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ENTREVISTA

Caterina Canyelles, antropóloga: “Los agresores no son enfermos, sino una parte sana de una sociedad machista”

Caterina Canyelles, autora de 'Machismo y cultura jurídica'

Esther Ballesteros / Joe Curtin

Mallorca —
1 de junio de 2024 06:00 h

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“Aún sigue latente este sustrato de ideas machistas que hacen que, ante las violencias, se continúe culpabilizando a las mujeres, como cuando se les dice: 'Qué habrás hecho para que te hayan agredido”. Caterina Canyelles (Sa Pobla, Mallorca, 1982) es doctora en Antropología Social y Cultural por la Universitat de Barcelona y, desde hace varios años, investiga la relación entre la violencia, el acceso a la justicia y los derechos humanos desde una perspectiva feminista. Recientemente publicó 'Machismo y cultura jurídica' (Virus editorial), una obra que ya vio la luz en catalán de la mano de la editorial Lleonard Muntaner. En su libro, Canyelles disecciona la deficiente cobertura legal de las mujeres, desentraña el funcionamiento de la maquinaria judicial y aborda los valores sociales interiorizados por los operadores jurídicos, que, sostiene, se están constituyendo como “otra forma de violencia y revictimización” que ha acabado por “lastrar el potencial de buena parte de los avances en materia legislativa”.

En una entrevista concedida a elDiario.es, la autora reflexiona, entre muchos otros aspectos, sobre la 'ley del sólo sí es sí', foco de “una de las reacciones políticas y sociales más virulentas de los últimos tiempos” a pesar de los avances que supuso; profundiza sobre la existencia de “una connivencia social y un sistema patriarcal que promueve y permite esta violencia”, y llama la atención sobre el hecho de que la mayoría de las políticas desarrolladas durante las últimas décadas hayan quedado en una “respuesta estética” ante la falta de presupuestos y recursos.

Comienza su libro señalando que el mensaje “engañoso” que ha calado de la Ley de garantía integral de la libertad sexual, más conocida como Ley del solo sí es sí, es el de una normativa deficiente que desprotege a las mujeres y excarcela a los hombres, un discurso agitado, además, por la derecha y la extrema derecha. ¿Qué ha fallado?

Lo que ha pasado con esta ley es que tuvo una de las reacciones políticas y sociales más virulentas de los últimos tiempos. Fue devastada mediática y socialmente de tal manera que se generó un importante rechazo social que provocó su contrarreforma. A partir de consignas que apelaban al miedo y a la inseguridad, el inmenso ruido enfocado en la revisión de las condenas ensombreció la integralidad de la normativa. La Ley 10/2022, con sus carencias, adopta diversas líneas de actuación como son la creación de los centros de crisis, la prevención en los ámbitos sanitario, educativo, laboral o publicitario, o la detección, sensibilización y capacitación de los sectores profesionales que trabajan con las víctimas, entre otras.

No obstante, la mayor parte de las medidas desplegadas quedaron ocultas por una oleada de punitivismo que tuvo en cuenta solo el ámbito penal de la ley, tergiversando, además, este aspecto. La virulencia del populismo punitivo de las derechas, amplificado gracias en buena medida a que los medios de comunicación adoptaron un discurso punitivista, provocó confusión social y, consecuencia de ello, caló el mensaje de que se trataba de una ley deficiente que desprotege a las mujeres y excarcela a los agresores. Centrarse en las revisiones de penas fue una trampa, se cayó en ese marco mental de que más pena significa más protección, lo que provocó que ese ruido eclipsara las reivindicaciones que originaron la normativa. 

Lo que ha pasado con la 'ley del sólo sí es sí' es que sufrió una de las reacciones políticas y sociales más virulentas de los últimos tiempos. Fue devastada mediática y socialmente y, a partir de consignas que apelaban al miedo y a la inseguridad, el inmenso ruido enfocado en la revisión de las condenas ensombreció la integralidad de la normativa

Caterina Canyelles Antropóloga social y cultural

La transformación cultural que implica incorporar socialmente los valores feministas no se realiza rápidamente, ya que el proceso cognitivo de franquear los estereotipos producidos por el discurso machista que tenemos asimilado necesita tiempo. En cambio, el discurso populista, el miedo y la inseguridad son atajos a la involución en derechos. Es importante identificar la dialéctica que se establece de manera sistemática en los momentos en que se ganan cuotas importantes de libertad y de derechos, para que el alud reaccionario no nos atrape. 

Habla en su libro del legado de las políticas franquistas en cuanto a la impunidad de los agresores y el abandono estatal de esta problemática, ¿hasta qué punto hoy en día continúa vivo ese legado?

