PP y Vox certifican la fulminación de la ley balear de memoria y cierran la puerta a la reparación de las víctimas del franquismo
PP y Vox han vuelto a exhibir su sintonía ideológica en Balears al tumbar la enmienda a la totalidad presentada por los grupos de la izquierda contra la derogación de la ley balear de memoria democrática. La votación, previsible desde que los conservadores se comprometieran a suprimir esta norma a cambio de granjearse el apoyo de la extrema derecha para poder sacar adelante los presupuestos autonómicos de 2025, ha cerrado en la práctica cualquier posibilidad de mantener en vigor una norma que rechaza cualquier totalitarismo y régimen antidemocrático y persigue el reconocimiento y la garantía de los derechos a la reparación, a la verdad y a la justicia de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista.
La enmienda, registrada por PSIB-PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca y Unides Podem, pretendía frenar la tramitación de la Proposición de Ley con la que los de Santiago Abascal pretenden tumbar el texto en línea de otros territorios como Comunitat Valenciana, Extremadura y Aragón, donde PP y Vox han sustituido las normativas de memoria histórica por 'leyes de la concordia' que, so pretexto de “reconciliar” a los españoles en lugar de “reabrir heridas”, equiparan el franquismo con la democracia. Una narrativa que se inscribe en la estrategia de ambas formaciones dirigida a redefinir, desde una supuesta “neutralidad”, el relato sobre el conflicto bélico y la dictadura en base a postulados revisionistas ampliamente desacreditados a nivel histórico, social y jurídico.
Pese a que en diciembre de 2024 los populares alcanzaron un insólito pacto con los partidos de izquierdas para no eliminar la norma a cambio de que estos posibilitaran corregir un error en una votación, apenas seis meses después el PP incumplió su compromiso: la necesidad de contar con los votos de Vox para sacar adelante las cuentas de 2025 los llevó a ceder finalmente a la agenda ultra de su socio de investidura. Un cambio de postura que, durante el debate de este martes, han recriminado con dureza los partidos de izquierda: “Hoy debatimos esta ley por la falta de palabra de [Marga] Prohens”, ha reprochado el diputado socialista Omar Lamin en alusión a la presidenta balear.
Lamin, primero en intervenir en defensa de la enmienda, ha recriminado el “retroceso democrático” que supone “fulminar” la ley de memoria, una herramienta que ha considerado “imprescindible” para garantizar una convivencia que “únicamente puede construirse sobre la verdad y la defensa de los derechos humanos”. “¿Qué pasará de aquí a 20 ó 30 años si permitimos que el olvido avance, que se manipule la historia por los intereses de los ultras que niegan el dolor de estas familias y blanquean la dictadura franquista?”, se ha preguntado.
El parlamentario ha recordado, además, que la ley de memoria ha sido reconocida por los organismos internacionales como un ejemplo de compromiso con los derechos humanos al permitir, “por primera vez que muchas familias obtengan reparación y paz tras décadas de abandono institucional. En este sentido, ha criticado que, pese a ello, PP y Vox ”vuelven a convertir esta cámara en un escenario de intento de regresión democrática“, lo que, ha incidido, colisiona con las advertencias de entidades como Amnistía Internacional, que alerta de que la derogación de la norma ”pone en riesgo el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos“ cometidas en España tras el golpe de estado fascista de 1936 y durante el franquismo.
Se trata de una “ofensiva” que, ha añadido, “no solo es responsabilidad de la extrema derecha”, cuyo “relato, proyecto político e ideológico y voluntad de negar la memoria” ya se conoce. Lamin ha subrayado que el foco se encuentra en el papel de los conservadores en este sentido: “¿Por qué tienen que legitimar este retroceso?”, les ha espetado.
El diputado de Unides Podem José María García, por su parte, ha tomado la palabra dirigiéndose a la bancada de los populares: “Podría empezar diciendo que ustedes son unos fachas por buscar la derogación de las leyes de memoria democrática, pero no lo voy a hacer”, ha manifestado, aseverando que, tras su intervención, “alguien podría o podrá pensar que sí, que son herederos de la peor tradición franquista, pero es que ¿cómo van a estar ustedes en contra de algo que hicieron sus padres?”, ha abundado, aludiendo con ello a las palabras que el expresidente del Gobierno José María Aznar profirió el año pasado en un programa de radio: “No voy a condenar algo en lo que mi padre participó. Mi padre hizo tres años de guerra”.
