PP y Vox rechazan impulsar un plan de seguimiento de la oferta turística ilegal destapada en Balears

El Parlament balear ha rechazado, con los votos de PP y Vox, instar a los Consells Insulars a poner en marcha un programa específico de seguimiento y control de la oferta turística ilegal durante el próximo verano. El archipiélago figura, de hecho, entre las comunidades autónomas con mayor número de viviendas turísticas y de temporada que operan fuera de la legalidad, de acuerdo a los datos hechos públicos el pasado lunes por el Ministerio de Vivienda en el marco de la puesta en marcha del nuevo registro único de alquileres de corta duración. En total, 3.062 solicitudes de registro obligatorio han sido revocadas en Balears por no cumplir con los requisitos exigidos para poder comercializarse como alojamientos turísticos o de temporada.

La iniciativa, registrada por el PSIB-PSOE, se apoyaba en el consenso social existente en torno a la saturación turística que atraviesa las islas -con un 80% de residentes a favor de reducir el número de turistas y de plazas, según una encuesta del propio Govern-, lo que provoca un impacto directo en el territorio y los precios de la vivienda. El documento hacía hincapié, asimismo, en en el hecho de que el Ejecutivo presidido por la popular Marga Prohens haya eliminado los principales instrumentos para limitar el crecimiento del sector.

La proposición no de ley (PNL), debatida en la Comisión de Turismo, Cultura, Deportes, Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, ha sido tumbada con los votos en contra de los siete diputados de PP y Vox, frente a los seis votos favorables del PSIB, Més per Mallorca y el Grupo Mixto.

El texto rechazado, defendido por el diputado Llorenç Pou, recordaba que el actual Govern levantó la moratoria turística aprobada en 2022 por el anterior Ejecutivo de izquierdas a través de la ley de medidas urgentes para la sostenibilidad y la circularidad del turismo de Balears, que además dio un periodo de hasta cuatro años -también eliminado- para que los Consells establecieran la capacidad de carga de turistas que podía soportar cada una de las islas.

La iniciativa lamentaba, asimismo, la supresión de la medida de decrecimiento de plazas establecida en la anterior norma, que instaba a dar de baja dos plazas para poder dar de alta una nueva. “Dado que se han eliminado la fecha tope de la determinación del límite de carga de las islas y la medida de intercambio del 'dos por uno', las decisiones del actual Govern han provocado que el único camino para reducir el número de plazas sea la reducción de la oferta ilegal”, añadía el texto, que señala la creación, por parte del Consell de Mallorca, de dos bolsas transitorias a través de las cuales “se está ampliando el número de plazas comercializadas en la isla”.

El texto subrayaba además el fracaso de las medidas aprobadas hasta ahora para combatir este fenómeno, como la posibilidad de precintar viviendas turísticas ilegales. En este sentido, Pou ha recriminado que los resultados obtenidos de la medida aprobada en este sentido en octubre de 2023 por el actual Ejecutivo “han sido nulos”, dado que “no se ha podido precintar ninguna vivienda turística ilegal en Balears”.

Ante este escenario, los socialistas defendían que la reducción de la oferta turística ilegal se ha convertido en “el único camino” para contener el número de plazas. Para ello, la PNL instaba a los Consells de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera, en coordinación con el Govern, a ejecutar durante el verano de 2026 un programa de seguimiento y control que permitiera a los servicios de inspección turística comprobar si las viviendas detectadas en 2025 como anunciantes de estancias ilegales en plataformas en línea como Airbnb que, un año después, continúan comercializándose.