No se trata sólo del legado que las leyes franquistas suponen, aunque estén derogadas. También tienen vigencia los valores que las fundamentaban. El feminismo, en este sentido, ha identificado las violencias y les ha puesto nombre, desarrollando a su vez estrategias para combatirlas. Pero, pese a ello, aún sigue latente este sustrato de ideas machistas que hacen que, ante las violencias, se continúe culpabilizando a las mujeres, como cuando se les dice: “Qué habrás hecho para que te hayan agredido”. Nos han educado con este sustrato y, por mucho que haya todo un aprendizaje, una sensibilización feminista, una deconstrucción, todos estos aspectos marcan nuestra manera de identificar y de combatir o no las violencias. Por tanto, creo que son unas ideas que aún están muy vigentes. Y, precisamente por este avance feminista a la hora de identificar la violencia y de elaborar estrategias para combatirlas se ha producido la reacción de la que hablaba antes, una reacción que ha vuelto a extender estas ideas machistas, que pueden detectarse en nuestros jóvenes de forma muy reavivada.

¿Qué fue lo que le ayudó a identificar este juego de 'avance-reacción' que comenta?

Identifiqué esta dinámica en una etnografía que realizé en cárceles del Perú, donde estuve realizando una investigación en torno a mujeres presas sentenciadas por terrorismo de los grupos armados Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Allí realicé un trabajo de campo en las prisiones y recababa historias de vida de militantes y combatientes de estas dos guerillas. Y una de las cosas que pude observar es que la reacción social y mediática contra las mujeres que se incorporaron  a estas guerrillas era mucho más denigrante que la que se proporcionó a sus compañeros. Se daba una mayor estigmatización porque a la transgresión del orden legal por el hecho de levantarse en armas, se sumaba la transgresión del orden de género, ya que se asocia a las mujeres con dar vida, y no con dar muerte. Fue una reacción que no solo implicó una violencia simbólica de estigmatización, sino que incluso se materializó con condenas más largas respeto a sus camaradas. Fue muy interesante identificar cómo se desarrolla esta reacción, un mecanismo de defensa del orden patriarcal para reordenar la transgresión de género de las mujeres guerrilleras, de la misma manera que se produce la vulneración de derechos a las víctimas de violencias machistas como respuesta a transgredir el rol de víctima tal y como se entiende social y judicialmente en nuestra sociedad.

El sociólogo Johan Galtung habla del triángulo entre la violencia directa, estructural y cultural, ¿de qué forma operan o se legitiman unas a otras? 

La violencia directa es aquella que identificamos socialmente, como una lesión física o una guerra. Pero estas violencias directas se sustentan en una violencia estructural y se reproducen gracias a una violencia cultural. Por ejemplo, se entiende socialmente que no existe violencia cuando no hay guerra, pero hay una violencia estructural reproductora de pobreza, de racismo, de tantísimas opresiones que están operativas en nuestra sociedad. No son hechos aislados ni individuales, sino que se insertan en un contexto social, cultural y simbólico que reafirma y legitima la violencia machista. No son actos individuales perpetrados por personas con rasgos singulares o patológicos, sino que responden a las características estructurales de la sociedad. La violencia cultural es aquella que permite que esa violencia estructural se reproduzca, la esfera simbólica materializada en la religión, la ideología, las ciencias, la lengua... Por tanto, hay que tener en cuenta la violencia estructural y la cultural y no sólo la directa. Hay que asumir que, más allá de la violencia directa, hay toda una serie de opresiones y desigualdades que están ahí de forma permanente y que son también violencia.

El asesinato de Ana Orantes en 1997 marcó un antes y un después en la forma de reconocer la violencia en la pareja, que desde ese momento trascendió del ámbito privado al social y llevó a la aprobación, por parte del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. ¿Qué supuso esta normativa?

A nivel legislativo, es muy importante esta normativa puesto que lo que hasta entonces se había considerado una cuestión privada se visibilizó como problema social, lo que implica un mayor conocimiento del problema y permite analizar sus causas y proponer actuaciones para combatirlo. Utilizando el concepto de violencia de género, la ley da un giro en la interpretación de este fenómeno, ya que comienza a diferenciarlo de otros tipos de violencia cercana, como la doméstica y familiar, y apunta a la desigualdad estructural como causa. Y esto es interesante porque se empieza a apuntar al machismo como lo que hay detrás de este tipo de violencias, destacando la importancia de los roles y las relaciones de poder sistematizados. Lo dice la exposición de motivos: “La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión”. No sólo eso. La ley también contempla actuaciones en el ámbito de la educación y la prevención y muchísimas otras medidas más allá de la parte jurídico penal. Su aprobación, como la 'ley del sólo sí es sí', también generó numerosas reacciones y la interposición de muchísimos recursos que ponían en entredicho su constitucionalidad.

