PP y Vox reactivan el tiro al pichón en Balears mediante la reforma encubierta de la ley animalista
PP y Vox han sellado un acuerdo que incorpora la eliminación de una de las prohibiciones expresas que el Ejecutivo de Francina Armengol introdujo en 2017 en la ley balear de protección animal: la que veta la celebración de competiciones de tiro al pichón y codorniz, una práctica consistente en lanzar aves vivas para ser abatidas en competiciones.
La medida, sin embargo, no será materializada mediante la modificación específica de la legislación animalista, sino mediante una disposición final que prevén añadir al proyecto de ley autonómica de aceleración de proyectos estratégicos, una norma concebida para agilizar inversiones pero que PP y Vox han convertido en cajón de sastre para modificar buena parte del ordenamiento autonómico balear. Las correcciones están provocando la reforma encubierta, como denuncian desde la oposición, de más de 50 leyes autonómicas.
La acumulación de medidas heterogéneas en una ley de carácter económico ha despertado las críticas de los grupos de izquierdas sobre el uso de este tipo de normas 'ómnibus' para introducir reformas de calado sin un debate específico. Junto a la reforma de la ley animalista, el último pacto alcanzado en ponencia por conservadores y extrema derecha incluye la autorización de pistolas táser para policías locales, la exención del catalán para alumnos desplazados temporalmente y la flexibilización del requisito lingüístico en plazas docentes de difícil cobertura.
En el caso de la normativa de protección animal, el acuerdo contempla suprimir la letra d) del artículo 4 que el Govern de Armengol introdujo “con carácter específico” en su reforma de la ley autonómica de 1992. Junto a las competiciones de tiro al pichón y a la codorniz en sus distintas modalidades -a brazo o palomero, a brazo mecánico o tubo y a jaula-, la norma prohíbe los circos con animales, los espectáculos que impliquen tortura, maltrato o sufrimiento, las peleas de animales y la filmación de escenas con crueldad animal.
El veto de las prácticas de tiro provocó el inmediato rechazo de las federaciones de caza y tiro y parte del sector trasladó pruebas y campeonatos fuera de las islas para poder seguir celebrándolos sin infringir la normativa autonómica.
Entre quienes se mostraron más beligerantes contra aquella prohibición figuró el entonces presidente de la Federación Balear de Caza, Pedro Bestard, en la actualidad dirigente de Vox y vicepresidente del Consell de Mallorca. Bestard denunció que el veto suponía un “ataque al mundo rural y cinegético” y proclamó que los cazadores son “los primeros ecologistas, amantes de la naturaleza y de los animales”, al tiempo que reprochó a las fuerzas progresistas “hablar de maltrato cuando se refieren a prácticas propias del mundo rural que vienen de muy lejos y que forman parte de la cultura”.
El paquete de enmiendas pactadas por PP y Vox incluye también otras medidas de alto contenido político. Por un lado, se autoriza a los ayuntamientos a dotar a la policía local de dispositivos eléctricos de control -los conocidos táseres- y, por otro, se introducen cambios en el sistema educativo: los alumnos desplazados temporalmente, como hijos de militares o trabajadores trasladados, quedarán exentos de la evaluación de catalán, y se flexibiliza el requisito lingüístico para cubrir plazas docentes de difícil acceso.
En un comunicado difundido este miércoles, Vox reivindica el acuerdo como una demostración de su capacidad de influencia: “Cuatro victorias reales para los ciudadanos”, recalca su portavoz parlamentaria, Manuela Cañadas. El proyecto de ley de proyectos estratégicos encara ahora su tramo final de tramitación y deberá ser aprobado en el pleno del Parlament. De confirmarse los distintos acuerdos alcanzados por ambos socios de investidura, Balears no solo avanzará en la agilización de proyectos estratégicos, sino que también, como advierten desde la oposición, dará marcha atrás en algunas de las políticas vigentes en los últimos años.