ZTC: Una guía de los espacios videovigilados y de cómo desactivar las cámaras
“Zona Temporalmente Controlada ponen en valor la decisión del habitante a ser observado, cuestionando así las cámaras ocultas e inaccesibles y la consecuente percepción de vigilancia constante introducida en nuestro subconsciente”. Se trata de un proyecto expositivo, comisariado por Cristina Canto y realizado por Ergosfera en colaboración con el Máster en Arte, Museología y Crítica Contemporáneas de la USC, que se puede visitar hasta el mes de enero en la galería Zona C de Santiago de Compostela y que reflexiona sobre los mecanismos de control en la sociedad contemporánea.
Durante este tiempo, la galería municipal acoge un montaje en el que se colocarán dos cámaras de videovigilancia grabando el interior de la sala y retransmitiendo la señal en directo vía internet. Este entorno videovigilado intenta reproducir las condiciones generadas en el espacio público, pero se introducen ciertas modificaciones como que los límites del área controlada por las cámaras sean plenamente visibles, para que el visitante decida si quiere habitar esta zona y pueda enfrentarse de manera consciente a la grabación.
La muestra, que se inauguró con un debate sobre este tema en el que participaron José Ángel Brandariz, Man_Hauser y Renato Núñez, presenta también un mapa de las zonas videovigiladas del centro de Compostela, y de una Guía de métodos de inhabilitación de los sistemas de videovigilancia, 23 en total, inspirada por la Guía para la destrucción de circuitos cerrados de televisión (CCTV) elaborada por el colectivo norteamericano RTMark. Colocar una botella de plástico o un tapón delante de la cámara, un globo de helio, taparla con cinta adhesiva, pulverizar su objetivo con pintura, espuma o serpentinas, o apuntar a él con un puntero laser son algunos de los métodos indicados para bloquear la visión de las cámaras. También se detalla cómo destruirlas con una cuerda, cortando cables o tirándole un bloque de hormigón.
De igual manera, se explica que obstruir la grabación de la cámara supone simplemente una falta administrativa, exenta de responsabilidad penal o de multa. Y que destruirla, en cambio, puede dar lugar a una falta de daños (pena de localización permanente de 2 a 12 días y multa inferior a 400 euros) o a un delito de daños (multa de 6 a 24 meses). En cualquier caso, desde Ergosfera añaden que “la publicación de este documento tiene una finalidad exclusivamente investigadora, por lo que sus autores no nos responsabilizamos del uso que hagan otras personas de cualquiera de sus contenidos. Si difundimos esta información es únicamente porque nos parece cultural y políticamente relevante”.
Libertad y seguridad
Desde Ergosfera se señala que las cámaras de videovigilancia “son elementos con una potente e inusual presencia en la ciudad porque su objetualidad es radicalmente performativa, imponiendo un sistema de hipervisibilización-invisibilidad que distorsiona la percepción y la vivencia de lo urbano” y que, como mínimo, “requiere un debate público más explícito y que incluya la perspectiva urbanística como contraposición a las aspiraciones de las instancias propietarias”. Un debate, añaden, “que queda por ahora en la arena política local, entre los defensores de la vigilancia como forma de libertad a través de la seguridad y los de la libertad a través de la intensificación de la vida urbana como forma de seguridad en sí misma”.
En cuanto a la situación en Santiago de Compostela, señalan que se trata “de un claro ejemplo de área urbana en la que su capacidad de atracción turística ha generado un consenso infantil alrededor de la necesidad de control como forma de asegurar la normalidad de las cosas esperada por vecinos y visitantes”. También recuerda la “especial actualidad” de estas cámaras en Santiago, “por el papel central que representaron las grabaciones de cámaras de vigilancia en varios sucesos hiper-mediáticos en los últimos meses”, por ejemplo el asesinato de Asunta Basterra. Subraya a este respecto que “no solo son entonces el Estado y el Mercado las instancias plenamente satisfechas con este modelo securitario, sino también una buena parte de la ciudadanía cómodamente instalada en el Santiago 'estudio de televisión'”.
Por su parte, Renato Núñez (CIG y Movimiento por los Derechos Civiles) recuerda que las cámaras instaladas en Compostela incumplieron las normativas en varios puntos: “fueron adjudicadas en el 98, un año antes de su autorización, cuando la norma no permite su puesta en funcionamiento en esas condiciones. Se dejó caducar la autorización y se mantuvieron funcionando las cámaras sin los preceptivos permisos”. Y añade que “las cámaras no son proporcionadas para evitar los delitos en nuestra ciudad, pues Compostela tiene unos índices bajísimos de delincuencia y vandalismo”. Núñez concluye que sirven “como un Gran Hermano que almacena nuestro quehacer diario para la utilización, indebida o no, de quien tiene acceso a las cámaras”.
Los responsables del proyecto se preguntan finalmente si “compensa realmente dotarnos de una herramienta que no reduce significativamente los crímenes, pero que llevada al extremo podría servir como forma de control y persecución de todo lo considerado indeseable en cada momento”.
“Al otro lado de una cámara CCTV estamos nosotros”
Por su parte, en uno de los textos que acompañan la exposición, el profesor de la UDC José Ángel Brandariz señala que “las CCTVs colonizan nuestras ciudades porque nuestro modo de existencia las ha convocado. Un modo de existencia obsesionado, evidentemente, por la hipervisibilidad constante”. Y cita a Deleuze para recordar que “los temores contemporáneos reclaman un control ubicuo y just in time (inmediato), que sea capaz de gobernar la distribución de las zonas de inclusión y exclusión que estrían los mapas del urbano”. Concluye que “al otro lado de una cámara CCTV estamos nosotros. Nosotros, y nuestras obsesiones colectivas”.