La aprobación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Géneros es muy importante puesto que lo que hasta entonces se había considerado una cuestión privada se trasladó al ámbito público con la categoría de problema social, lo que implica un mayor conocimiento del problema y permite analizar sus causas y proponer actuaciones para combatirla

Caterina Canyelles Antropóloga social y cultural

Comenta en su libro que la mayoría de las políticas desarrolladas durante las últimas décadas han quedado en una “respuesta estética” ante la falta de presupuestos y recursos. ¿De qué forma cabría mejorarlas?

Esto es precisamente lo que ha sucedido con la Ley 1/2004. Se llevó a cabo todo un diseño de políticas que iban mucho más allá del ámbito jurídico penal pero quedaron enjutas de financiación. No se les ha dotado de los presupuestos y los recursos necesarios para desplegarlas de forma adecuada. Otra cosa a tener en cuenta de las legislaciones es que, una vez se tienen las normas escritas, para que se apliquen de forma correcta deben darse los conocimientos de saber interpretar los hechos denunciados tal como los expone la ley, es decir, saber identificar la violencia machista. Esta ley podría suponer un avance en la identificación de la violencia, sus causas sociales, culturales y estructurales, pero su aplicación se centra únicamente en la creación de los juzgados de violencia de género y se deja sin financiación los demás ámbitos. Incluso la aplicación de la ley no se está dotando de una formación a la hora de identificar estos hechos delictivos. Las leyes pueden quedar en papel mojado si su aplicación no es la correcta.

¿Es paternalista el sistema judicial respecto a las mujeres víctimas de violencia machista? ¿Las infantiliza?

Creo que es muy importante tener en cuenta que el sistema penal no funciona como respuesta a un problema social y cultural. El sistema penal se centra en el castigo, no en la reparación de las personas que han vivido una violencia y tampoco en la transformación de los agresores. Además, no interviene en las causas que han originado esa violencia. Por otro lado, el sistema penal monopoliza la respuesta a la violencia machista, desarticulándonos y impidiendo hacer frente de manera comunitaria a las violencias. La respuesta jurídica de nuestra sociedad individualiza el problema, ya que se castiga al autor y no se responsabiliza a la sociedad ni a las instituciones. No sólo eso. Una persona que pasa por un proceso judicial, sea imputada o sea víctima, desde el momento en que pone una denuncia, el engranaje del sistema puede seguir rodando independientemente de su voluntad. Y esto es paternalismo. En un momento dado, el procedimiento judicial puede continuar de oficio a pesar de que la víctima renuncie a las acciones penales. Y esta infantilización del Estado promueve su vulnerabilidad. El sistema penal no va caso por caso y eso hace que los tribunales puedan vulnerar los derechos de las víctimas.

La jurista y criminóloga Lorena Antón señala, de hecho, las consecuencias negativas que puede acarrear una excesiva intervención del sistema penal en la vida de las mujeres...

La expresión jurídica de una sociedad refleja la lógica de la cultura y la sociedad en la que convive, es su producto. Por lo tanto, si vivimos en una sociedad individualista, con una tendencia neoliberal y con las desigualdades a la orden del día como el machismo, el clasismo, el capacitismo o el racismo, el ordenamiento jurídico reflejará y tendrá como objetivo mantener y reproducir precisamente este orden.

La antropología jurídica nos muestra cómo, más allá de nuestra sociedad y de nuestro ordenamiento jurídico, en otras sociedades dónde pervive el compromiso moral y prima la solidaridad colectiva, el sujeto de derecho es colectivo y la persona ofendida (víctima) tiene un rol activo, agencia en su propio proceso jurídico, y tiene solidaridad social. Además, son sistemas de justicia más jurisprudenciales que legislativos, lo que permite tener en cuenta el contexto de cada situación e ir caso por caso. En cambio, en nuestra sociedad tenemos un sistema más legislativo que genera una justicia industrial. Es muy interesante comprobar cómo los ordenamientos jurídicos acaban siendo producto de la idiosincrasia de las sociedades. El ordenamiento jurídico de una sociedad refleja  sus valores. Es el momento de empezar a pensar otras maneras de afrontar estas situaciones de manera comunitaria y de forma alternativa al sistema jurídico. Tenemos que ir mucho más allá del sistema penal.

