a finales de febrero en la residencia DomusVi de Aldán, llegó al centro hospitalario con infección por el virus, una “deshidratación severa e insuficiencia renal”, como indica el parte del Sergas. Su familia llevaba dos días solicitando que la derivasen a un hospital después de notar su empeoramiento, por videollamada, en los días anteriores. La mujer sufría el síndrome Sjögren, que afecta a la humedad del cuerpo, por lo que la hidratación es fundamental. Sus hijas aseguran que reiteraron en múltiples ocasiones esta necesidad de su madre, gran dependiente, y que las instrucciones fueron “deliberadamente obviadas por el personal”. “Prueba de ello es la grave deshidratación que presenta en el momento del ingreso”, recoge la denuncia.

Esta familia asegura que no se le facilitó información sobre el estado real de su madre hasta que llegó al hospital y describe las dificultades para hablar con los médicos del centro de Aldán, que fue intervenido por la Xunta de Galicia ante el gran número de positivos que sumaba. En el escrito, el abogado señala que en múltiples ocasiones es la animadora social de la residencia la que está en contacto con la familia pese a que no tiene acceso a la situación médica de la residente. Además, denuncian que el informe asistencial de P. S. plasma un incumplimiento reiterado de la medicación que debía tomar la dependiente, devolución entre las pertenencias de su madre de fármacos que no le correspondía tomar y complicaciones como infecciones de orina, obstrucciones de sonda, caídas o lesiones de las que, afirman, no fueron informadas. La mujer falleció 11 días después de ingresar en el Álvaro Cunqueiro.

La hija de M. J. T. asegura que su madre perdió 20 kilos en los ocho meses que permaneció en la residencia de Aldán, desde agosto de 2019, y que su situación y su grado de independencia “empeoraron drásticamente al haberla postrado en una silla de ruedas que no necesitaba durante más de dos meses y haberle incluso obligado a utilizar pañal”. La denunciante asegura que apenas le facilitaron información sobre el estado de su madre, positivo por COVID-19, y que fue a través del 061 como consiguió saber de su estado. Asegura que fue el médico del Sergas que la atendió en el número de emergencias el que le informó de que su madre había sufrido más de 50 caídas en ese tiempo, sin que el centro se las hubiese comunicado.

“Cuando la madre de mi mandante salió de la residencia prácticamente no podía caminar con autonomía, presentaba moratones por el cuerpo, las uñas de los pies clavadas a la piel, las de las manos negras y rotas, heridas por el cuerpo, ojos desorientados y gran atrofia y pérdida de masa muscular”, recoge la denuncia. La hija afirma que apenas pudo contactar con su madre desde que fue diagnosticada a mediados de abril, pese a tener un teléfono móvil, y que fue trasladada a la unidad de cuidados especiales de la residencia sin que se le informase del motivo o de la situación de su madre.

La demandante llegó a exigir por burofax que se informase a diario del estado de la residente, así como que se facilitase su historial médico, entre otras informaciones. En el escrito se asegura que no obtuvo respuesta. “La información que manejaba mi mandante era absolutamente nula y la frustración e impotencia que sufrió durante este periodo totalmente evitable con una mínima preocupación y atención a los derechos básicos de los residentes”.

La residencia DomusVi de Cangas fue uno de los puntos más delicados en las peores semanas de la pandemia, hasta el punto que fue intervenida por la Xunta a finales de marzo. La Xunta ha dejado de informar en su parte diario de los contagios acumulados y fallecimientos en cada centro –lo hace de los casos activos en cada jornada–, pero la querella recoge que son 37 los fallecidos y más de 120 los positivos en el centro de DomusVi en Aldán. Sobre esta denuncia, la empresa indica que “no es ajena al dolor de las familias” y que respeta las decisiones que tomen. Apunta también que DomusVi presentará en los procesos que se puedan abrir “toda la documentación para demostrar que las acciones han sido correctas”.

En el escrito, el abogado señala que “la probabilidad de muerte de las personas que vivían en las residencias de gestión privada fue 24 veces más elevada que la existente entre las personas que vivían en residencias de titularidad y gestión plenamente pública” y achaca esta situación a “la ratio de personal gerocultor y de enfermería y la formación del mismo, la cifra de habitaciones dobles o individuales, la alimentación, las deficientes medidas adoptadas en los casos de positivos, o el tipo de gestión”.