La Xunta crea un equipo de orientadores laborales que controlarán el fraude entre perceptores del paro

El paro cayó en abril en Galicia, pero, como viene siendo habitual, su comportamiento no fue tan bueno como en la media de España. Mientras el número de desempleados se redujo un 1,8% en la comunidad, en todo el Estado el descenso fue del 2,6%. Según los datos del Ministerio de Trabajo, hay casi 140.000 personas en busca de empleo en Galicia en la actualidad. En este contexto, la Xunta ha anunciado un plan con un nuevo equipo de orientadores laborales que van a controlar el fraude entre quienes cobran prestaciones. Si encuentra alguna irregularidad abrirá expediente y esto podría conllevar la pérdida del derecho a recibir esos fondos.

El nuevo programa ha sido anunciado tras la reunión semanal del Consello de la Xunta. El presidente gallego, Alfonso Rueda, lo ha presentado como un sistema para ajustar la demanda del mercado y la disponibilidad de los desempleados porque, dijo, en la actualidad hay 15.000 puestos de trabajo sin cubrir en Galicia. La conselleira de Emprego, María Jesús Lorenzana, ha explicado que la idea es hacer un seguimiento personalizado de determinados perfiles de parados. En concreto, se va a fijar en quienes hayan rechazado una oferta de empleo o abandonen “sin justificación” un servicio de orientación o de formación; en quienes lleven más de cinco años inscritos sin interrupción en el Servizo Público de Emprego; en quienes no hayan confirmado su disponibilidad para tres ofertas en un año; y en quienes no se hayan presentado a citas de orientación.

Estas personas, que el Gobierno gallego dice no saber cuántas son, recibirán una cita con uno de estos orientadores para “iniciar la revisión personalizada” de su caso y “buscar soluciones específicas”. El seguimiento durará, como norma, un mínimo de seis meses. Pero los datos que se reúnan durante esa interacción, recalcó Lorenzana, se utilizarán también para detectar “disfunciones o intentos de fraude” y, si se encuentra alguno, se abrirán expedientes “que podrían poner en riesgo las prestaciones vinculadas al empleo que reciba esa persona”. Es decir, que podría dejar de ingresar esas cantidades, no solo la prestación por desempleo, sino “otros subsidios”, como el subsidio para mayores de 52 años, el ingreso mínimo vital, o la risga -la renta de inclusión social de Galicia- “en el tramo de inserción sociolaboral”. La sanción cuando hay infracciones ya está regulada, señaló la conselleira, que aseguró que no afecta a las prestaciones sociales.

Cuando la prestación no sea competencia de la Xunta de Galicia, Lorenzana explicó que el Gobierno gallego informará a quien corresponda: “Nosotros vamos a trabajar con estos perfiles y, si no se cumplen las obligaciones, trasladaremos los datos al ministerio”. Aunque Emprego no tiene un cálculo de a cuántas personas van a llegar, la conselleira indicó que en primer lugar, desde el verano, llamarán a quienes llevan cinco años anotados en el paro y a los que rechacen ofertas que se consideren adecuadas para su perfil, actividades de formación adaptadas a su experiencia o no acudan a citas de orientación.

En Galicia hay, según la Xunta, unas 14.000 personas que llevan más de cinco años sin empleo; unas 33.000 que cobran una prestación contributiva por desempleo; en torno a 25.000 que ingresan el subsidio para mayores de 52 años; y unas 30.000 que reciben el ingreso mínimo vital. Son, afirmó Lorenzana, “los colectivos más importantes en cuanto a prestaciones”.