El ordenamiento jurídico de una sociedad refleja sus valores. Es el momento de empezar a pensar otras maneras de afrontar estas situaciones de manera comunitaria y de forma alternativa al sistema jurídico. Tenemos que ir mucho más allá del sistema penal

Caterina Canyelles Antropóloga social y cultural

En 2012, la entonces ministra de Sanidad, Ana Mato (PP), afirmaba que no se puede ayudar a las mujeres si previamente no han denunciado, a pesar de que, diez años antes, el Consejo de Europa ya apuntaba que la atención a las mujeres víctimas de violencia no podía depender de que se hubiera presentado o no denuncia previa. ¿Considera que es necesaria esa denuncia?

Durante mucho tiempo, la denuncia fue la clave para poder acceder a derechos laborales, a las prestaciones de la Seguridad Social o a la obtención de ayudas económicas. No se tenían en cuenta otros posibles caminos, como los informes de servicios sociales o de atención primaria, como fuentes solventes para acreditar la situación de violencia. Además, los casos judicializados representan sólo una parte de la violencia de género, mientras otra gran parte continúa oculta y nunca llega a tener protección institucional. Por eso, en 2018, se aprobó el decreto ley de medidas urgentes para el desarrollo del pacto de Estado contra la violencia de género, que permite acreditar la condición de víctima en casos en los que no se haya puesto denuncia o no exista un procedimiento judicial abierto.

Hay profesionales de la justicia que ven sospechoso que una mujer tarde en denunciar y que esto podría llevar a pensar que la denuncia se ha realizado instrumentalmente para lograr la custodia de los hijos o por venganza, como en el caso de Juana Rivas, e incluso se llega a hablar de “víctimas reales” o “verdaderas víctimas”. ¿Hasta qué punto se cuestiona a las mujeres?

El cuestionamiento de credibilidad de las mujeres se deriva de la reproducción de mitos que se ponen en marcha al no entender cómo opera la violencia machista. Por otro lado, la categoría de víctima instalada en el imaginario social  y en el ámbito judicial hace referencia a aquella mujer pasiva o sometida que no ha denunciado, que sigue el itinerario judicial tal como se supone, sin agencia ni autodeterminación. Me parece interesante tener en cuenta que este estereotipo de víctima, en la realidad, excluye la mayoría de experiencias que te puedas encontrar en un juzgado. Toda esta diversidad de experiencias son ininteligibles porque precisamente quedan excluidas de la víctima perfecta que suponemos.

Es muy importante tener en cuenta cómo operan los estereotipos y los sesgos de percepción y memoria que se generan. Ante unos hechos denunciados, si tenemos almacenado ese estereotipo de víctima en nuestra mente en una sociedad poco autocrítica como la nuestra, tenderemos a economizar el esfuerzo y a mantener y reproducir aquellas ideas que ya tenemos almacenadas. Es algo que se reproduce, por ejemplo, con el mito de denuncias falsas, cuando decimos que otras culturas son más machistas que la nuestra, cuando se identifica la violencia únicamente con la violencia letal o grave y se normalice el resto de violencias, cuando alguien simpatiza con los agresores, o cuando se vincula al agresor con el alcoholismo o con una situación económica precaria.

En muchas ocasiones, los medios de comunicación reproducen declaraciones de personas próximas a los presuntos agresores que manifiestan sorpresa por sus actos porque eran “buenas personas, educados, serviciales”... ¿Hay que cambiar esta forma de desvincularlos con el hecho de que sean afables o lleven una vida 'normal'?

Me parece algo muy gráfico porque tenemos un estereotipo de potencial agresor asociado a monstruos o a personas muy relacionadas con el mal. Y es importante que veamos que las personas que agreden lo hacen porque pueden, porque hay una connivencia social, un sistema patriarcal que promueve y permite esta violencia. Los agresores no son una parte enferma de la sociedad, sino una parte sana de una sociedad machista y patriarcal. La gente, ante una situación cotidiana como el hecho de que un hombre tenga hijos y los quiera, tiende a ver esto como incompatible con el hecho de que pueda ser un agresor o un asesino. Y diciendo “era bueno” o “era educado” se está humanizando al agresor y es importante no establecer tipologías. Una abogada me dijo una vez que el enemigo es más fácil de señalar cuando no lo identificas como parte de tu grupo de iguales, y esto me recuerda al análisis que hizo Hannah Arendt del Holocausto: cómo las culpabilidades se disuelven en grupo. También me recuerda a las reflexiones que realiza Zygmunt Bauman en Modernidad y Holocausto cuando apunta precisamente hacia esta destreza social para la autoexculpación que se oculta tras la maniobra de categorizar a las personas que habían cometido los asesinatos durante el Holocausto nazi como parte enferma de la sociedad. Es decir, eran la excepción, se convertían en lo 'otro', en lugar de identificarse como producto de la propia sociedad.

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