Según la Fiscalía, los acusados se concertaron para destinar fondos públicos a trabajos que, en realidad, no suponían utilidad alguna en favor de la Administración. Se trata de la postura que manejan el Ministerio Público y la Abogacía autonómica en uno de los juicios que quedan pendientes por celebrar en Balears por supuestos delitos contra la Administración cometidos en pasadas legislaturas: el del caso Multimedia, que a partir del 14 de octubre de 2024 sentará en el banquillo al exsenador socialista Antoni Manchado y a otros diez procesados bajo penas globales que suman más de cien años de cárcel.
Este jueves, la Audiencia Provincial de Balears ha acogido la audiencia previa por estos hechos y ha fijado el calendario de la vista oral. No será hasta el próximo año cuando los acusados sean juzgados por la Sección Segunda del órgano judicial: en concreto, los inculpados serán juzgados los días 15, 16 y 17 de octubre, del 21 al 24 y del 28 al 31 del mismo mes y del 4 al 7 de noviembre.
Sobre los acusados, quienes niegan los hechos que se les imputan, pesan varios delitos de prevaricación, fraude a la Administración, tráfico de influencias, malversación y falsedad en documento oficial, mercantil y público por los que reclaman 17 años de prisión para los principales acusados: Manchado, el exlíder socialista en Calvià Francisco Cano y Miquel Oliver, antiguo administrador de la productora Vídeo U, una de las mercantiles que, en la legislatura anterior, se había convertido en una de las empresas favorecidas de forma ilegal por la desaparecida Unió Mallorquina (UM) cuando este partido, con Maria Antònia Munar al frente, gobernaba el Consell de Mallorca.
En concreto, la Sociedad Multimedia de Balears se constituyó como sociedad mercantil pública el 27 de enero de 2006, con capital suscrito y desembolsado íntegramente por la Comunidad Autónoma, su socio único. La sociedad fue adscrita a la Conselleria de Presidencia, que en febrero de 2008, durante el primer pacte de progrés formado en Balears, nombró consejeros de la empresa a Manchado, entonces director general de Tecnología y Comunicación, y a José Antonio Santos, exdirector general de Coordinación Departamental.
Como señala el Ministerio Público en su escrito de calificación, varios de los acusados, mediante el fraccionamiento deliberado de contratos, eludieron el procedimiento que debía seguirse para garantizar la concurrencia y la igualdad de trato de todos los potenciales licitadores, dado que, supuestamente, se excluyeron eventuales competidores para la contratación y, en otras ocasiones, resultaron beneficiados amigos y personas próximas al entorno de los dirigentes de Multimedia.
La mecánica para enriquecerse injustamente consistía, según el fiscal, en sustraer a la Administración recursos materiales presentando facturas con datos falsos que después eran certificados por los funcionarios correspondientes. Dichas certificaciones contenían resoluciones administrativas que permitían el pago “injusto” por unos trabajos que no representaban ninguna utilidad a la Administración o bien eran una copia de informes anteriores o que habían sido obtenidos directamente de páginas de Internet, facturándose trabajos no realizados o por horas de dedicación no existentes.
En total, el Ministerio Público hace referencia a más de una decena de contratos presuntamente ilícitos dentro de las dos áreas creadas bajo la dirección de dos de los acusados. Entre ellos, varios adjudicados a Vídeo U, que, para un encargo de asesoramiento en nuevas tecnologías, contrató a su vez “a un amigo” por elaborar informes mensuales de una página cada uno, por 5.800 euros, en el que se numeraban las gestiones que se iban llevando a cabo.
Los acusados niegan haber cometido delito
Hasta el momento, los acusados han negado que incurrieran en delito alguno o que se produjeran anomalías en los expedientes y han defendido la necesidad de tales contratos, además de señalar que las empresas a las que les fueron adjudicados estaban cualificadas para los cometidos que les fueron encargados.
Cabe recordar que la causa fue abierta en 2014 en virtud de una denuncia del Ministerio Público por presuntos delitos de malversación y fraude, entre otros, que se habrían cometido a través de la empresa dependiente de la Conselleria de Presidencia. Para cuatro acusados, el fiscal pide 17 años de cárcel, 207.200 euros de multa e inhabilitación durante 32 años a cada uno. Asimismo, para tres de ellos pide 12 años de cárcel, diez años de inhabilitación absoluta, otros cinco de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas, y 3.600 euros de multa. Por otro lado, para otros dos procesados solicita 14 años de cárcel, diez de inhabilitación absoluta, cinco de inhabilitación para obtener subvenciones y el pago de 203.600 euros. Para otros dos, reclama penas que suman 12 años de cárcel -para cada uno-, diez de inhabilitación absoluta, cinco de inhabilitación para obtener subvenciones y el pago de 3.600 euros de multa.
Por otro lado, en concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía reclama que los acusados indemnicen a la Comunidad Autónoma en la cantidad total de 814.314 euros.
Cabe recordar que el nombre de Vídeo U ya apareció en una de las numerosas causas abiertas en su día contra la extinta Unió Mallorquina. Fue, de hecho, el caso de corrupción que precipitó el adiós político de Munar. El 26 de febrero de 2010, el que fuese 'delfín' de la histórica dirigente, Miquel Nadal, confesó que aquélla le había entregado en su coche oficial 300.000 euros en metálico para comprar la mitad de Vídeo U, que ambos controlaban en la sombra, a través de testaferros, mientras la regaban con fondos del Consell. Ese mismo día, la conocida como sa Princesa de Mallorca, que hasta entonces había manejado los hilos de las principales instituciones de Balears, anunciaba su dimisión como presidenta del Parlament y el abandono de la vida política.