Los adultos tutelados por la Xunta ascienden hasta casi 3.500 y las personas que los atienden seguirán siendo 23
En el año 1996 la Xunta comenzó a asumir su deber legal de tutelar personas adultas judicialmente incapacitadas a través de la Fundación Galega para a Tutela de Adultos (Funga), denominada oficialmente Fundación Galega para o Impulso da Autonomía Persoal e a Atención ás Persoas en Situación de Dependencia desde su última reforma estatutaria. En sus inicios la Funga tutelaba menos de 70 personas, un número que no ha dejado de incrementarse en estas dos décadas y que ha aumentado a un ritmo especialmente acelerado desde el inicio de la crisis económica, con un incremento del 85% desde el año 2011 hasta el último ejercicio completo, el de 2017, cuando según datos de la propia entidad las personas tuteladas habían ascendido ya hasta las 3.351.
Como ha informado Praza.gal, el incremento progresivo de la población tutelada, desde ancianos sin familia hasta personas sin hogar con diversas enfermedades, tiene a la Funga desbordada desde hace años. Numerosas sentencias judiciales acreditan, por ejemplo, que personas tuteladas por la Funga cometen o padecen delitos y tienen problemas de atención en sus necesidades que en numerosas ocasiones acaban siendo paliadas por entidades sociales. En este contexto la Xunta ha venido manteniendo la plantilla de la Funga en el entorno de la veintena de trabajadores y los Presupuestos de la Xunta para 2019 acreditan que ambas circunstancias se van a seguir produciendo: el número de personas tuteladas va a aumentar y el de los profesionales que las supervisan va a ser el mismo.
Según la documentación presupuestaria que el Gobierno gallego acaba de entregar al Parlamento, los años de mayor incremento de personas adultas tuteladas por la Funga coincidieron con los niveles más bajos de personal en la entidad dependiente de la Consellería de Política Social en su historia reciente. Entre 2015 y 2018 el plantel aumentó hasta a los 23 trabajadores y Política Social prevé que esa cifra se mantenga en 2019. Lo hace aunque un año más asume que el número de personas atendidas no va “a dejar de crecer” por el “progresivo envejecimiento de la población” y el “incremento nos últimos tiempos del número de personas diagnosticadas con enfermedades mentales”, factores a los que se añade el “desarraigo familiar existente en nuestra sociedad en relacion con estos sectores de la población”.
Con este telón de fondo Política Social indica en su proyecto presupuestario que va a atender este previsible incremento “trabajando en la misma línea que hasta ahora”, con un “funcionamiento eficiente” y un servicio “adaptado a las exigencias que esta Fundación recibe en el cumplimiento de sus fines”. Así, asegura, va “a promover el incremento de la atención personal mediante el aumento del número de visitas” a las personas tuteladas, otorgará “mayor cobertura jurídica” o revisará “las prestaciones de las que son beneficiarios los pupilos con el fin de conseguirles las más beneficiosas”. Todo esto, no obstante, con la misma plantilla que los últimos años.
Estas previsiones para el futuro inmediato de la Funga son remitidas al Parlamento después de que en el último año las novedades en la gestión de la entidad hayan sido fundamentalmente dos. La primera, el traslado de la sede de la fundación desde un local alquilado a unas oficinas ubicadas en el Centro Galego de Desenvolvemento Integral (CEGADI), un complejo para atención a personas con discapacidad en el barrio compostelano de Salgueiriños en el que la Xunta invirtió 13 millones de euros y que ha estado construído y cerrado desde comienzos de 2013 -el último plazo ofrecido por el Gobierno gallego indica que comenzará a prestar servicios antes del fin de 2018-. La segunda fue la cobertura, el pasado mayo, de la plaza de director-gerente de la propia Funga, que estuvo vacante durante tres años.
La persona elegida para este puesto fue Juan José Couce Prego, miembro del comité ejecutivo del PP de Ferrol e integrante en 2015 de las listas municipales de este partido en la ciudad, encabezadas por José Manuel Rey Varela, todavía conselleiro de Política Social en el momento de su nombramiento. Couce Prego, procedente profesionalmente del sector de las agencias de viajes, llegó al puesto después de que quedase desierto el concurso público para cubrir la gerencia de la Funga. Consultada al respeto por Praza.gal antes de la marcha de Rey Varela, la propia Consellería indicó, sobre la experiencia del elegido, que “trabajó cerca de 3 años como asesor de la Consellería y atesora un profundo conocimiento del funcionamiento de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma gallega”.
En su primer año completo al frente de la Funga Couce Prego, ya bajo las órdenes de la nueva conselleira de Política Social, Fabiola García, gestionará un presupuesto de 1,08 millones de euros. Según las previsiones de las cuentas públicas para el próximo año, son unos 46.000 euros más que en 2018.
