El plan de instalar un chiringuito cerca de un acantilado y en una zona natural protegida indigna a los vecinos de Ibiza
Un establecimiento cerrado de 19,2 metros cuadrados acompañado de una tarima de madera de 50 metros, además de baños químicos, depósitos de agua, sombrillas, mesas y sillas. Es lo que una empresa proyecta en el enclave en un área especialmente sensible de Eivissa ante la indignación de vecinos y ecologistas que han coincidido en que sería una “locura” poner un quiosco allí.
La posibilidad de la construcción, que abarcaría una superficie de unos 70 metros cuadrados, ha generado revuelo en un momento en el que las autoridades baleares e incluso el Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB), a través de recientes resoluciones, abogan por aligerar la costa, muy saturada ya de este tipo de servicios temporales.
Se trata de un área de piscinas de marès (una roca propia de las Islas) y con riesgos para la población en caso de masificación, ya que se trata de una zona acantilada y donde no hay otros servicios destinados al turismo. “Es en un lugar que tiene sus riesgos para la ciudadanía porque está muy cerca de un precipicio y muy pegada a la pared de sa Pedrera –área rocosa natural–, no tiene sentido arriesgarse a que se pueda dar una acumulación de gente allí”, valora Neus Prats, portavoz del GEN–GOB.
La zona está categorizada como Área Natural de Especial Interés (ANEI), es decir, está clasificada como suelo no urbanizable de especial protección en el que no se permiten usos ni actividades que impliquen transformación de su distinto o naturaleza o que lesionen sus valores ecológicos o paisajísticos. También está dentro del dominio público marítimo–terrestre.
La iniciativa de solicitar esta autorización al Govern balear parte de la empresa Salt Bay S.L. La sociedad limitada –que figura como activa en el Registro Mercantil de Eivissa y se constituyó con un capital social de 3.000 euros–, se creó en abril de 2023 y tiene sede social en Sant Antoni, según la información mercantil consultada por este diario. Su actividad económica está vinculada formalmente al alquiler de artículos acuáticos de ocio y deportivos, dentro del sector de servicios recreativos. La petición forma parte de un expediente abierto para el periodo 2024–2027.
Alegaciones por parte de los ecologistas
El GEN–GOB de Eivissa ya ha presentado alegaciones para impedir la instalación ante la Dirección General de Costas y Litoral dentro del periodo de veinte días hábiles habilitado. Los ecologistas reclaman la denegación de la autorización solicitada en un escrito, al que ha accedido elDiario.es, en el que argumentan que la propuesta incrementaría todavía más la presión sobre el litoral balear en un contexto que ya consideran de “saturación” de servicios e instalaciones de temporada.
Las entidades críticas con el proyecto consideran que nuevas concesiones de este tipo afectan negativamente a la conservación de la costa, aumentan la presión humana sobre los ecosistemas y reducen el disfrute colectivo de estos espacios naturales. También vinculan la proliferación de negocios de restauración y ocio con el problema de acceso a la vivienda en Eivissa, al considerar que la elevada demanda de mano de obra ligada a la temporada turística agrava la presión sobre el mercado residencial.
Recuerdan, además, que recientemente se ordenó el cierre de otro establecimiento situado en una zona próxima del mismo municipio y que la instalación planteada “no responde a una necesidad real”, va “en contra del interés general” y perjudica tanto la conservación del litoral como la calidad turística de la isla, por lo que solicitan formalmente que se rechace la concesión. Este diario se ha puesto en contacto tanto con el propietario de la empresa como con Costas para consultar el estado de la petición sin obtener respuesta antes de que se publique este reportaje.
Un contexto general de descontento
La petición se produce en un contexto de descontento general de los agentes sociales y la población de la isla por el proyecto de ampliación del aeropuerto de Eivissa, que supondría un grave impacto medioambiental y contra el que se han alzado también empresarios e instituciones. El agrandamiento de la terminal, ubicada en el interior del Parque Natural de ses Salines, choca con la necesidad de frenar la saturación turística que hay en la pitiusa. De hecho, el GEN–GOB presentará acciones legales y ejecutará medidas de presión social si el proyecto de AENA sigue adelante, según un comunicado que ha hecho en redes sociales.
También después de que la Justicia avalara hace menos de un mes que es Puetó, uno de los chiringuitos más emblemáticos de Eivissa y uno de los pocos que queda con precios asequibles cerca de la playa –en es Puet, término municipal de Sant Antoni, limítrofe con Sant Josep–, tenga que echar el cierre, como publicó Diario de Ibiza.
La resolución del TSJIB confirma la decisión de Costas de prohibir que el negocio siga operando y rechaza el recurso presentado por los explotadores. La prohibición está justificada por la “saturación de servicios de temporada en el litoral balear y la necesidad de retirar las obras fijas que ocupan la playa”, según la sentencia judicial del caso a la que ha accedido elDiario.es.
El Ayuntamiento de Sant Josep ha explicado que en noviembre de 2023, el Govern solicitó valoración a la institución, que hizo un informe desfavorable respecto a la instalación del quiosco desde el departamento de Medio Ambiente. Una iniciativa privada que por otro lado está al margen del proyecto de instalaciones temporales dentro de las competencias municipales.
El posicionamiento del Ayuntamiento –detallan– responde a “criterios de protección del entorno” por tratarse de una zona protegida como ANEI, “de acantilados, aislada y sin otros tipos de ocupación para usos turísticos”. Sin embargo, será el Govern –con potestad para decidir– quien dé una respuesta definitiva una vez finalizado el plazo de alegaciones el próximo 8 de junio.
El término municipal más extenso en litoral
El municipio donde pretende instalarse el polémico quiosco es Sant Josep, el más costero de toda la isla y también donde los precios a pie de playa, dentro del Dominio Público Marítimo–Terrestre, se han disparado a través de concesiones públicas otorgadas principalmente a beach clubs con precios inasumibles. Algunas de las cartas de las concesionarias ofrecían, la temporada turística pasada, bandejas de sushi por casi 200 euros y otros platos inalcanzables para la mayoría de los bolsillos, como publicó este diario.
En este mismo término municipal, el pasado verano, los vecinos proclamaban que la “playa era un espacio público” después de que varias villas cuyo alquiler está destinado a turistas y otros negocios de la costa plagaran con sombrillas y tumbonas estos espacios naturales. Entre ellos, una recóndita playa, de diminutas dimensiones, bautizada como Cala Espart, pero también Cala Molí, otro paraje de còdols (un fragmento de roca) y aguas cristalinas que invitan a hacer snorkel entre posidonia oceánica. Si se levanta la vista, eso sí, tan solo se ven edificaciones que serpentean montaña arriba, no pocas, de lujo.
Naor Shaharabani, guía de senderismo y educador ambiental, ha sido testigo esta misma semana de cómo otra Pedrera, la de Cala d’Hort –en el mismo municipio–, bastante más masificada durante el verano, se ha ido saturado de empresas oficiales de senderismo que bajaban con grupos “enormes” de visitantes. Esto a pocas semanas del estreno oficial de la temporada turística.
En este punto de máximo interés turístico, especialmente al atardecer, cuando la postal junto a es Vedrà es una storie fundamental de las vacaciones, se lleva años intentando regular el acceso. El Consistorio está trabajando en la gestión y habilitación de terrenos para disponer de un aparcamiento público cerca del área para controlar el caos que se genera año tras año. “La isla ya tiene demasiados chiringuitos y suficientes áreas con necesidad de protección. El deber de la administración pública es justamente el contrario: centrarse en preservar la seguridad y reforzar el control medioambiental”, objeta Shaharabani.