“Y les digo que se podría pensar que son herederos del franquismo porque ustedes no ven más allá de la Transición, que califican de modélica y fue un periodo muy convulso, un periodo muy violento, mientras a la Guerra Civil la califican como lucha entre hermanos”, ha continuado el diputado de la formación morada, quien ha subrayado que “lo que se reconoce en la ley de memoria democrática es una cuestión de derechos humanos, y estos derechos son inherentes a todos los seres humanos por el mero hecho de serlo”. Unos derechos que, ha añadido, se fundamentan “en el reconocimiento de la dignidad de las personas y gozan de las características de universalidad, inalienabilidad, indivisibilidad e interdependencia”.
El parlamentario ha contrapuesto el espíritu de la ley de memoria con los hechos que “definen perfectamente al franquismo”, traducidos en “crímenes contra la humanidad como los homicidios, asesinatos, detenciones ilegales, desapariciones, desplazamientos y trabajos forzosos, violencias sexuales, desplazamientos forzados, torturas y otros similares ejecutados desde estructuras de poder organizadas dentro del Estado o amparadas por éste, con una finalidad específica de persecución o represión sistemática y generalizada contra unos determinados colectivos sociales en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión”.
El PP equipara a víctimas con verdugos
El PP, por su parte, ha mantenido hasta el final del debate la incertidumbre en torno a su previsible apoyo a la supresión de la ley. La diputada María Salomé Cabrera se ha alineado con el discurso ultra de Vox: “El problema no es reconocer a las víctimas, sino no reconocerlas a todas por igual”, ha deslizado, equiparando una vez más a víctimas con verdugos. “Desde el Grupo Popular creemos en una memoria como un recuerdo que dignifique a todas las víctimas y que promueva la convivencia, evite la confrontación partidista y vele por que los errores cometidos no vuelvan a repetirse”, ha manifestado, esgrimiendo las mismas palabras que ya utilizó la diputada Cristina Gil en un anterior debate sobre la supresión de la norma.
Los conservadores han hecho suyos los argumentos de Vox según los cuales las normativas de memoria histórica han sido utilizadas “para dividir con intenciones políticas”. “La guerra civil fue un fracaso colectivo del que debemos aprender para que no vuelva a repetirse”, ha abundado Cabrera.
A las puertas del Parlament, medio centenar de personas se han concentrado este martes para protestar contra la futura derogación del texto, acusando a los populares de “jugar con un intercambio de cromos con los derechos que se sustentan en esta ley”. Los manifestantes han rechazado acceder al hemiciclo para evitar escuchar “barbaridades” que para ellos son “muy dolorosas”.
Entre otros hitos, la ley de memoria, aprobada en 2018 -durante la primera legislatura del pacto de izquierdas liderado por la socialista Francina Armengol-, ha permitido a las instituciones públicas investigar y esclarecer los hechos relacionados con las violaciones de los derechos durante la Guerra Civil y la dictadura, así como delimitar la consideración de víctimas -organizaciones sociales, profesionales o culturales, partidos políticos, sindicatos, logias masónicas, movimientos feministas o LGTBI, víctimas de bombardeos, bebés robados, etc.- con el objetivo de identificarlas a través de un Censo de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura franquista. Bajo el amparo de esta normativa también se ha declarado la nulidad de pleno derecho de todas las sentencias y resoluciones de las causas penales, civiles y administrativas dictadas por razones políticas en las islas.
La supresión de la norma fue incluida en el pacto alcanzado al inicio del actual mandato por PP y Vox, compuesto por hasta 110 medidas. A cambio de aceptar la eliminación de esta norma, la extrema derecha se comprometió a abstenerse en la investidura de Prohens como presidenta del Govern, como así acabó ocurriendo.
En este contexto, como han recordado la izquierda durante el pleno de este martes, el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), se encuentra pendiente de sentarse en el banquillo de los acusados para ser juzgado por un delito de odio por romper, el 18 de junio del año pasado, una fotografía de tres víctimas del franquismo en uno de los debates llevados a cabo en torno a la derogación de la norma, unos hechos que provocaron una oleada de indignación dentro y fuera del archipiélago, con peticiones de dimisión que Le Senne nunca ha atendido. El Govern de Marga Prohens tampoco le ha forzado a abandonar el cargo.
En concreto, los querellantes y las acusaciones populares personados en la causa -los descendientes de las republicanas asesinadas, Memòria de Mallorca, el colectivo Estimada Aurora (que engloba a unos 50 ciudadanos), el Partido Comunista (PCE) y el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE)- reclaman para él desde un año y cuatro meses hasta cuatro años de cárcel, así como hasta 11 años de inhabilitación. La Fiscalía y el propio inculpado, por su parte, piden el archivo de la causa al alegar que actuó en el ejercicio de sus funciones para preservar la neutralidad institucional y el pluralismo político.