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La Xunta entorpece la acción del Ayuntamiento de Santiago para eliminar más de 600 pisos turísticos

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda y la alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín, durante su reunión en octubre pasado

Luís Pardo

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Apagado –al menos, temporalmente– el fuego político sobre las Viviendas de Uso Turístico (VUT) en Santiago de Compostela, ha llegado el momento de dar los pasos administrativos para suprimir los más de 600 pisos que han quedado definitivamente al margen del planeamiento urbanístico. Tras el pleno que aprobó la última ordenanza, y en el que los seis concejales socialistas desobedecieron a la cúpula local para votar del lado del bipartito formado por BNG y Compostela Aberta –lo que les ha supuesto la apertura de un expediente de expulsión– las miradas giran hacia la Xunta para reclamar que, como primera medida, las borre del Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Galicia (REAT), el censo de la Axencia Turismo de Galicia, donde continúan inscritas. Pero no va a ser fácil.

En la sesión que puso el broche al capítulo normativo y cerró la puerta a la posibilidad de legalizar las VUTs preexistentes, las que funcionaban antes de la reforma del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) y que no se ajustan a la actual legalidad, tanto el actual concelleiro de Urbanismo como su predecesora señalaron al gobierno gallego.

“¿Por qué la Xunta incumple su propio decreto?”, se preguntaba el responsable del área, el nacionalista Iago Lestegás. “En el REAT Hay cientos de alojamientos turísticos que no tienen título habilitante a pesar de los numerosos requerimientos del ayuntamiento para darlos de baja”.

Su predecesora, la socialista Mercedes Rosón, miró atrás para recordar que la ordenanza servía de corolario a una reforma impulsada por el anterior ejecutivo del PSOE, un proceso “en el que jamás contamos con la ayuda de aquellos que dicen gobernar Galicia”. “Es más”, añadía, “saltando sus propias leyes, generaban un absoluto caos en esta ciudad”.

“En el día de hoy, sigue sin cumplir su propio decreto, sigue inscribiendo VUTs sin comprobar si tienen licencia municipal. Y lo de incumplir no lo digo yo, lo dicen los letrados de la Xunta en las sucesivas sentencias que llevamos recibiendo desde hace mucho tiempo todos los meses”, añadió.

Sin licencia (municipal) no hay actividad

Sin embargo, Turismo de Galicia no lo ve igual. Una portavoz aseguraba a elDiario.es que el decreto autonómico que regula las VUTs “no identifica ni especifica que sea necesaria ninguna licencia ni habilitación municipal para el ejercicio de su actividad” sino que, “dentro del respeto a la autonomía local”, lo que hace es “prever que los ayuntamientos puedan establecer limitaciones dentro de su término municipal, según sus competencias urbanísticas”.

Para Turismo, “el procedimiento es claro: las personas que quieran registrar una VUT deberán cumplimentar una declaración responsable en la que el usuario declara que cumple con la normativa, incluida la municipal. A continuación informamos de las altas al ayuntamiento correspondiente, que es la administración encargada de comprobar si esa vivienda incumple o no su normativa. En caso de que no la cumpla, es el ayuntamiento quien tiene que comunicarle el caso a Turismo de Galicia para que podamos proceder con el expediente de baja, con audiencia a las partes”.

Ahí es donde empiezan las discrepancias, porque para Lestegás es algo “evidente” que es Turismo quien tiene que comprobar si el propietario de la VUT cumple con la normativa municipal antes de registrarla “de oficio”. “Es lo mismo que hacemos nosotros con los informes sectoriales”, sostiene antes de recordar que existe “jurisprudencia” que indica que “deben verificarlo”.

Un ejemplo de esa jurisprudencia lo encontramos una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de enero de 2023. Al desestimar el recurso de un particular contra su exclusión del REAT, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso–Administrativo, afirmaba: “La Axencia Galega de Turismo, en el procedimiento regulado en los artículos 39 y siguientes, relativo a las viviendas de uso turístico (VUT) y su régimen de actividad, debe comprobar que el destino como VUT no está prohibido por la ordenación de usos del sector”.

Caso por caso, hasta 600

Pero Turismo insiste: “Cada vez que el ayuntamiento de Santiago solicita la baja en el REAT de una VUT y nos aporta una fundamentación jurídica que respalde la cancelación de la inscripción solicitada, Turismo de Galicia inicia un procedimiento de baja del REAT de esa VUT en cuestión, siempre dando audiencia a las partes”. Eso quiere decir que para sacar del censo a más de 600 VUTs llevarán a cabo otros tantos procedimientos.

“¿Tenemos que redactar más de 600 documentos y abrir otros tantos expedientes?”, se pregunta extrañado Lestegás, que destaca la falta de medios de los ayuntamientos. “¿Qué pueden hacer aquellos que sólo tengan un arquitecto municipal a tiempo parcial? ¿Va a ser esto exclusivamente responsabilidad de los gobierno locales?”.

De momento, parece que sí. El servicio de Urbanismo de Santiago ha abierto ya más de 200 expedientes por incidencias relacionadas con VUTs incompatibles con el planeamiento, en las que se han encargado de que la Xunta aparezca como “interesada”, “por tanto, tienen que estar informadas de todo esto”.

250 VUTs en la Ciudad Histórica, zona prohibida

El caso que le parece “más obvio” al concejal es el del Casco Histórico de la Ciudad. En esa zona, declarada Patrimonio de la Humanidad, el Plan Especial no permite la presencia de viviendas turísticas. Sin embargo, en el REAT aparecen ubicadas allí más de 250 VUTs. “Está claro que no tiene que ser el ayuntamiento el que le diga a la Xunta que cumpla su decreto”.

Pero está claro que la Xunta no actuará así. Como ejemplo, la explicación de por qué los requerimientos enviados ya el pasado mandato por el anterior gobierno local carecieron de respuesta. “Respondían a una petición de baja en bloque de un número muy elevado de viviendas de uso turístico. Desde la Xunta solicitamos al ayuntamiento en reiteradas ocasiones un pronunciamiento expreso caso por caso para saber cuál era la normativa municipal que incumplía cada uno, siguiendo de forma escrupulosa la ley para dotar de seguridad jurídica, tanto al procedimiento como a los propios afectados”. Sobre esto, añaden que “nunca hubo un pronunciamiento concreto por parte del Concello, sino únicamente esa referencia genérica y en bloque a muchas viviendas de uso turístico”.

Esa disparidad de criterios hace que, pese a las continuas demandas del consistorio, las bajas en el registro sean mínimas. Turismo no confirma cuántas han sido pero Lestegás lo resume: “Habas contadas”. Demasiado pocas para el recorte de pisos turísticos que cocina el ayuntamiento. De momento, a fuego muy lento.

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